Foto: EP/Eduardo ParraMADRID (EP). El Gobierno remitirá este lunes a la Comisión Europea el plan presupuestario de 2019 que incluirá buena parte de las medidas recogidas en el acuerdo presupuestario suscrito el viernes con Podemos, así como las cifras macroeconómicas y la previsión de ingresos y gastos derivada de las medidas fiscales previstas.
El envío del borrador presupuestario a Bruselas se producirá después de que el documento reciba el aval en una nueva reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, tras la que está previsto que comparezcan en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
En la rueda de prensa del pasado viernes, Montero detalló que se prevé una recaudación de 5.678 millones de euros con las medidas de la reforma fiscal y lucha contra el fraude acordada con Podemos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, sin incluir los ingresos por cotizaciones, y un gasto de en torno a 2.082 millones de euros asociado sólo a la Administración General del Estado (AGE), sin incluir por tanto los gastos asociados a las comunidades autónomas, que manejan Educación o Sanidad, ni el gasto relativo a la Seguridad Social, en el que se incluye la revalorización de las pensiones.
No obstante, reconoció que las cifras totales referidas al acuerdo alcanzado con Podemos "se aproximarán" a las dadas por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que eleva el gasto a 5.729 millones de euros y los ingresos a 7.240 millones de euros.
Este lunes Calviño detallará las cifras macroeconómicas, que actualmente se sitúan, en el caso de las previsiones de crecimiento, en el 2,7% este año y en el 2,4% en 2019. La senda de déficit planteada por el Gobierno y rechazada por el Congreso plantea un déficit del 2,7% este año, cinco décimas más que la senda del Ejecutivo de Rajoy, un 1,8% para 2019 (cinco décimas más) y un 1,1% para 2020 (ocho décimas más).
Montero y el resto de miembros del Gobierno han criticado en reiteradas ocasiones el rechazo del PP y Cs a la nueva senda, que supone una relajación de 6.000 millones de los objetivos, acordada además con Bruselas, así como su oposición a la reforma 'exprés' planteada por el Gobierno para eliminar el veto del Senado a la senda de estabilidad presupuestaria. En todo caso, Montero apuntó que el techo de gasto no variará apenas de una senda a otra.
En todo caso, el Gobierno pidió apoyo al resto de formaciones para los PGE y dijo que "todas" las partes tendrán que renunciar a algo. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, hizo un llamamiento a los partidos catalanes para contar con su respaldo ya que se destinarán 2.200 millones a Cataluña.
Por su parte, el PDeCAT se abrió a negociar las nuevas cuentas, aunque considera que hay carencias en el pacto anunciado, al tiempo que ERC advirtió de que su partido no negociará si no hay antes "movimientos inmediatos" de Sánchez a favor de los presos soberanistas y la autodeterminación de Cataluña.
Entre tanto, desde el PNV describieron el acuerdo como "unas líneas generales" para Europa y creen que después empezará la verdadera negociación. Mientras, en el PP ven en el acuerdo "la semilla de la próxima crisis económica en España", con medidas que "llevan a más paro, más impuestos, más inflación y menos crecimiento".
Entre las principales medidas que recoge el acuerdo presupuestario suscrito entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se encuentra el aumento a 900 euros del Salario Mínimo, y el alza del 3% a pensiones mínimas y no contributivas (coste de 384 millones). El resto de las pensiones aumentarán un 1,6% (coste 704 millones), según el IPC previsto para el año que viene.
La recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la reforma en 2019 del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales o la derogación de los aspectos 'más lesivos' de la reforma laboral de 2012 son otros de los aspectos en materia laboral.
En materia de vivienda, recoge un incremento del 38% del presupuesto para vivienda con mayor protección para los inquilinos, la regulación por los ayuntamientos de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, el aumento del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años o el ya anunciado plan para construir 20.000 viviendas de alquiler.
También incluye una "profunda" reforma del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que "cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.
En materia impositiva, el tipo máximo del IRPF se elevará dos puntos para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019 y aumentará cuatros puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros. Actualmente, el tipo máximo del impuesto se sitúa en el 45% en el tramo estatal. Montero dijo que la subida afectará solo al 0,5% de contribuyentes; Gestha calcula que afectará a más de 121.500 personas y la recaudación será de 860 millones.
Igualmente, se establece una tributación mínima de un 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones y la disminución del tipo nominal del 25% al 23% para pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros.
En paralelo, se elevará la fiscalidad del ahorro, que se incrementará en cuatros puntos porcentuales para rentas superiores a los 140.000 euros, hasta el 27%; se aumentará el Impuesto sobre el Patrimonio un 1% a fortunas de más de 10 millones de euros y se bajará del 10% al 4% el tipo del IVA aplicado a los productos de higiene femenina, así como del 21% al 10% el que grava los servicios veterinarios. La equiparación del diésel con la gasolina se incluirá en la Ley de Cambio Climático o en los PGE.
Se creará un Impuesto sobre determinados servicios digitales, que gravará las empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, para gravar un 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
Otro impuesto que verá la luz es el de las Transacciones financieras que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
En lucha contra el fraude se añadirá a la lista de morosos de la Agencia Tributaria los responsables solidarios y se reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros, frente al importe de millón de euros actual. También se reducirá a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales pueden realizar en efectivo y se prohibirán las amnistías fiscales.
En materia social se fijarán permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y remunerados por ley. En 2019 el permiso de paternidad se ampliará a ocho semanas, con un coste de 300 millones de euros; se aumentarán las becas y ayudas al estudio, reducción de las tasas universitarias a niveles precrisis y se procederá a la universalización y gratuidad de la educación de 0 a 3 años permitiendo a los ayuntamientos con superávit invertir en escuelas infantiles.
Los PGE incluirán un incremento de la prestación por hijo a cargo hasta 473 euros anuales en los PGE con el objetivo de que casi 100.000 niños salgan de la pobreza severa; se invertirán 25 millones de euros en ayudas para comedor y se destinarán 515 millones de euros más para el Sistema de Dependencia, hasta los 1.800 millones.
Verá la luz un nuevo plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, "estable e ininterrumpido" hasta 2020 y se aumentará el presupuesto para ciencia e I+D+i en un 6,7% en 2019.
