El portavoz y la portavoz adjunta del PP, Luis Barcala y Mari Carmen De España, al presentar la denuncia. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El portavoz del grupo popular en Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha acusado al alcalde, Gabriel Echávarri, de haber eludido el procedimiento reglado que exige la ley para llevar a cabo hasta 25 contratos menores desde la Concejalía de Comercio durante el pasado mes de diciembre en lo que ha considerado un presunto caso de fraccionamiento de contratos. "Se ha contratado lo que se ha querido y con quien se ha querido", ha recalcado, en rueda de prensa, tras detallar el contenido de la denuncia presentada esta misma mañana en la Fiscalía de la Audiencia Provincial por presunto delito de prevaricación administrativa.
El líder del PP ha precisado que ese supuesto no se daría en las 25 contrataciones, por un importe global de 189.000 euros, pero sí en tres grupos de encargos directos. Como analizó Alicante Plaza, se trataría de los relacionados con la instalación de nueva señalética en mercados municipales, los derivados de la organización de la gala de entrega de los Premios de Comercio y la organización de la campaña promocional y de dinamización comercial bajo el lema "Alicante está de moda".
Las facturas derivadas de esos tres grupos no superan en ningún caso los 18.000 euros de límite que se prevé en la Ley de Contratación del Sector Público para los llamados contratos menores, pero, agrupadas, sí superan ese importe.
Según Barcala, esos tres bloques sí constituyen una unidad funcional, un mismo objeto de contratación, por lo que debería haberse convocado el preceptivo concurso para abrir el proceso a la participación de cualquier proveedor de servicios interesado, bajo los criterios de publicidad y transparencia, para fomentar la libre competencia.
El portavoz de los populares ha insistido en que los expedientes de esos contratos, no existen antecedentes sobre el proceso previo que se requiere habitualmente para este tipo de procedimientos. "No existe ni proyecto en el que se delimiten por ejemplo unas condiciones mínimas como las dimensiones de la cartelería que se iba a instalar en los mercados, o las condiciones de los anuncios que se iban a emitir en la campaña de promoción comercial", ha dicho. Y aunque ha admitido que legalmente no es exigible, lo normal es que sí existiesen.
En esta línea, ha abundado en que se ha eludido también el procedimiento de gestión administrativa habitual al prescindir de los técnicos y de los funcionarios del departamento de Comercio. Según Barcala, esos encargos se realizaron "al margen de la gestión por personal funcionarial", ya que de 18 de las 25 facturas fueron aprobadas "directa y exclusivamente" por Echávarri como edil responsable del área. Además, hay otras cinco facturas en las que no consta ninguna rúbrica.
Ha destacado que en el proceso de contratación ha intervenido también "personal de confianza de Alcaldía, ajeno a Comercio, lo que vincula en el conjunto a ambas áreas y resulta que las dos dependen de la misma persona, el alcalde".
Este hecho es importante, según el concejal del PP, ya que, según ha explicado, "es en Alcaldía donde se reciben y aprueban la mayor parte de las facturas, aprobación imposible si no se conociera de antemano su existencia y que el pago era procedente".
Además, ha añadido, "el hecho de que las facturas estén aprobadas sólo por el alcalde significa que no han entrado primero en Comercio y han sido fiscalizadas por el jefe del servicio o de departamento, que les dan el visto bueno y firman antes de pasar a la aprobación del primer edil, como sería lo normal".
Por otra parte, el dirigente del PP de Alicante considera que "resulta muy raro que se envíe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un expediente con unos informes donde no se dice claro que pueda haber fraccionamiento de contratos".
"Se trata de un trámite preceptivo donde el CJC debe decir si procede o no la anulación, y la propuesta que se le remite debe estar perfectamente justificada. Podría suceder que el Consell Jurídic concluya que no procede la anulación de los mismos por no estar motivada suficientemente la propuesta", ha indicado.
Barcala confía en que el CJC entre "al fondo del asunto", y requiera del Ayuntamiento de Alicante "cuantos datos y documentos sean necesarios para ello".
