Bruselas investiga a España por ayuda ilegal en el crédito para las obras de la America's Cup

VALÈNCIA. Más problemas para el Consorcio València 2007. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación a España para determinar si el préstamo que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió a este organismo con el aval del Ministerio de Hacienda para pagar las obras de la America’s Cup constituyen una ayuda de Estado ilegal.

La Dirección General de la Competencia de la Comisión considera que el Consorcio, el ente público creado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València que actualmente explota la Marina de València en busca de ingresos que le permitan devolver el crédito, desarrolla una "actividad comercial" supeditada a las normas sobre ayudas estatales.

Por ese motivo, reclama que se le remita abundante documentación sobre varios asuntos como la situación financiera del Consorcio, cuya deuda supera los 426 millones de euros, el detalle de las obras que se pagaron con el préstamo o los servicios que actualmente presta al mercado, entre otros temas.

La investigación se inició a principios de 2017 tras una denuncia ante las autoridades de la competencia comunitarias de competidores de la Marina de València en la comercialización de amarres. Desde entonces, las tres administraciones coinvestigadas han atendido diversas peticiones de información de la Comisión Europea, pero la Dirección General de la Competencia considera "insuficientes" las explicaciones recibidas hasta ahora.

LA INVESTIGACIÓN AL CONSORCIO, PARTICIPADO POR ESTADO, GENERALITAT Y AYUNTAMIENTO, SE INICIÓ A PRINCIPIOS DE 2017

En la última carta de este organismo ha dirigido a las autoridades españolas, la Comisión asegura que la actividad comercial que realiza el Consorcio València 2007 está supeditada a la normativa comunitaria sobre ayudas estatales y considera que, en los años siguientes a la celebración de la America’s Cup, el Consorcio "sigue registrando pérdidas y recibiendo ayuda ilegal a través de aportaciones de capital en curso".

La Comisión, que destaca la existencia de varios "competidores y denunciantes (potenciales)" de la Marina de València, reclama información detallada sobre varios aspectos, desde las actividades comerciales que desarrolla la Marina en la actualidad hasta su situación financiera o el estado del préstamo que recibió del ICO con el aval público. También pregunta por las aportaciones de dinero que el Estado ha venido realizando "mucho después" de la celebración de la competición de vela. "¿Consideran también esas aportaciones vinculadas a la Copa?", interpelan las autoridades comunitarias.

Las infraestructuras para la celebración de la America's Cup de Vela fueron financiadas con un crédito del ICO de 319 millones que vence en 2034. Para conceder el préstamo, el instituto exigió al Consorcio València suscribir un derivado de cobertura del tipo de interés (swap) con el Banco Santander de 53,3 millones de euros que, en este caso, no están avalados por el Estado.

Aunque inicialmente se constituyó para impulsar la candidatura de València a la 32 edición de las America's Cup de vela, tras la celebración de la 33 edición en 2010 se decidió mantener vivo el Consorcio con la finalidad de explotar las infraestructuras asociadas a la competición para destinar los ingresos a pagar el crédito del ICO.

El Consorcio, sin embargo, no ha podido afrontar ninguna de sus deudas, hasta el punto de que la entidad financiera que preside Ana Patricia Botín ha cedido la deuda, ya vencida y que asciende a 67 millones, a un fondo de inversión oportunista, TCA ECDF Investments (Taconic).

Precisamente, el banco inició un procedimiento judicial por impago que derivó en el embargo de los ingresos que el Consorcio recibe por los alquileres de algunos de los espacios de la Marina, como el edificio Veles e Vents alquilado por Heineken o el que paga Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig.

En conjunto, la deuda del Consorcio asciende ya a 426 millones de euros y aumenta a razón de 8 millones de euros anuales sin que las administraciones consorciadas se pongan de acuerdo sobre la solución, ya que la entidad no puede generar recursos suficientes para afrontar el crédito. Tal y como destaca la auditoría de las cuentas de 2016 –última disponible– el Consorcio "continúa con la disminución sostenida de su patrimonio neto, con unos fondos propios negativos de 285,3 millones de euros".

La solución que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento reclaman desde hace meses es la condonación de la deuda por parte del Estado.

LA CE CUESTIONA QUE EL CONSORCIO HAYA SEGUIDO RECIBIENDO FONDOS PÚBLICOS TRAS LA AMERICA'S CUP

El plan estratégico para la Marina de València elaborado por los gestores nombrados tras el giro político en el Ayuntamiento y la Generalitat se centra precisamente en revitalizarla también desde el punto de vista empresarial. De hecho, ya coinciden en este espacio actividades diversas relacionadas con la restauración, la náutica, la innovación empresarial o la formación.

A cierre de 2017, la Marina tenía 71 concesiones y autorizaciones por las que recibe ingresos y por primera vez concluyó un ejercicio con beneficios operativos. Sin embargo, un comité técnico constituido para estudiar su viabilidad ha estimado que el porcentaje de deuda "asumible" con los recursos que puede generar solo llega al 15% del total, entre 40 y 60 millones.

Bruselas exige pruebas de compatibilidad

En su última petición de información, que fue recibida el pasado 31 de julio, Bruselas insta a justificar que las aportaciones de fondos estatales que el Consorcio ha recibido entre 2004 y 2018 son compatibles con el derecho comunitario, ya que de lo contrario podrían considerarse como el rescate de una sociedad en crisis.

Estado, Generalitat y Ayuntamiento respondieron a la primera solicitud de información de la Comisión Europea en marzo de 2017. Posteriormente, en julio, Bruselas contestó que la documentación recibida era insuficiente y reclamó nuevos datos para poder pronunciarse sobre el asunto.

En concreto, pidió detalles sobre la situación financiera, como las cuentas anuales de los últimos diez años o información sobre si era una en crisis y desde cuando; si la Marina Real cumple los requisitos para ser considerada de interés general (SIEG); sobre el préstamo del ICO; sobre las aportaciones de capital recibidas y sobre otras posibles ayudas financieras.

Ahora, la Comisión vuelve a preguntar por los mismos puntos y exige concreción. "Habiendo tomado nota de que, en su opinión, el Consorcio Valencia 2007 se creó con un objetivo de interés general, les rogamos expliquen cómo se mantuvo esta finalidad cuando el Consorcio prorrogó sus actividades una vez concluida la XXXIII edición de la Copa América en 2010", reclama el organismo comunitario.

BRUSELAS SOLICITA QUE SE LE ESPECIFIQUE CUÁNDO EMPEZÓ EXACTAMENTE LA MARINA A OFRECER SUS SERVICIOS EN EL MERCADO

Además, solicita que se le especifique cuándo empezó exactamente la Marina a ofrecer sus servicios en el mercado y qué servicios se prestan a los clientes, gratuitos o con descuento. También pide a la Marina que informe de quiénes son sus clientes y sus competidores reales o potenciales, así como los visitantes que recibe.

Sobre la posible condonación de la deuda, Bruselas pregunta si las autoridades españolas han realizado "cualquier acción formal por la que se renuncie a este préstamo". "¿Ha habido conversaciones sobre una renuncia de este tipo hasta la fecha?", cuestiona la comisión.

Un problema con precedentes

La situación no es nueva para la Generalitat. El actual Consell ya ha tenido que enfrentarse a un problema similar heredado de decisiones adoptadas por el Consell del PP. El más similar es el de las ayudas ilegales para la construcción de la Ciudad de la Luz. 

La Comisión Europea consideró en 2012 que los 265 millones de euros de crédito concedidos por la Generalitat para financiar la instalación "no se facilitaron en condiciones de mercado" por lo que instaba a reembolsarlos.

La Generalitat, dueña al 100% de la firma pública propietaria del complejo, recurrió la decisión, pero el asunto ha venido coleando prácticamente hasta hace unos meses.

Tras meses de negociación, el Consell de Ximo Puig logró que Bruselas aceptase la fórmula de la dación en pago en lugar de la venta a un propietario privado del complejo como estaba previsto inicialmente después de que la subasta de los estudios quedase desierta en dos ocasiones.

A cambio, Ciudad de la Luz ya no puede destinarse a rodar películas, ni tampoco a actividades que generen rendimiento económico hasta que expire la sanción en 2027. La idea del Consell es promover la creación en el complejo de un Distrito Digital para empresas innovadoras.