VALÈNCIA. La tasa turística ha vuelto al centro del debate en la Comunitat Valenciana después de que la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, afirmara hace una semana que "es una oportunidad que está sobre la mesa" y Podemos presentara una propuesta de resolución que fue aprobada por Les Corts. Como remarcó este viernes el conseller Vicent Soler en Alicante, ya no es un tema de debate o de reflexión, sino que les Corts han emitido un "mandato" para que se aborde su posible implantación.
Soler también recordó que el Consell siempre ha dicho que no lo hará en contra del sector. Por ello, su departamento se va emplear a fondo para negociar con los empresarios una "fórmula valenciana" para una tasa turística que evite "repetir fórmulas de otros".
En ello está ya Clara Ferrando, que, según ha podido saber Alicante Plaza, ha mantenido ya contactos informales para presentar el diseño del nuevo impuesto que ha preparado durante meses la Secretaría Autonómica de Hacienda, con la esperanza de que entre en vigor el 1 de enero de 2018. Si no lo lograse, se perderían al menos dos años, ya que es impensable que el Consell lo implante en 2019, año electoral.
Las proyecciones realizadas por la Conselleria arrojan un cálculo de recaudación de entre 39 y 48 millones de euros anuales, lo que supondría duplicar el presupuesto de la Generalitat destinado a turismo en 2017, que fue de 44 millones a través de la Agencia Valenciana de Turismo.
En el estudio presentado a los empresarios se prevé que el impuesto se aplicaría en los alojamientos turísticos con un importe que se pagaría por persona y noche hasta un máximo de siete pernoctaciones. Es decir, el total sería proporcionalmente más bajo cuanto más larga fuera la estancia a partir de la primera semana.
Su importe sería de un máximo de 2 euros por persona y noche y un mínimo de 0,5 euros, en función de la categoría del establecimiento. Incluiría también los apartamentos turísticos, tal como demanda el sector hotelero.
Con el objetivo de fomentar la desestacionalización, la Conselleria no descarta reducir un 50% la tasa en temporada baja.
El proyecto contempla dos importantes exenciones. La primera tiene en cuenta el peso del turismo familiar en la Comunitat y establece que no pagarían la tasa los menores de 16 años. La segunda beneficia especialmente a los hoteles de Benidorm, ya que los turistas que viajan con el Imserso tampoco pagarían la tasa.
Para su implantación, además, se tendría en cuenta que muchos paquetes con touroperadores se pactan con un año de antelación, por lo que probablemente los contratos ya firmados no ser verían afectados.
La recaudación iría íntegramente a inversión pública en el sector turístico. Para ello, se prevé crear un Fondo de Turismo, gestionado conjuntamente por Hacienda y la Agencia Valenciana de turismo. La mayor parte de esté dinero se invertiría en municipios de gran afluencia turística para ayudarlos a financiar servicios, para promoción, para infraestructuras y para corregir los efectos negativos del turismo en el medio ambiente.
Al ser un impuesto autonómico -según el diseño de la Conselleria, aunque en tanto Ximo Puig como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, son partidarios de que sea municipal-, la gestión, recaudación e inspección de correría a cargo del Instituto Valenciano de Administración Tributaria.
El Consell de Ximo Puig está dividido. Compromís, partido al que pertenece Ferrando, apoya la medida. El PSPV, al que pertenecen Puig, Soler y Colomer, ha pasado de la negativa inicial a estudiarlo, aunque de momento insiste en que, de salir adelante, sería de ámbito municipal y no autonómico.
No olvidan que en 2003 el socialista Francesc Antich perdió el Gobierno balear tras una fuerte polémica por la implantación de la tasa -allí llamada ecotasa- un año antes. La tasa fue suprimida por el popular Jaume Matas ese mismo año y repuesta por la socialista Francina Armengol en 2016.
La Conselleria de Hacienda tiene perfilado el diseño del nuevo impuesto tan al detalle que no habría ningún problema técnico para aplicarlo a partir del 1 de enero de 2018. El problema es político, ya que el Ejecutivo de Ximo Puig teme la reacción del sector turístico, sobre todo del hotelero, con el que se van a mantener reuniones para convencerlo. Con dos argumentos: el ejemplo de Cataluña y Baleares, que no han sufrido ninguna merma de visitantes desde que tienen la tasa, y la adaptación de la tasa valenciana a las características de su industria turística.