ALICANTE. La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante a través del letrado José María López Coig, sigue los pasos de la Fiscalía Anticorrupción y también mantiene los términos de su acusación inicial frente a los nueve procesados en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del 'caso Brugal'. Eso sí, además de plantear una calificación alternativa para el supuesto de que no se considerase que el abogado de Salvetti, José Luis Castedo, tuviese la condición de funcionario, López Coig ha abundado en algunos de los aspectos no mencionados por los fiscales en la jornada del martes.
En concreto, se ha referido al "motivo real" que propició que el Ayuntamiento acabase desistiendo de la tramitación del que debía convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad: un argumento utilizado por las defensas para asegurar que, en realidad, nada de lo que pudiese negociarse entre los procesados llegó a tener efectos reales. Así, López Coig ha sostenido que la causa real que, finalmente, llevó al equipo de Gobierno del PP a retirar ese documento fue "la instrucción de esta causa y el escándalo mediático" que motivó esa investigación, después de que se produjesen "las filtraciones que odiamos todos los operadores jurídicos", aunque ha apuntado que, en realidad, el "revuelo mediático" arrancó en 2006, con la rescisión del contrato con el arquitecto urbanista Luis Cantallops, a quien se le había encomendado inicialmente la relación del PGOU.
En todo caso, para subrayar esa tesis sobre el auténtico motivo del desestimiento, ha resaltado que la segunda aprobación del PGOU bajo sospecha se produjo el 31 de mayo de 2010 y que el 21 de septiembre de ese año se elevó a la dirección territorial de la Conselleria de Urbanismo para que validase ese nuevo planeamiento. Es decir, que la renuncia a ese documento, como ha apuntado López Coig, se produjo en febrero de 2015, cinco años más tarde y después de que Sonia Castedo hubiese presentado su dimisión como alcaldesa, en diciembre de 2014.
En esta línea, ha subrayado los argumentos recogidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 en el auto de apertura de juicio, en el que apuntó que el pleno del ayuntamiento justificó la retirada del PGOU con el argumento de que la situación de la ciudad había cambiado como consecuencia de la crisis económica, cuando esa crisis se había iniciado mucho antes, en 2007.
Más tarde, el letrado de la acusación particular (un abogado externo a los servicios jurídicos municipales, contratado durante la etapa de mandato del extinto tripartito) se ha referido a los ejemplos que, en su opinión, acreditarían que los dos exalcaldes procesados, Luis Díaz Alperi y Castedo, procuraron un trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la redacción del PGOU objeto de análisis. Entre ellos, ha citado la respuesta facilitada a la propuesta de Plan de Reforma Interior (PRI) del estadio José Rico Pérez, presentado por la sociedad Aligestión (participada por Ortiz), que acabó integrándose en los trabajos de revisión del PGOU, "dando el tratamiento de una actuación pública a lo que en realidad era una operación privada". Así, ha insistido en que, a diferencia de lo declarado por Castedo en el juicio, Aligestión no llegó a tener nunca la condición de agente urbanizador y por lo tanto no era representante de la administración pública, puesto que nunca llegó a aprobarse formalmente esa propuesta de PRI.
Sin embargo, según López Coig, Castedo y Alperi "autorizaron" que Ortiz estuviese en comunicación constante con el segundo redactor del PGOU, Jesús Quesada, y que se le facilitase documentación del nuevo planeamiento antes de que fuese pública, como -según ha apuntado- sucedió con la ficha relacionada con el Rico Pérez, que estuvo a disposición de los arquitectos que trabajaban para las empresas de Ortiz.
Igualmente, el letrado que representa al Ayuntamiento ha insistido en las presuntas prebendas facilitadas por Ortiz a los dos exdirigentes políticos que mediaron en la concesión de ese trato de favor. En este sentido, se ha referido al viaje a Creta realizado por Alperi y costeado por Ortiz, a través de personas interpuestas, o las entregas en metálico (los denominados "bocadillos" en las conversaciones captadas por la Policía) realizadas mediante la simulación de pagos entre empresas.
Así, ha insistido en que tanto Castedo como Alperi facilitaron esa información reservada sobre el futuro planeamiento a cambio de que Ortiz pudiese facilitar un empleo a las personas que ellos recomendaron. Y también ha incluido entre esas dádivas la entrega del vehículo modelo Mini Cooper que según López Coig sobre el que ha considerado que no llegó a producirse ninguna venta, puesto que la propia Castedo, en una de las conversaciones captadas por los investigadores, agradeció ese regalo. "Si hubo una compra, no había regalo que agradecer", ha señalado. Además, también ha considerado que el supuesto precio pactado por ese vehículo, de entorno a 5.000 euros, cuando tendría un valor de 300.000 "ya era en sí mismo un regalo".
También se ha referido a los viajes a Ibiza disfrutados por Castedo en el yate de Ortiz como otra de las presuntas prebendas. En este sentido, ha considerado que el precio de esa dádiva debía considerarse como un viaje para seis personas, puesto que además de Castedo y su marido, también participaron su hija y el matrimonio de Julia Castelló, "invitado por su condición de amigos de la exalcaldesa".
Por último, se ha referido a los informes periciales aportados por la defensa relacionados con los CD sobre las grabaciones entregadas por el empresario Ángel Fenoll, ha sostenido que no aportan nada para esta causa, puesto que esos análisis no se refieren a las grabaciones originales. Y también ha señalado que las referencias constantes a la anulación de las escuchas acordada por sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia en relación a la causa sobre la supuesta adjudicación irregular del contrato de la basura de Orihuela no afectan a la causa sobre el PGOU puesto que "en esa sentencia no se anularon todas las escuchas, sino una parte". Además, también ha insistido en defender la integridad de esas grabaciones, al sostener que está garantizada por el sistema Sitel.
El letrado de EU, que ejerce la acusación popular, asegura que Ortiz dispuso de documentación sobre el futuro planeamiento antes de que tuviese entrada en el Ayuntamiento, como el propio Ortiz aseguró en sus conversaciones con otros empresarios
Por último, ha insistido en que la obligación de la administración era velar por la igualdad de trato respecto al conjunto de ciudadanos en la confección del nuevo planeamiento. "La información es poder, y en el caso de un PGOU, la información es dinero", ha recalcado. Por ello, se ha ratificado en sus peticiones de condena para los nueve procesados. Además de Ortiz, Alperi y Castedo, y de su hermano, el abogado José Luis Castedo, la lista de acusados se completa con el también letrado de Salvetti, Javier Gutiérrez, y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
Por su parte, el abogado que ejerce la acusación popular en representación de Esquerra Unida (EU), José Luis Romero, también ha insistido en deslegitimar la oportunidad del testimonio de Fenoll, a propuesta de las defensas. Al respecto, ha señalado que su relevancia en la causa sobre el PGOU de Alicante se ciñe a haber sido la persona que aportó las grabaciones con las que se dio inicio a las investigaciones de la Fiscalía. Igualmente, también ha tratado de restar relevancia a los informes periciales aportados por las defensas en relación a las escuchas captadas por la Policía al insistir en que la integridad de esas conversaciones de la que se duda en esos análisis está garantizada por el mismo sistema Sitel del Ministerio del Interior, en el que se almacenan todas las escuchas autorizadas judicialmente que forman parte de investigaciones policiales.
Acto seguido, Romero también ha subrayado el argumento inicial con el que la Fiscalía Anticorrupción dio comienzo a la exposición de su informe de conclusiones: que, según la legislación, la actividad urbanística es una función pública y que debe servir a los intereses generales. Así, ha recalcado, igualmente, que se dio a las sociedades de Ortiz el trato de agente urbanizador en planes como el PRI del Rico Pérez cuando no tuvo nunca esa condición.
En esta línea, el letrado representante de EU ha recalcado, como ya hizo la Fiscalía el martes, que Ortiz dispuso de documentación sobre el que iba a convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad "antes de que tuviese entrada en el Ayuntamiento, el 30 de julio de 2008". Y ha subrayado que eso fue posible gracias a la intervención de Alperi y Castedo, que ejercían como funcionarios públicos. La misma condición que ha extendido para los responsables de Laboratorio de Proyectos (el arquitecto Jesús Quesada) y para el abogado Javier Gutérrez, colaborador de ese despacho de arquitectura. A juicio de Romero, prueba de que Ortiz dispuso de esos planos sería que él mismo "hizo gala de ello" en sus conversaciones con una extensa relación de empresarios que también tenían intereses urbanísticos. En el acceso a esa información privilegiada, según Romero, fue trascendental "la relación de amistad personal" que existía entre Ortiz y los dos exalcaldes, "como se pone de manifiesto en su extensa relación de conversaciones" captadas por la Policía.
La defensa del constructor Ramón Salvador ratifica su adhesión al escrito de acusación de la Fiscalía, modificado tras el pacto de conformidad por el que se declaraba culpable de un delito de corrupción de autoridades
De igual modo, el letrado también se ha referido al tratamiento del PRI del Rico Pérez, sobre la que también ha señalado que Ortiz dispuso de la ficha que iba a incluirse en el nuevo PGOU pese a que no tenía la condición de agente urbanizador. Y, como señaló la Fiscalía y el abogado del Ayuntamiento, también ha recalcado que ese proyecto de remodelación del estadio, con el que se pretendía obtener "importantes plusvalías", se incorporó en la redacción del nuevo planeamiento como si se tratase de una actuación "de oficio" impulsada por la propia administración cuando se trataba de un proyecto de iniciativa privada.
También se ha referido al proyecto de la llamada Ciudad de la Economía en terrenos de Aguamarga. Al respecto, ha negado que pueda alegarse que ya se conocía que parte de ese sector iba a quedar protegido a través de la publicación del Plan de Acción Territorial del área Metropolitana de Alicante y Elche (Patemae) porque ese plan "no existía". Romero ha insistido en las conversaciones captadas a Ortiz, que esa actuación se trataba de "un traje a medida para la CAM". Después, ha insistido en el relato de su escrito de acusación inicial para remarcar el cambio de criterio que se registró respecto al índice de compensación sobre los suelos reconocidos como parque natural entre la primera y la segunda aprobación provisional del PGOU.
Como el resto de las acusaciones, ha considerado probadas todas las dádivas concedidas a los exalcaldes, desde las entregas de dinero en metálico a Alperi, hasta el regalo del Mini o los viajes a Andorra e Ibiza. Y por último ha solicitado a la sala que tenga en cuenta el escrito de conformidad firmado por Ortiz, su hermano y Bernáldez, del que los tres procesados se retractaron después, "espoleados por la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia relacionada con las basuras de Orihuela". Respecto a la solicitud de las defensas de que se considerase como atenuante las dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, Romero ha apuntado que debería evaluarse que parte de la demora en la instrucción derivó de la elección de Alperi y Castedo como diputados autonómicos, lo que les convirtió en aforados.
Las intervenciones de la acusación particular y popular han dado paso a la exposición de los informes de las dos primeras defensas por parte de los representantes legales de Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
Antes, en el inicio de la sesión, el representante legal que ejerce la defensa del constructor ilicitano, Ramón Salvador, ha ratificado que se adhería a la modificación del escrito de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, en lo que se refiere al pacto de conformidad alcanzado el pasado mes de febrero, por el que se declaraba autor de un delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos castigado con una pena de tres meses de prisión, computables por multa.
El juicio prosigue este jueves con la intervención del resto de las defensas: las que representan a Sonia Castedo, Díaz Alperi, Enrique Ortiz y los abogados del despacho Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo.