SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Partido Popular de San Vicente ha recurrido al Síndic de Greuges ante la imposibilidad de obtener información solicitada al equipo de Gobierno desde el mes de julio. El Síndic recomienda al Ayuntamiento que se permita el acceso directo de “todos” los concejales al sistema de gestión electrónica de expedientes, reduciendo así la carga de trabajo innecesario que ello supone a los funcionarios y servicios municipales.
“Si no tienen nada que ocultar, no entendemos las trabas para facilitar información a la oposición, ni esta falta de transparencia”, afirma el portavoz popular, Óscar Lillo. “Es otra más del Gobierno que después alardea de ser transparente, de cercanía y comunicación con los vecinos. A la hora de la verdad, no es así”, señala el edil, quien indica que “han transcurrido tres meses desde que solicitamos información sobre unos gastos realizados, dos meses desde contestamos a una aclaración que se nos pidió, y a día de hoy seguimos sin poder acceder a ella, por lo que no nos ha quedado otra alternativa que denunciar la situación al Síndic de Greuges”.
El Síndic ha admitido la denuncia formulada por el Partido Popular ante todas las evidencias que la formación le ha mostrado con documentación de las solicitudes realizadas. Y ha remitido su resolución al Ayuntamiento de San Vicente, recomendando que se facilite cuanto antes la información pública solicitada y que se permita el acceso directo de “todos” los concejales al sistema de gestión electrónica de expedientes municipales. De esta manera, se reduciría tanto la necesidad constante de que la oposición presente solicitudes de acceso a la información pública, como la carga de trabajo innecesaria que soportan por ello los funcionarios y servicios municipales.
Además, recuerda al equipo de Gobierno el deber legal de contestar motivadamente las solicitudes de acceso a la información pública presentado por los concejales en el plazo legal máximo de cinco días, incluso si estas contienen datos personales o privados, puesto que a todos los concejales les obliga el deber de confidencialidad por igual.
“Consideramos este hecho como una falta de respeto a la labor que se nos ha encomendado por parte de los vecinos, que no es otra que la del control y fiscalización de la gestión del equipo de Gobierno”, menciona Lillo. Y expresa que “si denunciar en redes sociales o ante otras entidades es la única alternativa para poder ejercer correctamente nuestro trabajo, lo seguiremos haciendo para que no se vulneren nuestros derechos como parte del Gobierno municipal ni la de nuestros vecinos como últimos beneficiarios”.
