El monumento de Torre Placia, uno de los baluartes que conforman el BIC de las Torres de la Huerta, para los que se configura un entorno de protección específico ajustado a la realidad actual de su perímetro. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El bipartito de Alicante activa oficialmente el proceso para aprobar la nueva versión del catálogo de protecciones de la ciudad, con la adopción del acuerdo para su exposición al público durante 45 días, sin contar todavía con garantías de que pueda sumar la mayoría absoluta que resulta necesaria (15 votos en una corporación de 29 ediles) para que la propuesta prospere.
El paso definitivo para su tramitación se da, además, en un momento en el que las relaciones de PP y Cs con los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) no pasan precisamente por su mejor momento, a la vista de los argumentos expuestos en el debate sobre la aprobación definitiva del presupuesto de 2020 sobre la falta de diálogo que las cuatro formaciones atribuyen al bipartito. Por ahora, PP y Cs ni siquiera pueden contar con la certeza de que los dos ediles de Vox vayan a secundar su propuesta de catálogo con un sí: una diferencia sustancial respecto al debate de las cuentas municipales, en el que al bipartito sí le vale con que los dos regidores del partido de Santiago Abascal reproduzcan la abstención de la comisión de Hacienda.
Lo cierto es que ninguno de los cuatro grupos opositores conoce hasta ahora el contenido de la propuesta en profundidad, más allá de los contactos preliminares que se produjeron entre noviembre y diciembre de 2019. En principio, el bipartito prevé informarles sobre las determinaciones del nuevo documento en una comisión informativa de Urbanismo que podría celebrarse de manera presencial a mediados de la próxima semana. Hasta el momento, los grupos de la oposición -en especial, PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís- han reprochado al bipartito que no se haya compartido el contenido de la propuesta, incluso después de haber ofrecido una comparecencia pública ante los medios de comunicación, y que no se les haya tenido en cuenta a la hora de elaborar la nueva propuesta, sobre la base del documento que no llegó a aprobarse bajo el mandato del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2017. Ese malestar en las filas de la oposición se agravó después de que la Junta de Gobierno aprobase el acuerdo de su exposición al público.
Si la propuesta prospera tras reunir mayoría absoluta, podría quedar aprobada definitivamente en un plazo de 8 meses
¿Qué supone ese acuerdo? En concreto, conlleva la apertura de un plazo de exposición pública de la versión preliminar del catálogo por un plazo de 45 días hábiles, que debería comenzar a contabilizarse en el momento en el que se levante la declaración del estado de alarma. En principio, no será necesario esperar a esa fecha, más allá de que esa situación pueda prolongarse hasta el 9 de junio (si prospera la petición de quinta prórroga que se debate este miércoles en el Congreso de los Diputados), ya que el Ejecutivo central anunció este mismo martes que los plazos procesales y administrativos volverán a correr a partir del próximo 4 de junio. En todo caso, el bipartito ya estaba estudiando la posibilidad de adelantar los plazos mediante un nuevo decreto de Alcaldía similar al que se procuró para retomar el periodo de exposición al público del presupuesto.
En el momento en el que se complete ese plazo, se revisarán las sugerencias presentadas en ese periodo de participación pública y se incorporarán las que se considere que pueden tener encaje desde un punto de vista técnico y que puedan resultar oportunas en defensa del interés público. A partir de ahí, se producirá una primera votación en comisión informativa de Urbanismo y se llevará a pleno para su aprobación provisional. En el caso de que la propuesta sume los 15 votos que -como mínimo- resultan necesarios, se elevará a la consideración de la Generalitat para que revise la propuesta y la ratifique. Después, el catálogo volverá a pleno para su aprobación definitiva. Todo ese proceso podría prolongarse al menos durante los próximos ocho meses, según precisaron fuentes del equipo de Gobierno consultadas por Alicante Plaza.
Las claves de la propuesta se confirmaron hace dos semanas, en una comparecencia ofrecida por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs). Entre ellas, figuraría la determinación de espacios de protección específicos para los entornos de las Torres de la Huerta y la eliminación de las restricciones con carácter general a la construcción de más alturas en los edificios protegidos en los que el Plan General permita nuevas elevaciones. En la nueva versión del documento se sigue procurando compensaciones por valor de 9 millones de euros en los casos concretos de edificios que presenten determinadas singularidades en los que no se contemple esa posibilidad.
Por lo demás, la nueva versión del catálogo reconoce al edificio del antiguo cine Ideal como Bien de Relevancia Local (BRL) e incluye la ficha específica relacionada con el recorrido de la romería de Santa Faz como patrimonio cultural, como ya sucedía en la propuesta trazada durante el pasado mandato.
