Foto de archivo de agosto de 2002 del entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, junto a su compañero de Gobierno, el exministro del Interior, Angel Acebes, durante su visita al parque temático Terra Mítica. / EFE/KANITOVALÈNCIA. Los investigadores del caso Erial, que investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, entre otros, al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, sigue sumando nuevos indicios contra los implicados, además de nuevas líneas de investigación.
Ahora, la Unidad Central Operativa y los instructores centran sus esfuerzos actuales en las cuentas abiertas por la trama en Andorra, donde se llegó a mover cerca de nueve millones de euros. De esos nueve millones, hay cerca de cinco millones ‘fantasma’, cuya procedencia, pero sobre todo destino, se desconoce, ya que mayoritariamente fueron ingresos y extracciones en efectivo.
De hecho, esa nueva línea ha reconducido el esfuerzo indagatorio hasta tal punto que ha llevado a los investigadores directos a la sentencia del caso Terra Mítica donde consta que, varios de los condenados, abrieron cuentas bancarias en el BPA de Andorra, el mismo banco donde uno de los principales testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló, abrió dos cuentas.
Dichas cuentas, las de Barceló, se abrieron en el principado a nombre de dos offshore con sede en panamá, Punkac Services en la BPA, que llegó a tener ingresados casi 5,6 millones de euros; y Merceron Investments en Morabanc, cuyo saldo fue de 3,4 millones. Es problema, como se ha dicho anteriormente, es que, de esos nueve millones, cerca de cinco no tienen una procedencia clara. Sin embargo, la sentencia de Terra Mítica podría llegar a clarificar el origen y destino del dinero ‘fantasma’.
En la sentencia de Terra Mítica, los magistrados explican que: “En realidad, Vicente Conesa, Antonio Moreno Carpio y José Luis Rubio -todos condenados- viajaron con los también acusados Matilde Ripoll, Vicente Conesa Ripoll y Luis Alberto Conesa a Andorra, el 17 de mayo de 2001, donde aperturaron varias cuentas bancarias en la BPA, donde constan varios ingresos de dinero”.
Pero a la apertura de las cuentas, hay que sumar las grabaciones que se escucharon en el juicio y que también se mencionan en la sentencia, donde se decía que se había entregado dinero ‘al jefe’ en bolsas grandes negras. Si bien es cierto que Zaplana nunca fue investigado en Terra Mítica, no menos cierto es que su nombre siempre planeó sobre la causa.
Para los investigadores, el hecho de sumar las grabaciones a las cuentas abiertas por los condenados en Terra Mítica y, obviamente, al hecho de que hay cerca de cinco millones de euros en las cuentas del BPA de Barceló cuya procedencia no se conoce, obligan, al menos, a investigar si los fondos sin nombre podían proceder de las mangarrufas del parque temático.
La sentencia de Terra Mítica no es el único punto de unión entre la trama de Erial y el parque temático. En el sumario de Erial aparecen varios viajes de lujo pagados por empresarios al expresidente. Uno de ellos fue abonado, como adelantó la Cadena Ser, por Francisco Pérez López, conocido como Paco el Gasofa, al que el ejecutivo de Zaplana adjudicó en 2002 una parcela de 10.000 metros cuadrados en una zona estratégica del parque temático Terra Mítica, para la instalación de gasolineras.
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Siete años más tarde de la adjudicación, Paco el Gasofa pagó uno de los viajes en lujosos yates de Zaplana por el Mediterráneo, valorados en más de 220.000 euros, según las comisiones rogatorias de Suiza que forman parte del sumario de la causa.
En el caso Erial, entre los imputados se encuentran el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana; el exconseller Juan Cotino y sus sobrinos José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y una de las hijas de Zaplana.
Los investigados están acusados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
