Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Hacienda le dice 'no' a Mónica Oltra. El departamento que encabeza Vicent Soler ha tumbado con sendos informes desfavorables de las direcciones generales de Sector Público y Presupuestos el decreto-ley de la vicepresidenta y consellera de Igualdad para la homologación salarial del personal del Institut Valencià d'Acció Social (Ivass).
El sentido de estos informes se apoya a su vez en las reservas manifestadas por la Abogacía de la Generalitat sobre la legalidad del texto elaborado por Oltra, que pretendía eliminar cualquier restricción al incremento de la masa salarial de esta entidad pública cuya plantilla está formada en un 78% por mujeres.
Ambos informes negativos, finalizados la semana pasada, son la consecuencia del pulso mantenido durante meses por ambos departamentos por sus discrepancias sobre la forma de igualar las retribuciones de los empleados del Ivass a las del personal equivalente al servicio de la Administración de la Generalitat. El punto de máxima tensión se alcanzó el pasado marzo, cuando Oltra y Soler discutieron sobre este asunto delante del comité de empresa y los sindicatos.
Tras forzar a finales del año pasado la aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la entidad, la vicepresidenta del Consell elaboró por su cuenta un decreto-ley para la "adecuación retributiva" de las empleadas encargadas de atender a personas con diversidad funcional al del personal dependiente de la Generalitat con el pretexto de acabar con la brecha salarial.
Esa adaptación implicaba un sustancial aumento de la masa salarial del Ivass por encima de los límites impuestos por el Ministerio de Hacienda para las empresas públicas, especialmente para regiones como la valenciana, sometida a un especial marcaje por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta circunstancia impedía que los preceptivos informes de las direcciones generales de Hacienda y Presupuestos fueran favorables.
La Abogacía de la Generalitat ya expresó en febrero sus reservas sobre la legalidad del decreto-ley preparado por Igualdad. Además de recordarle a Oltra que el Consell no podía aprobar la norma sin los obligatorios informes de la Conselleria de Hacienda, le advertía del riesgo de chocar con las limitaciones impuestas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Junto a lo anterior, la Abogacía también le reprochó a la Conselleria de Igualdad que le hubiera remitido el expediente sin la memoria económica en la que se cuantifica el coste para las arcas públicas de elevar los sueldos del Ivass.
A la vista de las reservas manifestadas por la Abogacía y ante la necesidad de resolver las diferencias salariales de la entidad, el conseller de Hacienda suscribió apenas un mes después un acuerdo con los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV para la homologación de los puestos de trabajo del Ivass a los del resto del personal de la Generalitat en el plazo de tres años.
Ese acuerdo, del que Oltra se desmarcó públicamente en la siguiente rueda de prensa como portavoz del Consell, no satisfacía las aspiraciones de Igualdad, que criticaba que la mejora de las condiciones quedase condicionada a la aprobación de los PGE.
Vicent Soler, Mónica Oltra y Ximo Puig. Foto: EVA MÁÑEZPor ese motivo, y a pesar de las advertencias de la Abogacía de la Generalitat, la vicepresidenta del Consell mantuvo el pulso con el conseller de Hacienda y, en lugar de desistir de su decreto-ley, le conminó a que Sector Público y Presupuestos emitieran sus respectivos informes sobre el mismo, a sabiendas de que serían negativos.
Según explicó a Valencia Plaza un portavoz de la Conselleria de Hacienda, durante los meses posteriores se intentó negociar con Oltra la manera de adecuar el decreto-lei al acuerdo suscrito por el comité de empresa con el conseller de Hacienda aprovechando la solución abierta tras el acuerdo de las centrales sindicales mayoritarias con el Gobierno central para realizar incrementos salariales complementarios del 0,2% para corregir "desajustes" salariales en la administración o su sector público.
Oltra, sin embargo, insistió en mantener la primera versión del texto al interpretar que era compatible con el criterio de la Abogacía. La cuestión ha estado sobre la mesa durante meses hasta que Hacienda ha optado finalmente por tumbar el decreto-ley y no estirar más la crisis.
Cabe recordar que, durante el tiempo en el que se ha prolongado el pulso, se ha producido el cese de los directores generales de Sector Público, Empar Martínez, y de Presupuestos, Josep Moreno. Los informes desfavorables llevan la firma de sus sucesores, Juan Ángel Poyatos y Eva Martínez, respectivamente.
El departamento que dirige Mónica Oltra no desiste y asegura que prepara "alegaciones". Por su parte, Hacienda rechazó profundizar en los detalles de los informes desfavorables. "No hay conflicto, todos queremos solucionar el problema i estamos buscando la mejor forma de hacerlo porque es otro marrón heredado del pasado", manifestaron desde el departamento de Soler.
Así las cosas, el acuerdo vigente hoy en día prevé una subida salarial progresiva hasta lograr la homologación en un plazo de tres años.Será de carácter lineal a los puestos afectados, implementando un 33,3% de media en el ejercicio 2018 con efectos desde el 1 de enero. En los ejercicios 2019 y 2020 se aplicará el otro 33,3% hasta completar el 100%, y también desde el 1 de enero de cada uno de esos años.
El dinero saldrá de los fondos adicionales establecidos en el 'II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo' en los siguientes porcentajes: un 0,2% para el ejercicio 2018, un 0,25% para el ejercicio 2019 y un 0,3% para el ejercicio 2020.
El acuerdo, según resalta Hacienda, garantiza que la homologación y reclasificación se llevará a cabo "garantizando en todo caso e independientemente", los incrementos que con carácter general para cada año se establezcan los PGE.
