VALÈNCIA. De cada 100 denuncias interpuestas en la Comunitat Valenciana durante el primer Estado de Alarma por la Policía Nacional o la Guardia Civil, 94 no se han pagado más de medio año después de que se levantaran las restricciones. Si se mira de otro modo, el Estado ha cobrado hasta el momento sólo el 6% de aquellas sanciones puestas en territorio valenciano, según datos del Ministerio de Política Territorial circunscritos a la Comunitat.
Durante el primer Estado de Alarma las competencias de seguridad y todos los cuerpos policiales quedaron bajo el mando del ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska con el propósito de coordinar el control del cumplimiento del confinamiento y el resto de medidas restrictivas. Eran las delegaciones de Gobierno las encargadas de centralizar la tramitación de las denuncias suscritas tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil, la policía autonómica y las policías locales.
Así pues, esta situación se extendió durante los tres meses de primavera, un período en que los cuerpos estatales estatales pusieron en torno a 100.000 denuncias por el incumplimiento de las restricciones y el confinamiento, tal como explican desde la Delegación de Gobierno. A ellas habría que añadir las multas emitidas por la policía autonómica y los cuerpos de policía locales. Con todo, según los últimos datos, únicamente se han abonado 6.000 multas del montante total.
Por un lado, los técnicos encargados de tramitar las denuncias interpuestas por los agentes han detectado que un porcentaje importante de ellas no se pueden tramitar por defectos de forma: ausencia de datos esenciales en las actas, errores en los datos recogidos, etcétera. Se calcula que esta circunstancia podría afectar a un quinto del total, el 20%, aunque fuentes de la Delegación de Gobierno explican que esto no es singular del Estado de Alarma, sino que ocurre también en situaciones ajenas a este.
Desde que se le notifica al infractor la denuncia, puede optar por el pronto pago, que conlleva una rebaja del 50% en la multa. Aquí es donde cabría encuadrar buena parte de las sanciones pagadas hasta el momento. El resto continúan su tramitación administrativa, y es donde entra en juego un aspecto particular en las denuncias interpuestas por las restricciones del primer confinamiento: su elevada litigiosidad.
El infractor tiene la oportunidad de presentar alegaciones para que sean tenidas en cuenta por los técnicos, que al final puede anular la sanción o ratificarla. Y superado este estadio, si la persona denunciada sigue estando en desacuerdo con la resolución, puede optar por llevarla a los juzgados de lo contencioso-administrativo, que es lo que está ocurriendo en multitud de ocasiones, afirman las mencionadas fuentes. El motivo: las dudas jurídicas surgidas en torno a la legalidad de estas sanciones.
No pocos juristas habían puesto encima de la mesa interrogantes de este tipo, al advertir de una avalancha de recursos en los tribunales y de una elevada posibilidad de que los jueces acabaran anulando muchas de las multas. Aviso que a la postre se está revelando certero: juzgados de lo contencioso de Segovia, Pamplona, Vigo, León, Lugo o Valladolid ya han tumbado diversas sanciones en este sentido, la gran mayoría sustentadas en una infracción por desobediencia recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza'.
El Ministerio de Interior entendía que el mero incumplimiento de las restricciones aprobadas en los decretos del Gobierno era caer ya en la desobediencia, pero tal y como señalaban múltiples juristas, y ahora también los jueces, para incurrir en ella es preciso que los agentes adviertan al infractor en cuestión del incumplimiento y que éste se niegue a acatar las restricciones. Sin advertencia y oposición, por ende, no puede haber desobediencia, según la jurisprudencia adoptada en esta línea.
Con todo, los datos disponibles en la Delegación de Gobierno, que encabeza Gloria Calero en cuanto a los trámites burocráticos dan a entender que se va por buen camino, pese al aluvión de 100.000 propuestas de sanción recogidas durante aquellos tres meses. Desde que finalizara el Estado de Alarma en junio, la administración cuenta con un año para tramitar todas aquellas denuncias, y por ahora no hay excesivo retraso: cerca de la mitad están ya tramitadas o en vías de tramitación.
"Estamos dando prioridad a las denuncias que se deben a comportamientos muy irresponsables y en los que la sanción es muy clara", subrayan en el departamento de Calero, donde se admite que una situación como el primer Estado de Alarma pilla de imprevisto a cualquier administración, pero con el paso de los meses "se ha reforzado el servicio que tramita las denuncias" y se ha alcanzado un nivel óptimo en el proceso administrativo. Las denuncias puestas durante el segundo Estado de Alarma, por su parte, ya dependen de las comunidades autónomas, y en el caso de la valenciana, el departamento encargado es la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo.
