El tripartito de Alicante busca fórmulas que avalen la entrega del Rico Pérez al IVF

ALICANTE. Habrá traspaso del Rico Pérez al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sí o sí. Pero los tres partidos que comparten responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) quieren pertrecharse de todo tipo de garantías antes de cancelar definitivamente la condición resolutoria del contrato de compra-venta que se cerró con Aligestión (la sociedad liderada por el empresario Enrique Ortiz ahora en proceso de liquidación) en 2007 antes de permitir que el inmueble pase a manos del banco del Consell (su teórico adjudicatario en el proceso de subasta convocado por la administración concursal de Aligestión).  

El portavoz del tripartito y líder de Compromís, Natxo Bellido, precisó en declaraciones a Alicante Plaza, el jueves, que "todo el equipo de Gobierno va de la mano en el proceso" y que se están estudiando "cuál es la mejor fórmula" para que se materialice esa decisión con la máxima seguridad jurídica. Sobre todo, porque los informes elaborados por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo sobre el cumplimiento de uno de los requisitos fundamentales de la venta a Aligestión -la ejecución de reformas en el estadio por valor de 4,2 millones- no son concluyentes. Y no lo son porque no pueden serlo: los supuestos trabajos que Aligestión defiende haber acometido, incluso por un importe superior (más de 7 millones), son imposibles de evaluar porque en el ayuntamiento no se conserva documentación original de los proyectos y porque se ha actuado con obras posteriores sobre esas reformas.

De hecho, el mismo auto por el que se cierra la instrucción del caso Brugal y se da paso a la apertura de juicio oral (procesamiento) pone en duda la ejecución de esos trabajos de reforma. De ahí parte de las reservas que albergan algunos de los componentes del tripartito.  

Bellido sostuvo que probablemente la solución definitiva se conocerá el lunes, en el transcurso de la habitual reunión de coordinación del equipo de Gobierno. El objetivo es poder elevar la propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno del próximo martes, después de que fuese retirada en el último momento de la sesión de esta semana. 

La propuesta, en realidad un mero trámite para completar una decisión que ya tomó el PP en el año 2012, no llegó a debatirse por el hallazgo de "errores materiales" que se debían subsanar y por los recelos expresados por el grupo municipal de Compromís, que reclamó estudios adicionales y la valoración de posibles alternativas antes de avalar la decisión. Lo cierto es que, según Bellido, esas alternativas parecen no existir. El Ayuntamiento no está interesado en quedarse la propiedad del estadio y tampoco se ha encontrado ningún impedimento cierto (el incumplimiento de la ejecución de las reformas) para poder hacerlo.