Miguel Ortiz junto con Alberto Fabra. ALTEA. El juzgado número dos de Benidorm ha dictado un auto de sobreseimiento provisional contra el alcalde de Altea y ex presidente del PP provincial, Miguel Ortiz, por los supuestos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos en la causa de los sobrecostes del nuevo pabellón polideportivo "al considerar que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa". El archivo es definitivo pues ninguna de las partes ha presentado recurso contra este auto.
La denuncia contra Ortiz fue presentada por el actual alcalde de Altea, Jaume Llinares, de Compromís, en nombre del ayuntamiento y fue secundada por la Fiscalía. Consideraban los denunciantes que había irregularidades en el proyecto de la construcción del polideportivo municipal, entre los años 2006 y 2007, una obra que batió un récord de ejecución, pues se construyó en 153 días, con el objetivo de poder albergar la fase final de la Copa del Rey de Balonmano de 2007. No obstante, como reconociera otra sentencia, la obra acumuló un sobrecoste de un 30% y según se desprende del auto, acumuló muchas irregularidades en su contratación. Es más, como publicara Alicante Plaza, la misma juez que ahora ha archivado el caso dictó otro auto de transformación de las diligencias previas; es decir, dejó a Miguel Ortiz a las puertas del juicio oral a la espera del último recurso.
Y ahora, el pasado 16 de octubre, la misma juez ha dictado otro auto que estima los argumentos de Ortiz y archiva el caso. Y lo hace con el aval de la Fiscalía. En cuanto al delito de prevaricación, dice la juez que han de estimarse los argumentos expuestos por la parte recurrente y por el Ministerio Fiscal de que se requiere que se haya obrado dolosamente y “a sabiendas”; lo que no puede apreciarse en el presente caso, dado que no existe ningún informe jurídico ni económico desfavorable ni tampoco se emitió ningún reparo que pusiese de manifiesto una irregularidad que fuese ignorada groseramente por el investigado D. Miguel Ortiz Zaragoza y otros miembros de la corporación.
Sobre el delito de malversación de caudales públicos, sostiene la instructora que se puede concluir que los sobrecostes originados en la obra no se debieron a peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Altea ni fueron imputables a Miguel Ortiz y que el único investigado en el presente procedimiento "no participó directamente en las decisiones que dieron lugar a dichos sobrecostes", ya que, a la vista del resultado de las declaraciones testificales practicadas en el presente procedimiento, ha de concluirse que Miguel Ortiz Zaragoza "no asistió a las reuniones de obra celebradas, en dichas reuniones se debatían cuestiones por técnicos, pues se trataban de temas técnicos y todas las decisiones se adoptaban in situ por los asistentes en el mismo acto, sin que, en ningún momento, se trasladaran o se propusieran para que pudiesen ser adoptadas por el investigado, por lo que, ni directa ni indirectamente, pudo participar en las decisiones allí tomadas y, por ello, no pudo cometer irregularidad alguna".
Sobre el fraude, también incluido en la denuncia, no se deduce ningún hecho o episodio que tenga que ver con un concierto con algún interesado para defraudar a algún ente público, relata la jueza.
De esta manera, la causa de los sobrecostes del pabellón polideportivo de Altea queda archivada al considerar que no están debidamente justificados la perpetración de los delitos que han dado motivo ala formación de la presente causa.
