Manuel Miñés. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana discrepa totalmente con la Generalitat sobre el futuro de la AP-7, cuya concesión concluye en 2019. Una de las principales reivindicaciones del actual Consell en materia de infraestructuras para la presente legislatura es precisamente eliminar los peajes de la autopista y habilitarla para, desde la gestión pública, su uso abierto y gratuito en todo su trayecto en la Comunitat. Pero los el organismo que dirige Manuel Miñés considera que esta medida es "inviable" y apuesta por licitar de nuevo la vía.
"Siguiendo el principio de 'quien contamina paga' y que es mucho más justo que paguen los usuarios de la infraestructura que todos los contribuyentes" los contratistas proponen "sacar a licitación nuevamente y por un periodo máximo de 50 años el servicio de explotación y mantenimiento de la autovía", según reza un informe elaborado al respecto. Eso sí, plantean una nueva tarificación: "Dado que la infraestructura está amortizada se establecería un canon más bajo que el peaje actual", agregan.
"Del producto del canon se destinaría una parte al mantenimiento de la autovía, con carácter finalista; y otra parte del canon se destinaría al sector del transporte, que junto con un exclusivo plan PIVE iría destinado a la compra de camiones no contaminantes, a la renovación de la flota, etcétera", continúa la propuesta elaborada por los contratistas para el futuro de la AP-7 en la Comunitat.
"Del producto del canon se destinaría una parte al mantenimiento de la autovía, con carácter finalista; y otra parte del canon se destinaría al sector del transporte, que junto con un exclusivo plan PIVE iría destinado a la compra de camiones no contaminantes, a la renovación de la flota, etcétera", continúa la propuesta elaborada por los contratistas para el futuro de la AP-7 en la Comunitat.
