VALÈNCIA. La Generalitat valenciana no podrá pagar más de 50 millones de euros para comprar la empresa Marina Salud, la concesionaria del área de salud de Dénia. La Conselleria de Sanidad Universal no ha iniciado las negociaciones -anunció que lo hará este mes de febrero- pero ya ha comunicado a Marina Salud, participada por DKV (65%) y Ribera Salud (35%), los límites que marca la Conselleria de Hacienda en cuanto a la cantidad máxima que puede pagar para cumplir la promesa de Ximo Puig de recuperar la gestión pública del Hospital de Dénia y su área de salud.
Según confirman a este periódico fuentes de la negociación, el tope que ha fijado la Intervención de la Generalitat –dependiente del departamento dirige Vicent Soler– para valorar la compañía es el que establece la Ley de Patrimonio. La Generalitat debe ceñirse al valor neto de la acción. Esto es, los fondos propios de la sociedad, que a finales de 2017 ascendían a 13,93 millones de euros. A ellos hay que añadir los beneficios de la compañía en 2018, que ascienden a unos 2 millones, lo que sumaría un total, en números redondos, de 16 millones de euros de fondos propios.
A ello hay que sumar la deuda que Marina Salud mantiene con sus socios, que a finales de 2017 ascendía a casi 35 millones de euros, que deberán ser asumidos por la Generalitat, bien de forma directa o bien como avalista.
La limitación impuesta por la Ley de Patrimonio impide a la Generalitat realizar una oferta que incluya, por ejemplo, el lucro cesante, lo que dificulta la operación. En una compraventa entre empresas privadas y siendo el comprador el que muestra interés por adquirir una empresa que gana dinero, como ocurre en este caso, lo habitual es que pague un sobreprecio tanto por la expectativa de la rentabilidad futura como para convencer al vendedor.
En este caso, DKV sí tenía intención de vender, como ha manifestado desde hace años su consejero delegado, Josep Santacreu, pero Ribera Salud no. La compañía participada al 50% por el grupo norteamericano Centene y Banco Sabadell tiene derecho de tanteo sobre el 65% de acciones que posee DKV, por lo que podría impedir o al menos retrasar la reversión.
Como publicó Alicante Plaza, Ribera Salud está interesada en comprar la concesión de Manises, que tuvo que vender en 2012 a Sanitas por exigencia de su entonces accionista Bankia. Podría hacerlo en una operación similar a la del Hospital de Torrejón de Ardoz, que también vendió a Sanitas en 2012 y que el grupo Centene compró a finales del año pasado para que lo gestione su filial en España.
El nihil obstat de Sanidad a la compra de la concesionaria de Manises podría ser una contrapartida en la operación, dado que la Generalitat no puede pagar más, pero el tiempo corre en contra porque Puig quiere cerrar la compra de Dénia antes de las elecciones y la hipotética adquisición del Hospital de Manises por parte de Ribera Salud o Centene no parece que pueda cerrarse antes del 26 de mayo, ya que ambas partes afirman que no está negociándose.
Aunque tampoco se han abierto las negociaciones para la reversión de Dénia, sí ha habido una reunión informal –fuera de agenda– entre la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, y el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y también ha habido contactos con DKV.
El calendario para la reversión del área de Dénia a la gestión pública, mediante la compra de Marina Salud, está condicionado por otra negociación, la de las liquidaciones de cada año –compensación mutua entre Generalitat y concesionaria por la atención a pacientes adscritos a la otra parte– que están terminando de cerrarse.
Según ha podido saber Alicante Plaza, la Conselleria tiene prácticamente terminada la liquidación de los años 2012 a 2015 con Marina Salud, por unos 77 millones de euros en favor de la Generalitat. La empresa ya tenía contabilizada en su balance de 2017 esta deuda y contaba con tesorería suficiente para afrontarla.
El deseo del departamento que dirige Ana Barceló es cerrar antes de dos meses las liquidaciones de 2016 y 2017, con lo que se podría acometer la compra de Marina Salud con solo 2018 y lo que llevamos de 2019 pendiente de liquidar.
Solo una tercera parte de los 300 millones reclamados. Si cabía alguna duda sobre lo arriesgado de la previsión lanzada por la exconsellera de Sanidad Universal -y luego ministra- Carmen Montón sobre los ingresos que la Generalitat iba a obtener por las liquidaciones pendientes de las concesiones sanitarias, el cierre del ejercicio 2018 ha puesto en evidencia que la estimación era, cuando menos, muy optimista.
Según confirman fuentes de la Generalitat, a cierre del ejercicio 2018 solo se contabilizaron 105 millones de euros derivados de la aprobación de las liquidaciones del área de La Ribera entre 2013 y 2015, muy lejos de la cantidad que el Consell incluyó en el presupuesto de ingresos de ese año a pesar de que su realización era dudosa. Se trata de la misma cantidad que el Consell ya había reconocido al Ministerio de Hacienda en su rendición de cuentas de mitad de año.
Esos 300 millones del cálculo realizado por Montón correspondían a las liquidaciones pendientes de cerrar con las empresas titulares de concesiones sanitarias como la de Alzira (antes gestionada por Ribera Salud), Dénia o Manises (Sanitas).
La Conselleria de Sanidad los incluyó como ingresos de 2018 a pesar de los recursos presentados por las concesionarias por no compartir los criterios de la administración a la hora de calcularlas. A ello se sumaban, además, la existencia de sentencias judiciales contrarias que, como en el Hospital de Manises, obligan a recalcular a la baja las liquidaciones. En cualquier caso, ingresarlos en su totalidad antes de que acabara 2018 era más que improbable.
En junio del año pasado, de hecho, ya reconoció ante el Ministerio de Hacienda que, como máximo, se materializarían algo más de 183 millones, los 105 de Alzira y los 77 que reclama a Marina Salud por las liquidaciones de los ejercicios 2012 a 2015, que están siendo negociadas por el equipo que ha tomado el relevo de Montón en la Conselleria de Sanidad.
