VALÈNCIA. La presidenta del Partido Popular en la Comunitat, Isabel Bonig, ha acusado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de utilizar las instituciones y algunos medios de comunicación para perseguir al PP y machacar a sus dirigentes."Dan instrucciones para recurrir todos los temas, y sin embargo la abogacía de la Generalitat no se mete ni nadie se persona en los asuntos de su hermano pero lo peor es que está utilizando À Punt y los medios de los que es propietario para lo mismo", ha asegurado, este martes, en una entrevista concedida a Plaza Radio.
La popular ha ido mucho más allá en este punto de la entrevista. "Desde el gobierno valenciano sacan toda la maquinaria contra la secretaria general y contra la presidenta, a mí me lo dijeron , entiendo que cada medio tenga su línea, pero Mediterráneo, del que es accionista, que lo ha comprado Editorial Prensa Ibérica, ensalza los logros del gobierno y machaca a la oposición con informaciones con ningún tipo de veracidad.Me llegaron a decir que era por meternos con el presidente. Sé que esto que digo me va a costar caro, pero bueno".
La dirigente se quejaba de la doble vara de medir de algunos. "El problema es que solicitamos su comparecencia por irregularidades y entre los del Botànic se tapan, aquí unos y en el ayuntamiento de València, los otros. Nos han dicho tanto, he comparecido tantas veces en ruedas de prensa durísimas, me han preguntado tantas veces que es injusto que ahora digan no a las comisiones, a esa incoherencia, que hayan pedido dimisión de gente del PP imputada por cuestiones administrativas, como con Eusebio Monzó, y ahora qué pasa con el director general de Urbanismo o Fuset, que están imputados y no pasa nada", ha explicado Bonig.
Al ser preguntada por la situación del concejal Pere Fuset, la presidenta popular entiende que según su vara de medir, "no se puede solicitar nada hasta que haya sentencia condenatoria", pero recordaba que la medida de Compromís es diferente según le parezca." Fuset me decía a mí en agosto 2017, aquello de cero responsables políticos y nueve imputados en el consistorio. Ahora, según su vara de medir, un muerto, cero responsables".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal