Ximo Puig con la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Las posibilidades de que la Generalitat pueda cumplir el encargo del president Ximo Puig de recuperar para la gestión publica el área de salud de La Marina –que incluye el Hospital de Dénia– son ya nulas y las de firmar un papel para anunciar algo -la foto es imposible en período preelectoral- son mínimas. La aseguradora DKV, dueña del 65% de Marina Salud, concesionaria del servicio, dejó este jueves plantado al grupo de trabajo de la Generalitat, formado por representantes de las consellerias de Sanidad y Hacienda, que esperaba negociar las condiciones de la compra de la empresa Marina Salud, que es la fórmula elegida para la reversión.
La incomparecencia de DKV, confirmada por ambas partes, es la segunda que se produce en menos de una semana, ya que el lunes estaba prevista otra reunión entre los representantes de Marina Salud –DKV y Ribera Salud, que tiene el otro 35% del capital– y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, pero también se suspendió a petición de los representantes de la aseguradora alemana. En la segunda reunión, este jueves, no estaba prevista la asistencia de la consellera pero sí de varios altos cargos de su departamento, del de Hacienda y de la Abogacía de la Generalitat.
La empresa que dirige Josep Santacreu rehusó en ambos casos explicar, a preguntas de este periódico, los motivos de las incomparecencias. Por su parte, Ribera Salud, que tampoco acudió a las convocatorias, explicó que al ser socio minoritario de la concesionaria no tenía sentido que se presentara si no lo hacía DKV.
Fuentes de Sanidad quitaron importancia al doble plantón y reconocieron que las liquidaciones entre la Conselleria y Marina Salud que eran necesarias para cerrar un acuerdo no están terminadas, aunque ya se puede avanzar en la negociación al haberse recibido las cuentas auditadas de 2018 de la empresa concesionaria.
Como ya contó este periódico, la Conselleria tiene terminada la liquidación de los años 2012 a 2015 con Marina Salud, por unos 77 millones de euros en favor de la Generalitat. La empresa ya tenía contabilizada en su balance de 2017 esta deuda y tenía tesorería suficiente para afrontarla. En cuanto a las liquidaciones de 2016 y 2017, están a punto de cerrarse.
De hecho, la Generalitat ya ha comunicado a DKV cuál es el precio máximo que puede pagar, que como adelantó Alicante Plaza es de cerca de 16 millones de euros más la deuda que Marina Salud tiene con sus socios, que asciende a unos 35 millones. De los 16 millones, a DKV le correspondería el 65%. Lo ajustado del precio al lado de lo que podría ofrecer Ribera Salud por ese 65%, dadas las expectativas de negocio hasta el fin de la concesión en 2024, sería uno de los motivos por los que la aseguradora alemana ha decidido no sentarse a negociar.
El problema para la Generalitat es que las prisas por anunciar un acuerdo y dar por cumplida la promesa de Puig de recuperar para la gestión privada el Hospital de Dénia, lanzada en Pedreguer en marzo de 2016, no parece inquietar a DKV, que ya antes de esa fecha tenía cerrado un acuerdo para vender su parte a Ribera Salud. Después de tres años en los que las consellerias de Sanidad Universal y Hacienda apenas han avanzado, el tiempo se les ha echado encima, sobre todo después del adelanto de las elecciones autonómicas al 28 de abril.
En esta situación, la posición de DKV es mucho más cómoda después de tres años de espera, pues no padece las urgencias que tiene la otra parte en la negociación. Es más, si espera seis semanas podría encontrarse con que cambia el interlocutor con un Gobierno salido de las urnas, si gana la derecha, más proclive a aceptar que Ribera Salud se haga cargo de la concesión, como pretendían los dos socios de Marina Salud en un principio.
A ello se une las dificultades jurídicas para cerrar antes del 28 de abril, con Fallas y Semana Santa por medio, un acuerdo que sea vinculante para el futuro Consell. Un acuerdo en el que hay otro accionista, Ribera Salud –filial al 50% de Centene y Banco Sabadell–, que tiene derecho de tanteo sobre las acciones de su socio y con el que, por lo tanto, también hay que llegar a un acuerdo.
Por otro lado, la Generalitat tiene que establecer el estatus del personal de la empresa privada Marina Salud si se cierra la operación de compra y la Generalitat pasa a ser concesionaria de sí misma. Algo que no se hace en dos días, como ha quedado demostrado con la reversión del servicio de resonancias magnéticas, que acumula un retraso de cuatro meses y medio y no tiene fecha de finalización.
