¿Es 'dumping' fiscal lo que hace Cifuentes?

Ni 500 ni 100 millones de euros. Es probable que la Generalitat valenciana no vea ni un euro de Impuesto de Sucesiones por la herencia de Juan Luis Gómez-Trenor, valorada por Forbes en 2.300 millones. Y no porque sus herederos se puedan beneficiar de la reducción del 95% en la transmisión de sus empresas, que también, sino porque según varias fuentes –aunque ninguna lo asegura al 100%–, el empresario fallecido hace pocas semanas tenía fijada su residencia en Madrid. Como tantos otros valencianos pudientes convenientemente asesorados para pagar menos impuestos.

Sea como fuere, la cuestión surge en el momento en el que arrecian las críticas contra la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, a la que Ximo Puig, Susana Díaz y otros presidentes autonómicos, acusan de practicar dumping fiscal. 

La situación, muy resumida, es la siguiente: La ley permite a las comunidades autónomas subir o bajar los impuestos de Sucesiones y Donaciones, de Patrimonio y el 50% del IRPF que tienen cedido por el Estado. La Comunidad de Madrid ejerce desde hace años esa capacidad normativa con una oferta muy atractiva para sus ciudadanos y para quienes puedan fijar su domicilio allí: Tiene bonificado al 100% el de Patrimonio, es decir, nadie paga; bonificado al 99% el de Sucesiones y Donaciones en primer y segundo grado –entre cónyuges o en la línea padres-hijos-nietos– y al 95% en sucesión de empresas. Y en el IRPF tiene una escala muy inferior a la del resto de comunidades, lo que para una persona de renta alta puede suponer pagar varias decenas de miles de euros menos cada año.

Ante tal oferta, no hace falta tener el patrimonio y la renta de Gómez-Trenor para desear tener el domicilio en la capital de España. El presidente extremeño calcula que 5.000 paisanos ‘residen’ en Madrid por motivos fiscales. No se fija el domicilio allí así como así, hay que cumplir unos requisitos, pero los grandes despachos incluyen este servicio cuando asesoran a sus clientes para que paguen menos y corresponde a Hacienda demostrar que uno no reside donde dice residir.

Cifuentes rechaza la acusación de dumping fiscal e invita a sus homólogos a imitarla porque, asegura, Madrid recauda más impuestos cuanto más los baja. M-30 adentro, políticos, economistas y tertulianos jalean a su presidenta, unos por estrategia, otros por convencimiento y muchos por ignorancia. Ignoran que el resto de comunidades –excepto País Vasco y Navarra por su régimen foral– no pueden imitar a Madrid porque no son Madrid. 

Es la capital de España y no Cataluña la que debería tener un régimen especial porque su caso es especial. Madrid aglutina las sedes de la mayoría de multinacionales y grandes compañías españolas aunque sus centros de producción estén repartidos por la península. Si la cúpula está en Madrid, el 50% del IRPF de esos directivos lo recauda la Comunidad de Madrid.

El caso de Bankia

Un ejemplo fácil de entender para los valencianos. Cuando existían Bancaja y Caja Madrid sus directivos pagaban impuestos en Valencia y Madrid, respectivamente. Ahora, los grandes sueldos de Bankia –entidad fruto de la fusión Caja Madrid-Bancaja pagada por todos los españoles– cotizan en la capital; como la cúpula de Ford España; igual que los de cientos de altos directivos de toda España cuyas empresas están en la periferia pero que abren despacho en Madrid por interés estratégico, comercial y, de paso, fiscal. Sus comunidades de origen no solo dejan de recaudar el 50% del IRPF, sino también los impuestos por Patrimonio, Donaciones y, si fallecen, Sucesiones.

Todo esto no es casualidad. Madrid está en el centro y esa centralidad ha sido reforzada con dinero de todos hasta consolidar una estructura radial con el AVE, el hub aeroportuario de Barajas y las autovías gratuitas desde el kilómetro 0, por no hablar de las autopistas paralelas sin coches que también vamos a pagar entre todos, con lo que nos reímos del aeropuerto de Castellón. Todo lo que no pase por Madrid ha sido y es secundario, como dejó muy claro el otro día el ministro Catalá.

En resumen, España es como una rueda de bicicleta con radios de oro, llanta de latón y cubierta de segunda mano. Y desde el eje tan bien engrasado todavía se preguntan cómo puede rodar tan mal.

El poder de atracción de Madrid se extiende a otros ámbitos, como los culturales, en los que una vez más las infraestructuras públicas "nacionales" –y sus trabajadores– pagadas por todos los españoles –teatros, museos, orquesta, ballet...– están casi todas allí, lo mismo que buena parte de los funcionarios y la totalidad de altos cargos del Estado, que también pagan a la Comunidad de Madrid el 50% de su IRPF.

Repito, es la capital de España y no Cataluña la que necesita un régimen especial, un estatus de capitalidad que regule las ventajas y los inconvenientes –también los hay– de esa ciudad-estado en que casi se ha convertido Madrid.

Paradójicamente, no todo ese exceso de recaudación que logra Cifuentes se lo queda la Comunidad de Madrid, sino que se reparte entre otras comunidades autónomas gracias a los fondos de nivelación que existen en el modelo de financiación autonómica que padecemos. Lo que permite a Cifuentes presumir de que su comunidad es la que más aporta a la solidaridad entre regiones. 

Cada año más, lo que significa que Cifuentes, en cierto modo y sin minusvalorar su aportación real, baja los impuestos a los ‘ricos’ de otras comunidades y luego les devuelve lo recaudado a través de los fondos de nivelación. Fondos que, dicho sea de paso, nivelan de una forma muy deficiente, como bien sabemos los valencianos. 

Pero, ¿hay ‘dumping’?

Tras esta explicación, vuelvo a la pregunta inicial. Dumping es, según el diccionario de la RAE, la "práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del mercado con grave perjuicio de este".

Trasladado al ámbito fiscal, Cifuentes y sus antecesores estarían practicando dumping si se demostrara que su intención no es beneficiar a los madrileños sino 'adueñarse' de los grandes contribuyentes de otras regiones. Es decir, si ese adueñamiento de los ‘ricos’ con grave perjuicio del resto de comunidades fuese el objetivo y no el efecto de lo que, por otra parte, es una promesa electoral del PP madrileño. 

Mi opinión es que no es así. Cifuentes hace uso de sus competencias autonómicas para bajar los impuestos a los madrileños porque puede. Algunos homólogos suyos no pueden y otros no quieren. La capacidad normativa de las CCAA sobre el 50% del IRPF fue, por cierto, una concesión del Gobierno de Zapatero a CiU.

Dicho lo cual, en la búsqueda de una solución para este problema surge otra pregunta que entronca con el debate del federalismo: ¿Se debe limitar la capacidad fiscal de las CCAA para evitar que Madrid se aproveche de ella? ¿Es lo que quieren Puigdemont y Ximo Puig?