VALÈNCIA. Primeros pasos para la liberalización del peaje de la AP-7, explotada en la actualidad por Abertis y cuya concesión vence el próximo 31 de diciembre. El Consejo de Ministros tiene previsto sacar adelante este viernes la licitación de cuatro contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la autopista AP-7 entre Salou (Tarragona) y Alicante por valor estimado de 129,17 millones de euros.
Unas licitaciones para las operaciones de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en los sectores de Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante, que suponen el principio del fin de la concesión. El objetivo es conseguir a los contratistas antes de la reversión al Estado de la gestión de este tramo de autopista, según detallan a este diario fuentes del Ministerio de Fomento. Unos contratos que incluyen la subrogación del personal que realiza las labores de conservación actualmente en la autopista. "Ese es nuestro compromiso", subrayan desde el departamento que dirige José Luis Ábalos.
Entre las actuaciones previstas están los trabajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización.
Además, se incluyen las labores de inventarios y reconocimientos de estado, agenda de información de estado y funcionamiento de la carretera, programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de accidentalidad e informes de seguridad vial. También contemplan trabajos de desbroce, fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en general, todas las labores de conservación ordinaria de las vías a su cargo.
Por sectores, el valor estimado del contrato para la explotación del tramo de Tarragona, desde el punto kilométrico 258+500 al 346+800, es de 29,83 millones de euros, mientras que asciende a 36,71 millones de euros en Castellón desde el kilómetro 346+800 al 471+000. A su paso por Valencia, desde el kilómetro 532+000 al 608+600, el valor estimado es de 28,75 millones de euros frente a los 33,88 millones previstos para el sector de carreteras número tres en Alicante que incluye no sólo la Ap-7, desde el kilómetro 608+600 al 678+950, sino también varios tramos de la N-332.
A medida que se aproximaba el fin de la concesión se ha generado un debate con partidarios y detractores en torno a si la gestión pública será lo más conveniente por el posible impacto que podría conllevar tanto a nivel económico como medioambiental. Su principal defensor ha sido el propio ministro Ábalos que poco tiempo después de acceder al cargo en 2018 se comprometió con la recuperación de esta autopista por parte del Estado, una hoja de ruta en sintonía con la del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien se ha mostrado tajante respecto a la gratuidad de esta vía que actualmente gestiona Abertis, grupo actualmente controlado por ACS y su socio italiano Atlantia, y por la que circulan cada día de media 20.071 conductores en el tramo entre Tarragona y València y 19.205 en el trayecto Valencia-Alicante.
No obstante, desde algunos sectores se ha puesto la voz de alarma sobre las implicaciones que esta decisión tanto por el coste económico como a nivel medioambiental y social. Según un estudio publicado por EuroRAP, liberalizar la autopista del Mediterráneo generará un déficit de más de 300 millones de euros en el periodo 2020-2030. También el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) advertía del aumento del tráfico en casi 20.000 vehículos más en 2030. Sin embargo, reconocía que se trata de una demanda social que genera un agravio comparativo frente a otras autonomías con autopistas totalmente gratuitas.
Ante este escenario, la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana proponía un "peaje blando" para destinar los recursos al mantenimiento de la infraestructura, mientras que desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), han planteado un impuesto anual a los vehículos, conocido como la 'viñeta', como el que tienen en Suiza cuyas autopistas son gratuitas y se paga 35 euros por vehículo al año para el mantenimiento de las infraestructuras de ese tipo.