El escrache a Mónica Oltra

VALÈNCIA. Hay gente que dice estar en contra de la pena de muerte "excepto en casos de terrorismo". O en casos de violación y asesinato de niñas. Oiga, no, si usted está a favor de la pena de muerte para un solo delito, usted está a favor de la pena de muerte. Es como en un embarazo, se está o no se está.

Con las concentraciones de protesta frente a la vivienda de un cargo público mientras sus hijos cenan es lo mismo, se llamen escrache, amedrentamiento o amenaza fascista. Con motivo del escrache residencial sufrido por Mónica Oltra, desde Compromís y aledaños se ha tratado de justificar la falta de condena –a veces el aplauso– de miembros de esta coalición a escraches sufridos por otros políticos en sus casas con el argumento de que el caso de la vicepresidenta es mucho peor. Y lo es. No por la violencia, que fue menor que la sufrida, por ejemplo, por los hijos de González Pons o los de Alberto Fabra, sino por los actores –la ultraderecha– y sus motivaciones.

Pero dicho esto, el acoso a los políticos a domicilio es como lo de la pena de muerte, se está a favor o se está en contra. Si se está a favor en según qué casos, se está a favor de que a un alto cargo se le manifiesten delante de su casa mientras sus hijos cenan, con la inevitable discusión ulterior de en qué casos se justifica y si admitimos que se lancen huevos, se traspase el portal o se aporree la puerta de casa. Es decir, hasta dónde. Huelga decir que un servidor no tiene esa inquietud porque estuvo y está en contra de los escraches en los domicilios.

Parte de la defensa de la propia Oltra, ante la evidencia de que ha sido víctima de lo que en su día no condenó, ha consistido en decir que lo suyo no fue un escrache. La vicepresidenta hasta ha fijado las reglas de lo que para ella es un escrache: un colectivo que presenta "una reivindicación política o social concreta y protesta ante un cargo público en cuestiones relacionadas con el ejercicio de su cargo, a la luz del día y con la cara descubierta". No serían escraches, por tanto, aquellos en los que los participantes se valen de máscaras, sean de Scream, de Guy Fawkes –la de Anonymous– o de Mariano Rajoy, tan habituales en las concentraciones de protesta. Tampoco el que un grupo de estudiantes celebró frente al domicilio de Rita Barberá, que fue de noche.

El diccionario de la RAE, pese a ser un coladero, no recoge todavía el término "escrache", de origen argentino, declarado palabra del año por la Fundéu en 2013. Sí lo hace el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, con una definición ya superada por el uso: "Manifestación popular de denuncia contra una persona pública a la que se acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción y que en general se realiza frente a su domicilio o en algún otro lugar público al que deba concurrir la persona denunciada". Es obvio que muchas víctimas de escrache no son corruptas.

¿Escrache?

Por aclarar los términos, diría que hay una triple clasificación de los escraches, en función de la violencia ejercida, el lugar donde se desarrollan y la motivación. En el primer caso hay poco que decir, son inaceptables los escraches de carácter violento, entendiendo por tales los insultos graves, escupitajos, lanzamiento de objetos, agresiones o destrozos.

Respecto al lugar, están los escraches frente al domicilio de la víctima –o cuando está con la familia aunque vaya por la calle– y los que se realizan en un acto público o frente a su despacho. Hay bastante consenso en que son admisibles, siempre que no sean violentas, las concentraciones que buscan al político en el trabajo o en un acto público. Las líneas ahí son a veces difusas. Lo que es inadmisible es que se persiga al político hasta su casa, sea cual sea el motivo, como le pasó a la vicepresidenta. 

La tercera división sería entre los escraches motivados por la gestión política de la víctima –desahucios, pobreza, subida de impuestos, RTVV, etc– o los realizados por motivos ideológicos, como el sufrido por Oltra por no ser, a juicio de los fascistas, suficientemente española. Para la líder de Compromís esto último no son escraches, es fascismo, como si los fascistas no pudieran escrachar. También serán fascismo, si es coherente, los escraches que están sufriendo algunos guardias civiles y sus hijos en Cataluña por lo que representan o los padecidos por diputados de la oposición por sus ideas, como fue el caso de Rosa Díez.

Es importante tener claros los límites para no caer en contradicciones. Por ejemplo, nunca en domicilios y nunca con violencia. Si no, puede ocurrir que a la vicepresidenta del Consell le parezcan bien los escraches a domicilio si son de día, a cara descubierta y por razón de su actuación política, y cualquier día se le planten delante del chalet, mientras sus hijos comen, las familias de los dependientes que aún no han cobrado las ayudas, los padres de menores tutelados, los empresarios de residencias de ancianos que ven como no se adjudican las plazas, las familias con niños en barracones o los extrabajadores de RTVV que se aún no se han colocado en À Punt.

Dicho lo cual, caiga el peso de la ley sobre José Luis Roberto y su banda, aunque la Abogacía de la Generalitat no haya encontrado en el Código Penal un artículo en el que encuadrar el ¡Qué viva España! de Manolo Escobar, ni siquiera en el himno de Pemán que tanto gustaba a Franco. En su denuncia, se agarra con pinzas al delito del 172 párrafo tercero –coacciones– "o cualquier otro", añade, tales como "un delito de odio" o bien "desórdenes públicos". 

El caso es que cuando los escraches los sufrían altos cargos del PP, el ministro Jorge Fernández anunció en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana una multa para este tipo de manifestaciones. Sin embargo, durante la tramitación y, gracias a la presión del resto de partidos y de la sociedad, la ‘ley mordaza’ se suavizó en algunos aspectos –desgraciadamente, no en otros– y esa multa desapareció.