VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha entregado este lunes a las Corts el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2018.
En general, las cuentas de la Generalitat cumplen con los principios contables y la normativa aplicable, con algunas salvedades que se comentan en el Informe. En su análisis los auditores no han encontrado situaciones en las que pudieran concurrir las características de la responsabilidad contable.
Eso sí, asegura el informe que la Generalitat incumplió la ley en el acuerdo transaccional suscrito con Ribera Salud, concesionaria del servicio de asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de La Ribera, por el cual se revisan las liquidaciones de los ejercicios 2013 a 2015.
Ni tampoco los dos acuerdos transaccionales suscritos con la Fundación IVO, en virtud de los cuales se reconoce la deuda derivada de las prestaciones de asistencia oncológica integral realizadas en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2017, así como la derivada de los servicios prestados durante el periodo 2012 a 2016 a pacientes provenientes de departamentos de salud gestionados mediante contratos de concesión administrativa.
Es decir que la Intervención de la Generalitat no ejerció, en el caso del IVO, con su función de controlar, antes de que sean aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven. Traducido: no se aplicaron la disposiciones del articulo 97.1 de la Ley de Hacienda 1/2015.
En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat Valenciana, el informe destaca el importante desequilibrio patrimonial de la Administración de la Generalitat a 31 de diciembre de 2018. Los fondos propios son negativos por 30.096,6 millones de euros y la deuda financiera ha ascendido hasta los 46.782,6 millones. No obstante, el endeudamiento en porcentaje del PIB se ha reducido por segundo año consecutivo.
El órgano fiscalizador llama la atención por el aumento del déficit respecto al ejercicio anterior, rompiendo así la tendencia experimentada en los tres años anteriores, debido a un mayor aumento en los gastos que en los ingresos.
El informe publicado incluye las auditorías de las cuentas anuales de la Administración, la contratación y los gastos de personal, así como el control formal de los entes del sector público autonómico valenciano y el seguimiento de las recomendaciones e incidencias incluidas en los informes de los últimos tres años.
La Sindicatura ha identificado varias salvedades en la auditoría financiera de las cuentas de la Generalitat Valenciana. Por ejemplo en los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral, aún quedan 38 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o en trámite de elaboración, por lo que no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración de 2018.
Además, la Sindicatura de Comptes insiste en que sigue habiendo dificultades para estimar de forma razonable las obligaciones que tendrá que reconocer la Generalitat por las ayudas que la administración adeuda en materia del Plan de Vivienda.
Por otra parte y a la vista del gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, se observa un defecto de provisión para su cobertura superior a los 75 millones de euros.
El Informe también destaca que los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria (cuenta 409) vulneran lo dispuesto en la normativa, si bien existe la posibilidad de convalidar las obligaciones de ejercicios anteriores mediante autorización expresa del Consell. En este sentido, en el ejercicio 2018, se han tramitado 384 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.422,4 millones de euros.
En materia de contratación, la Sindicatura ha identificado algunos incumplimientos comunes en varios de los expedientes analizados, como son que la fórmula matemática no permita de manera razonable la efectividad de la importancia relativa de la oferta económica, la falta de garantía respecto el principio de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, la ausencia de determinada documentación en los expedientes, la falta de concreción en el objeto del contrato o en el precio, una justificación inadecuada de la elección de los criterios, el incumplimiento de los requisitos para la tramitación de urgencia o de emergencia, etc.
Otros aspectos de carácter puntual a destacar en el ámbito de la contratación tienen que ver con la insuficiente justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, así como con los indicios de fraccionamiento del objeto contractual en los denominados “pagos directos” por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario sin consignación presupuestaria.
Con respecto a la auditoría financiera de los gastos de personal, en general se muestran de acuerdo con el marco normativo aplicable en los aspectos significativos, con algunas salvedades por determinadas provisiones insuficientes.
Por su parte, la Sindicatura también ha detectado debilidades significativas en el grado de control existente en la gestión de los controles básicos de ciberseguridad de la Conselleria de Sanitat relacionados con los gastos de personal, así como una elevada temporalidad del personal estatutario de dicha conselleria.
Asimismo, de nuevo la Sindicatura alerta de las consecuencias negativas que el actual sistema de financiación autonómica tiene sobre la Comunitat en forma de falta de equidad horizontal y vertical. A su vez, advierte que la elevada deuda pública condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se adopten medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica padecida durante los últimos años.
Además, la institución fiscalizadora recuerda dos retos que deben afrontar la economía y el sector público: atenuar el cambio climático y adaptarse al declive de la energía procedente de los combustibles fósiles. Ambos hacen necesaria una transición social y sistémica que nos acerque a posiciones compatibles con una menor dotación energética y respetuosa con la capacidad de carga de la biosfera, en un entorno sin crecimiento económico en el que el sector público deberá aumentar su eficacia y eficiencia.
Además de la fiscalización de la Cuenta General, el informe recopila la fiscalización de entidades específicas de la administración valenciana, cuyos informes individuales ya han sido publicados a lo largo del segundo semestre de 2019: Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Aeropuerto de Castellón SL, Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana SA, Ciudad de la Luz SA, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA, Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana y el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana.