Carlos Mazón, este jueves, en el congreso de inundaciones de Orihuela. Foto RAFA MOLINAALICANTE. El fracaso del denominado decreto de los remanentes de tesorería, rechazado este jueves, en el Congreso de los Diputados, dejará a todos los municipios sin las inversiones denominadas financieramente sostenibles. Pero especialmente será doloroso para la Diputación de Alicante, que cada año destina cerca de 30 millones a ese tipo de obras, y que viene a complementar las subvenciones en obras que ahora están incluidas en el Plan Plan Planifica. Entre esos 30 millones de euros se encontraban las ayudas que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos pretendía conceder a los municipios de la Vega Baja afectados por la Dana de septiembre de 2019.
A lo largo de estos últimos años, la institución provincial venía destinando una media de entre 35 y 40 millones a este tipo de obras, que eran hasta ahora las permitidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria con las partidas no gastadas de años interiores. Y para esa distribución, había un acuerdo entre los tres principales grupos de la corporación, en 2018, al que más tarde se sumó Ciudadanos, para que el reparto de esos fondos se hiciera se hiciera siguiendo criterios de población y beneficiando siempre a los municipios más pequeños.
Pero ese reparto para este 2020 quedó abortado por parte del Gobierno con motivo de la crisis del Covid, que en un principio sólo liberó el 5% de esos fondos para que los ayuntamientos y las diputaciones lo pudieran destinar a asuntos sociales. La liberación del resto estaba pendiente del decreto aprobado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la fórmula del préstamo del Gobierno que ha generado el rechazo de casi todos los partidos del Congreso. Finalmente, sólo obtuvo el respaldo de PSOE y Podemos. El acuerdo fracasado contemplaba una aportación de 5.000 millones de euros (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) para los ayuntamientos que pusiera a disposición del Ejecutivo central sus remanentes mediante un préstamo a devolver a 15 años.
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Pero al no fructificar la propuesta, por el momento, los ayuntamientos no podrán hacer uso de esos remantentes. Y quién más lo acusará, en este caso, será la Diputación de Alicante, que no podrá completar sus inversiones extraordinarias, ni los seis millones de euros previstos para los municipios afectados por la Dana.
El propio Carlos Mazón ha lamentado este jueves en Orihuela la "lentitud" del Gobierno de España para aprobar el Real Decreto, previsto para el pasado mes de marzo, de las ayudas por el temporal de la DANA. A su juicio, se trata de un "incomprensible retraso de seis meses" que "imposibilita legalmente" que la institución alicantina pueda, por su parte, "liberar las ayudas provinciales para los ayuntamientos, que ya están consignadas y aprobadas en Junta de Gobierno y, por tanto, sólo a la espera de que lo apruebe el Ejecutivo Central, algo que nos produce una gran sensación de frustración". "Necesitamos que alguien abra esa llave para que puedan salir automáticamente las ayudas y eso sólo lo puede hacer Pedro Sánchez, que está demostrando una falta de interés y de capacidad de trabajo alarmante", ha dicho.
Pese a estas críticas Mazón, en los últimos meses tanto el PSPV como Compromís han criticado que el equipo de gobierno de la institución provincial no aprobara de manera ordinaria las ayudas a los municipios afectados por el temporal de septiembre de 2019.
