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análisisAP por la gestión de las consecuencias de la gota fría 

La Diputación, la CHS y la gestión de la gota fría: del deber de investigar al riesgo de decepcionar

2/10/2019 - 

ALICANTE. Se suele decir que las crisis son oportunidades. Y la crisis generada por la gestión de la gota fría lo es: con el calor de los acontecimientos, la llegada de las autoridades de todos los ámbitos y las visitas institucionales a la Vega Baja nadie dijo nada. Bueno, sí. Los regantes: desde el tercer o cuarto día, los responsables de los juzgados de agua de varios municipios de la Vega Baja han cuestionado la labor de los actuales dirigentes de la Confederación Hidrográfico del Segura, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que se encarga de la gestión hidráulica de río. Y si no ocurre cambio de última hora, los regantes llevarán esa gestión ante los juzgados al considerar que la confederación no actuó con previsión y no limpió el río y, por lo tanto, sus dirigentes podrían haber incurrido en responsabilidades penales en sus decisiones, por acción u omisión

Los acontecimientos son de sobra conocidos: es tal la cantidad de agua que llovió esos días, 500 litros por metro cuadrados, en el sureste de España que el río Segura se desbordó a su paso por Orihuela el viernes 13 de septiembre y al día siguiente, se rompió la mota a su paso por Almoradí, que generó las inundaciones de los municipios de su alrededores hasta la desembocadura.

Pasados unos días, y pese a estar parte de las ayudas aprobadas, el debate político se ha ido calentando con el objetivo, por parte de la oposición, PP y Cs, de que las dudas en la gestión de la gota fría adquieran protagonismo político. No hay que olvidar que estamos en precampaña electoral, a las puertas de las elecciones del 10N. Así, por una parte, unas declaraciones de la lideresa del PPCV, Isabel Bonig, sobre la gestión de los alcaldes socialistas ya provocó un importante rifirrafe entre PP y PSPV al final de la semana pasada. Y por otra, la intención del PP de la Diputación de Alicante, y su presidente, Carlos Mazón, de poner en cuestión la gestión de los responsables de la CHS durante los días de la gota fría, recogiendo, en parte, el malestar expresado por los responsables de los juzgados de agua.

Lo de Bonig quedó en eso, en un cruce de declaraciones, pero lo de Mazón ha pretendido tener más continuidad en el tiempo, con la idea de generar un debate con una moción -no hecha pública, sino filtrada a un determinado medio- para solicitar una comisión de investigación sobre los responsables del organismo y que sobre ella se sumaran otros partidos y agentes sociales. Según lo publicado, la pretensión de la institución provincial es que la Cortes Valencianas creen un órgano fiscalizador sobre todo lo acaecido en la segunda semana de septiembre en la Vega Baja y que citen a los responsables de la CHS para dar explicaciones. El objetivo político, claro está, es elevar ese pretendido clamor de malestar contra los gestores del río Segura, algo de lo que discrepan profundamente los socialistas, quienes censuran al PP por hacer política con la catástrofe ocurrida.



Cuando falta un día para ese debate en la Diputación de Alicante, este martes, las hostilidades se han vuelto a desatar. Por una parte, el PSPV ha desvelado que el presidente de la CHS, Mario Urrea, sí que se ha puesto a disposición de Carlos Mazón para darle todas las explicaciones a través de una carta, según ha informado el diputado y alcalde de Dolores, Joaquín Hernández. La carta se remitió el pasado 24 de septiembre y según los socialistas, "Mazón ni la respondió ni la hizo pública". La respuesta del presidente de la Diputación no se ha hecho esperar: Mazón insiste en que la CHS debe dar explicaciones y, por tanto, que los grupos deben respaldar esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas.

La comisión puede tener poco recorrido

Este martes, los grupos de la oposición en la Diputación de Alicante, sobre todo, Compromís, ha advertido al propio Mazón que las Cortes Valencianas no pueden citar a los responsables de las instituciones del Gobierno central y, por lo tanto, el órgano fiscalizador podría quedar en papel mojado. Es decir, por mucho que se cree la comisión de investigación, los máximos responsables de la CHS no tendrían la obligación de comparecer. Compromís ha recordado que eso mismo pasó con la investigación del hundimiento del Prestige en el Parlamento de Galicia. Fue en 2003, cuando el Consejo de Estado dejó bien claro, con motivo de la crisis del petrolero, y la intención de los diputados autonómicos gallegos de investigar lo ocurrido, "tales facultades han de circunscribirse, por tanto, a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma según el bloque de la constitucionalidad". En tal sentido, el Consejo de Estado en su dictamen 47.997, de 29 de julio de 1986, entendió que "el control parlamentario de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia Comunidad Autónoma, sin que pueda alcanzar a órganos ajenos a su ámbito de competencia como son los de la Administración del Estado".

Así, que eso es lo que este miércoles se le reprochará al PP en la Diputación de Alicante y, que en todo caso, que sea el futuro Congreso de los Diputados, surgido de las elecciones del 10N, quien aborde esa situación. Mazón, en su réplica a las críticas al PSPV, ha considerado, sin embargo, que "es la propia ministra (de Transición Ecológica, Teresa Ribera) y en las Cortes Valencianas (no la Diputacion dado que no tiene competencias para una comisión de investigación) donde, con todo lujo de detalles técnicos y organizativos, se debe dar la cara y no esconderse de nuevo, en este caso detrás de unas líneas", en referencia a la carta que le remitió el presidente de la CHS el pasado 24 de septiembre. "No es al presidente de la Diputacion a quien hay que dar explicaciones en forma de carta privada, sino al pleno de la institución provincial y, sobre todo, a los regantes, agricultores, empresas, municipios y habitantes de la Vega Baja del Segura", ha defendido Mazón.

En un principio, según ha podido saber Alicante Plaza, el PP está dispuesto a consensuar la moción de la investigación sobre la CHS con las salvedades o matices que le aporten PSPV y Compromís, pero el equipo de gobierno todavía espera esas advertencias formales para unir a todos bajo el mismo objetivo. Es posible, que los dos partidos que forman parte del Botànic contraataquen y obliguen al PP a no solo revisar los hechos de septiembre de este año, sino también los de diciembre de 2016, cuando el río Segura también se desbordó a su paso por Orihuela, con mucha menos lluvia registrada. Entonces, el PP estaba en la Moncloa.

El problema es que la investigación de ahora la esperan muchos: empresarios, regantes, alcaldes, afectados, etc... La exclusividad del mensaje ha generado muchas expectativas. El PP ha hecho, o quiere hacer, de la crisis de la gota fría causa belli. Y el presidente de la Diputación no oculta que quiere su particular trozo de protagonismo político en esta contienda. Y ante el deber (legítimo) de investigar, o de pedir investigar, también está el riesgo de decepcionar. Pues cómo se ha encargado de recordar el presidente de la CHS en todas sus intervenciones públicas, y en la carta remitida a Carlos Mazón, él sólo lleva en el cargo poco más de un año, desde agosto de 2018. Remover el pasado también tiene riesgos.

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