EU 'prende la mecha' de las denuncias: (otra vez) a vueltas con los contratos menores en Alicante

ALICANTE. Dicho y hecho. La agrupación local de Esquerra Unida (EU) en Alicante acudió este lunes a la Fiscalía para presentar una denuncia relacionada con siete contratos menores (de adjudicación directa, sin concurso) tramitados desde la Concejalía de Urbanismo en los que, a juicio de los representantes de la coalición, concurrirían indicios de un posible delito de prevaricación administrativa. La tesis que sostiene EU es que la tramitación de esos encargos debería haberse realizado de manera conjunta, a través de un contrato único, y no de forma separada, en lo que consideran que podría tratarse de un presunto fraccionamiento de contratos.

Como ya ha informado Alicante Plaza, se trata de siete trabajos vinculados, por un lado, a la planificación del proyecto de remodelación del frente litoral, en lo que atañe al tramo del frente de La Explanada. Y, por otro, a estudios con motivo de la ejecución de la primera fase de la rehabilitación del centro cultural municipal de Las Cigarreras, en la antigua fábrica de tabacos.

La denuncia señala, así, el mismo supuesto que acabó precipitando el procesamiento del exalcalde socialista Gabriel Echávarri y su posterior dimisión, en abril de 2018. En aquella ocasión, los hechos de partida se desencadenaron con una cadencia idéntica. Eso sí, con la salvedad de que, entonces, la denuncia en Fiscalía llevaba la rúbrica del PP con el actual primer edil, Luis Barcala, como precursor. 

En aquel momento, Echávarri y el PSOE negaron la existencia de anomalías, mientras que sus socios de gobierno (Guanyar y Compromís) le reclamaban que ofreciese todas las explicaciones posibles. Y esa misma respuesta, la de la negación, se reprodujo este lunes, aunque con una variación sustancial. En primer término, el responsable político aludido en la denuncia, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ofreció una comparecencia para negar la existencia de anomalías en esos encargos. De hecho, ya las había descartado con idénticos argumentos en cuanto trascendió la denuncia pública de EU a través de los medios de comunicación. Así, volvió a reiterar que los encargos objeto de la denuncia corresponden a trabajos diferentes que no guardan ninguna conexión entre sí y defendió la labor desarrollada por los técnicos. 

Y, segundo, hete aquí la diferencia: el alcalde, el popular Luis Barcala, también se refirió a la denuncia de EU para expresar el respaldo sin fisuras del conjunto del equipo de gobierno a la labor desarrollada por Santos Pérez y por los técnicos del departamento de Urbanismo. Sin dudas, ni disensiones, como ya había anticipado el portavoz adjunto del equipo de gobierno y edil responsable de la Asesoría Jurídica municipal, Manuel Villar (PP), el pasado martes.

Barcala reitera la confianza del equipo de gobierno en bloque a la labor desarrollada desde la Concejalía de Urbanismo

Está por ver si la Fiscalía decide abrir diligencias para determinar si los hechos relatados en la denuncia de EU pueden ser constitutivos de delito, justo en un momento en el que se acaba de acordar el archivo de las averiguaciones incoadas respecto a los contratos menores adjudicados por el equipo de gobierno de Elche, a partir de la denuncia presentada por el PP. En este último caso, la Fiscalía habría concluido que las adjudicaciones denunciadas por los populares ilicitanos se realizaron "desde los departamentos gestores por el personal técnico y no por los responsables políticos" y "siempre con informe favorable de la Intervención, una vez levantado el reparo, atendiendo a la teoría del enriquecimiento injusto de la Administración".

Por lo pronto, en un primer análisis sobre la denuncia de EU, sí se observa una diferencia evidente respecto a los contratos del llamado caso Comercio que acabaron promoviendo un cambio en la Alcaldía de la capital. En los encargos formalizados por la Concejalía de Urbanismo no se aprecia ningún interés por adjudicar esos contratos en un breve lapso temporal y tampoco que se haya limitado su importe al umbral máximo permitido por la legislación, como sí sucedió en las campañas publicitarias contratadas en las Navidades de 2016. A ello, el propio Santos Pérez añadió una reflexión adicional: que la tipología de los contratos puestos en duda por EU era distinta, ya que algunos eran contratos de servicios y otros de obra.

Sea como fuere, lo cierto es que, con el registro de la denuncia, EU abre la espita de las denuncias instigadas por formaciones políticas en este mandato, en el que la acción de fiscalización de los grupos de la oposición se había ceñido a plantear demandas por la supuesta falta de transparencia en la entrega de documentación municipal. Santos Pérez llegó a señalar que con su denuncia, EU solo trataba de buscar protagonismo con un ataque político, aunque todavía resulta imposible pronosticar qué recorrido pueda tener ese gesto. Y si llegará a constituirse la comisión de investigación que ya ha anunciado Unides Podem: la confluencia en la que se enmarca EU junto a Podemos.