El exalcalde de Polop, Juan Cano, a su llegada a la Audiencia, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE/EP). La fiscal que ejerce la acusación pública en el juicio por el crimen del alcalde de Polop, el popular Alejandro Ponsoda, registrado en 2007, ha sostenido este jueves, en su informe de conclusiones finales, que el principal acusado, el también popular Juan Cano, es "el único autor intelectual posible" del asesinato y ha mantenido su escrito de acusación inicial.
El juicio se celebra contra siete acusados: el entonces concejal de Urbanismo y sucesor en la Alcaldía, Juan Cano, del PP; el empresario del calzado Salvador Ros; Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, dueño y gerente del club de alterne Mesalina (donde supuestamente se fraguó el crimen), y tres presuntos sicarios (Radim Rakowski, Robert Franek y Rafael Montero Trevejo). Para todos ellos se piden 25 años de cárcel, a excepción de los tres últimos, para quienes se demandan dos años más por tenencia ilícita de armas.
Ante el jurado popular, la fiscal Lourdes Giménez-Pericás ha determinado también la supuesta participación del resto de acusados del crimen y ha defendido la declaración del testigo protegido. La representante del ministerio público se ha centrado, principalmente, en establecer la mala relación entre Cano, número dos del alcalde asesinado, y Ponsoda, fundada en la declaraciones de la mayoría de los testigos que han comparecido en el juicio.
La fiscal ha recordado que existían "problemas constantes" entre ambos, ya que "Ponsoda era quien tenía la última palabra en el ayuntamiento y tomaba las decisiones", algo que Cano no soportaba, debido a su "ambición".
También ha defendido Giménez-Pericás la investigación realizada "desde finales de 2007 hasta mediados de 2010". Ha asegurado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "estudiaron todo y lo investigaron todo", desde las amenazas recibidas por Ponsoda por parte de "vecinos con conflictos" hasta todo lo relacionado con la "vida sentimental" de la víctima.
De las amenazas, ha señalado que "fueron descartadas porque no tenían motivo suficiente". En cuanto a las relaciones sentimentales de Ponsoda, ha indicado que el alcalde asesinado "no contaba a nadie cuál era su cargo" y llevaba "esta parcela privada de su vida con absoluta discreción".
Igualmente, la fiscal ha defendido la "credibilidad" del testigo protegido que situó a Cano al frente del complot en el que, presuntamente, pactó el asesinato de Ponsoda junto al empresario Salvador Ros y al propietario y el gerente del club Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto. Además, ha considerado probado que trabajaba de portero en aquellas fechas, que en su declaración fue "sincero" en todo momento y que no obtuvo beneficios por su declaración, sino "perjuicios".
Por tal motivo, tal como ha refrendado también el representante de la acusación particular, Vicente Guerri, la Fiscalía ha ratificado su petición de 25 años de cárcel por el presunto delito de asesinato para Cano, Ros, Hermosilla y Gatto. La misma condena que solicita para los considerados autores materiales, Robert Franek, Radim Rakowski y Raúl Montero Trevejo, para quienes las acusaciones añaden dos años más por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas.
Por su parte, las defensas de los siete acusados del asesinato han pedido a la magistrada que preside el tribunal, Cristina Costa, que el juicio no se someta a veredicto del jurado por falta de pruebas. Sin embargo, la magistrada ha rechazado esta petición.
Después, las defensas de Raúl Montero, Radim Rakowski y Robert Franek, acusados de ser autores materiales del asesinato, han asegurado que no hay pruebas de que sus clientes participaran en los hechos, por lo que han solicitado un veredicto de no culpabilidad.
La defensa de Montero califica de "hipótesis", "conjeturas" y "rumores" los testimonios durante el juicio y ha cuestionado al testigo protegido, que dos años después del asesinato aparece "por arte de birlibirloque" y se pretende que se dé a sus declaraciones el "carácter de Dios", ha indicado.
Por su parte, el abogado de Radim Rakowski asegura que no hay la más mínima prueba ni de que se haya reunido con los inductores del crimen ni que haya hablado por teléfono con ellos para organizar el asesinato.
