ALICANTE. El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2018 vuelve a pleno en otro test de estrés para la corporación municipal. El equipo de Gobierno, compuesto ahora por seis ediles del PSOE tras la ruptura del tripartito, prevé llevar a la comisión de Hacienda, el próximo jueves, la propuesta de resolución de las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial de las cuentas, el pasado 15 de febrero. En ese momento, la propuesta contó con los votos favorables de PSOE, de Guanyar, de Compromís y del edil no adscrito, Fernando Sepulcre (exconcejal de Ciudadanos), después de que los socialistas aceptasen incorporar un anexo con un listado de compromisos políticos para la ejecución de determinadas iniciativas de sus dos exsocios de Gobierno, aunque también alguna de las propuestas presentadas por Sepulcre y por Cs. Esas propuestas debían dotarse de fondos en cuanto fuese posible mediante modificaciones de crédito, mediante la concertación de un préstamo bancario o mediante las llamadas inversiones sostenibles, con el remanente (ahorros) del presupuesto de 2017.
Según precisaron fuentes municipales y la propia edil de Hacienda, Sofía Morales, en el periodo de exposición pública se han presentado una veintena de alegaciones. En su mayor parte proceden de sindicatos, como el SEP, que reivindican partidas específicas para favorecer la ampliación de plantillas y para el desarrollo de la carrera profesional. No obstante, también las ha habido de ciudadanos particulares que reclaman inversiones específicas para sus barrios. Según las mismas fuentes, los técnicos de la concejalía estarían ultimando ahora su resolución con el objetivo de que la planificación económica pueda quedar aprobada de forma definitiva en el pleno ordinario de marzo, el próximo día 29.
Se trata de una condición indispensable para que esas cuentas entren en vigor, de modo que se pueda comenzar a ejecutar sus previsiones: fundamentalmente, la licitación de las inversiones ordinarias por 10 millones de euros, entre las que figuran en torno a 5 millones para proyectos relacionados con el plan de reurbanización del área de Las Cigarreras, cofinanciada por la Unión Europea (UE), como estrategia DUSI.
El debate llega, otra vez, en un momento especialmente delicado para la estabilidad institucional del Ayuntamiento: después de que la Audiencia Provincial haya ratificado el procesamiento del alcalde, Gabriel Echávarri, por el supuesto fraccionamiento de contratos del caso Comercio; después de que la Fiscalía haya solicitado también su procesamiento por el despido supuestamente irregular de una trabajadora interina (cuñada del portavoz del PP); después de que el primer edil haya exigido un apoyo incondicional a su número 2 Eva Montesinos para que se pueda producir su renuncia al cargo y la investidura de una nueva alcaldesa socialista; y, por último, después de que el PP haya lanzado una propuesta al resto de grupos de la oposición para que apoyen una moción de censura que aparte a Echávarri de la Alcaldía.
Ese complejo escenario político que afecta a la gobernabilidad de la ciudad augura que, como mínimo, el debate volverá a ser tenso. Todo parece indicar que los mismos grupos políticos que propiciaron la aprobación inicial de las cuentas -Guanyar y Compromís, además del PSOE- mantendrán el sentido de su voto. Y, a priori, lo esperable es que Sepulcre también repita su voto favorable. En el caso de que cambiase su posición, el presupuesto no prosperaría, ya que PP, Cs y la segunda edil no adscrita, Nerea Belmonte, votaron en contra en el pleno de aprobación inicial.