Inscanner y Eresa batallan por 5 millones del botín de las resonancias públicas

VALÈNCIA. Un año después de acabar el contrato de explotación de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos valencianos y mientras la contratista mantiene el negocio prorrogado sine die por la Conselleria de Sanidad Universal, los dos principales socios de la UTE Erescanner Salud mantienen una batalla por 5,13 millones de euros de los 67 que la UTE ha repartido hasta ahora como beneficio. Una batalla que ha llegado a los juzgados de lo penal, como adelantó este periódico el pasado 22 de septiembre.

El meollo de la cuestión viene relatado en los escritos de las partes al juzgado y es rocambolesco. El Consell de Francisco Camps otorgó a la UTE Erescanner Salud el concurso para gestionar las resonancias magnéticas en casi todos los hospitales públicos valencianos durante diez años, un contrato valorado en cerca de 500 millones de euros. 

La UTE está controlada en un 57% por la familia Saus (Grupo Ascires) –a través de Eresa (49%) e Iberdiagnosis (8%)– y los otros socios son la familia Paz (Clínica Benidorm) con el 28,5% –a través de Inscanner (20%) y Beanaca (8,5%)– y Ribera Salud, con el 14,5%.

El conflicto se ha producido entre los Saus y los Paz, concretamente, entre Eresa por un lado e Inscanner y Beanaca por otro, que son las empresas que realizan las resonancias magnéticas encargadas a la UTE y cobran por ello un porcentaje fijo de lo que paga la Conselleria a la UTE. Una vez pagado el servicio y los gastos de la UTE, la caja resultante se reparte entre los socios de acuerdo con su porcentaje de participación.

El documento "sorpresa"

Esto fue así, según la querella de Inscanner contra sus socios, hasta que a principios de 2017, cuando ya se habían repartido 32 millones de beneficios –entre 2013 y 2016–, los Saus pusieron encima de la mesa un documento fechado el 18 de noviembre de 2011 "supuestamente firmado" por Vicente Saus en representación de Eresa –era su presidente– y Ana Paz Brown en representación de Inscanner y Beanaca –era administradora solidaria con su padre, Carlos Paz Figueroa, fallecido meses después–, "ante la absoluta perplejidad y sorpresa" de los Paz, según la querella.

En este documento se establecía un nuevo reparto de los beneficios de la UTE en el que Inscanner y Beanaca solo percibirían los obtenidos en la provincia de Alicante, "en palmario perjuicio" de estas dos empresas "y en beneficio de Eresa", según la denunciante. En lugar de recibir un 28,5% del total recibiría lo ganado en Alicante, descontados los beneficios que corresponden a Ribera Salud (14,5%) que no participaba en la división territorial de la actividad por ser solo un socio financiero.

Este documento fue esgrimido por Eresa para, a partir de entonces, exigir el reparto según esas condiciones. Así en 2018 la UTE –dirigida desde el año anterior por Lorena Saus, presidenta del Grupo Ascires– aprobó con los votos a favor de los Saus y en contra del resto, un reparto de 30 millones de euros según el porcentaje inicial pero restándoles 5,13 millones a Inscanner y Beanaca para dárselos Eresa. Inscanner considera esto delito societario y apropiación indebida porque, aun dando por válido el documento de 2011, se trataría de una relación contractual entre esos dos socios, ajena a la UTE, por lo que los Saus no podían prevalerse de su mayoría en la UTE para cobrarse la supuesta deuda.

La firma de Ana Paz

Otro hecho llamativo de este caso es el de la firma de Ana Paz Brown en el documento de 2011. La heredera del grupo médico creado por Carlos Paz negó haber firmado tal documento y encargó un dictamen pericial caligráfico que concluyó que ella no lo había firmado.

Sin embargo, Eresa solicitó un arbitraje sobre la validez del acuerdo de junio de 2018 en el que se aprobaba el nuevo reparto de beneficios y aportó como pruebas no solo un informe pericial que concluye que sí es la firma de Ana Paz sino varios mensajes de correo electrónico preparatorios del documento cruzados entre Marta Saus y María Gordo –ambas socias y directivas de Eresa– por un lado y el que fue gerente de Inscanner hasta finales de 2013, por otro. 

Inscanner decidió entonces interponer la querella no solo contra los Saus sino contra su exgerente, al que acusa de estafa por recoger "fraudulentamente" la firma de Ana Paz pasándole el acuerdo "junto a otros documentos", que ella habría firmado sin leerlos "dada la absoluta confianza que en esas fechas tenía en esta persona". 

Apoya esta tesis en varios hechos: el documento no se suscribió conjuntamente, sino que, según afirma Eresa en su relato de los hechos, primero lo firmó Ana Paz y después se dio a firmar a Vicente Saus; nadie en Inscanner o Beanaca ni tampoco sus servicios jurídicos conocían su existencia a pesar de la relevancia del mismo ni se ha encontrado copia en estas empresas; el documento no se menciona en las memorias anuales de ninguna de las empresas implicadas hasta que Eresa revela su existencia en 2017; el reparto de beneficios de la UTE hasta ese momento se hace según lo acordado en 2008 y en ninguna de las actas de sus reuniones se menciona su existencia.

Con todo, en Eresa afirman que todo está perfectamente documentado y que la querella responde al deseo de Inscanner de que no se resolviese el contencioso mediante arbitraje, como así ha sido, ya que el arbitraje no entra en cuestiones sometidas a la jurisdicción penal.