Compromís ve insuficientes los logros de Puig ante Sánchez y no apoyará el nuevo déficit

VALÈNCIA. Una "deslealtad" al Botànic. El cambio de criterio de la Comunitat, que ha pasado abstenerse a apoyar los nuevos objetivos de déficit del Gobierno de Pedro Sánchez en contra del criterio de Compromís ha elevado varios grados la tensión entre el PSPV y su socio en el Consell. La coalición valencianista considera que los logros negociados directamente por Ximo Puig, cifrados en 850 millones de euros, son un avance "insuficiente". Por ello, la formación que lidera Mónica Oltra tiene intención de no apoyar en el Congreso la senda de estabilidad aprobada este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El descontento con el PSPV es mayúsculo; en el partido se interpreta como una traición que Puig haya negociado "unilateralmente" una serie de contrapartidas con el Gobierno central que, a su juicio, dinamitan la "singularidad" que la Comunitat estaba comenzando a conquistar dentro del Estado. "No estamos contentos porque el acuerdo que se ha alcanzado no contempla ninguna singularidad para la Comunitat pese a que somos comunidad singularmente infrafinanciada y con infrainversión", valoró el entorno de la vicepresidenta.

Por ello, según aseguraron fuentes de la formación a este periódico, sus cuatro diputados en el Congreso serán "coherentes" y mantendrán su abstención a los nuevos límites de déficit y deuda, tal y como ya hicieron cuando el Congreso tumbó la senda de déficit para las Comunidades Autónomas en el primer intento del Ejecutivo por sacarla adelante. "Nada ha cambiado", insistieron.

Consciente del mazazo que este cambio de postura iba a suponer en las relaciones con su socio del Botànic, Ximo Puig fue el encargado de justificar personalmente la decisión de apoyar los objetivos planteados por la ministra María Jesús Montero. Los socialistas valencianos cifran en 850 millones el impacto de las contrapartidas que la Comunitat ha obtenido a cambio del 'si'. "No es la solución definitiva, pero es una solución transitoria que permite que podamos afrontar la negociación del cambio de modelo", justificó Puig.

En ese cálculo están incluidos los 245 millones de mayor margen de gasto en 2019 como consecuencia de aumentar del 0,1% al 0,3% el déficit autorizado para las Comunidades Autónomas en 2019. Para el PSPV, es un avance sustancial porque supone aumentar la capacidad del gasto sobre el que está garantizada la financiación; para Compromís es una concesión menor a cambio de más deuda.

También forman parte de la relación de logros obtenidos los aproximadamente 250 millones de euros como consecuencia de la liquidación del IVA de 2017 que se hará efectiva el próximo año. En rigor, no se trata de recursos adicionales, pero la Comunitat se beneficia de la decisión del Gobierno de no ejecutar la devolución de una mensualidad del impuesto correspondiente a ese ejercicio.

Además, el jefe del Consell anunció también que se ha negociado con el Ministerio de Hacienda una refinanciación a largo plazo de 1.000 millones de euros de deuda a corto plazo de la Comunitat. Esta medida tampoco satisface a Compromís porque, aunque alivia tensiones de Tesorería, no responde a la reivindicación valenciana de condonación de la deuda acumulada con motivo de la infrafinanciación.

Por último, el presidente de la Generalitat desveló un compromiso con el Gobierno para que el Estado condone 350 millones de euros de la deuda del Consorcio València 2007, una reivindicación "histórica" de las administraciones valencianas a las que el Gobierno de Mariano Rajoy no dio respuesta.

Esta es una parte deuda total del Consorcio, en concreto la asociada al crédito que el Instituto de Crédito Oficial dio al Consorcio València 2007 para financiar las obras de la America's Cup, un préstamo avalado por el Ministerio de Hacienda al que el Consorcio nunca ha podido hacer frente.

Oltra, en fuera de juego

El volantazo de Soler en el CPFF provocó una cascada de reacciones de miembros de Compromís, especialmente molestos con el hecho de que el PSPV haya llevado la negociación por su cuenta, pero sobre todo con que no informase a la vicepresidenta Mónica Oltra ni a su principal representante en la Conselleria de Hacienda, Clara Ferrando, hasta después de consumar el cambio en el sentido del voto.

De hecho, casi al mismo tiempo que Soler decidía votar a favor de los nuevos objetivos de déficit del Gobierno, Oltra realizaba unas declaraciones en las que aseguraba que la Comunitat aún estaba definiendo el sentido de su voto, porque la prioridad para su formación continúa siendo la "reivindicación y exigencia de un sistema de financiación justo para los valencianos", más allá de compromisos transitorios.

Preguntadas al respecto, fuentes Compromís explicaron que a última hora del miércoles la única llamada que se había producido era la de Soler, por lo que aún esperaban una explicación de su socio de coalición  para justificar el cambio de criterio. "Habrá que ver si esto supone un antes y un después en la relación de los dos partidos, que hasta ahora ha ido bien", aseguraron.

En la anterior reunión del CPFF para aprobar los límites de deuda y déficit para los próximos tres años, celebrada el 19 de julio, la Comunitat Valenciana se abstuvo, saltándose el sentido del voto del resto de autonomías controladas por el PSOE.

La senda de estabilidad propuesta por el Gobierno central este miércoles fue la misma que llevó a esa reunión del CPFF, pero esta vez la Comunitat sí voto a favor de elevar dos décimas el déficit público para 2019, del 0,1% vigente al 0,3%. Para 2020, el objetivo queda en el 0,1%, mientras que en 2021 las cuentas autonómicas deberán estar en equilibrio.

Los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para el trienio 2019-2021 serán del 23,7% para 2019, 23% para 2020 y 22,2% para 2021.

A partir de ahora, el Gobierno aprobará la nueva senda de estabilidad presupuestaria, previsiblemente el viernes en Consejo de Ministros, incluido el límite de gasto no financiero, en el conocido acuerdo de techo de gasto. Este deberá trasladarse nuevamente a las Cortes Generales para su debate y posterior votación de los objetivos de estabilidad.

El pasado mes de julio el Gobierno de Pedro Sánchez obtuvo únicamente el respaldo de su partido, el PSOE, y del PNV. Por contra, PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, EH-Bildu y Coalición Canaria los rechazaron, mientras que Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias, todas ellas formaciones que auparon a Pedro Sánchez a La Moncloa en la moción de censura contra Mariano Rajoy, optaron por abstenerse.

En todo caso, aun viendo aprobados estos objetivos en el Congreso –el Gobierno negocia con los grupos que apoyaron la moción de censura–, el Gobierno sigue estando en manos del PP para que puedan servir de base para la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Y es que también deben ser votados en el Senado, donde los 'populares' gozan de una cómoda mayoría absoluta.