Ramón Vilar, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València. Foto: EVA MÁÑEZSi yo fuera Ramón Vilar llamaría ahora mismo al compañero y sin embargo amigo responsable de finanzas del PSPV-PSOE y le invitaría a pagar 'voluntariamente' los 104.000 euros de impuesto de Plusvalía que no ha pagado por la venta, por 5,8 millones de euros, de la sede valenciana de Blanquerías. Un impuesto que no ha pagado, y ahí está el problema, gracias a una generosísima interpretación de la ley por parte del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, que no es otro que Ramón Vilar, quien en el momento de firmar la exención era secretario de Coordinación y Organización del PSPV de la ciudad de València. Días después fue aupado a la presidencia de esa misma agrupación por su ahijada política Sandra Gómez.
Cuando a Juan Carlos Monedero le sacaron en la prensa que había creado una sociedad para defraudar a Hacienda, el entonces dirigente de Podemos tardó lo mismo en negar la evidencia que en presentar en la ventanilla de la Agencia Tributaria una declaración complementaria con la que regularizaba su situación, recargos incluidos. Una maniobra inteligente, porque Monedero tonto no es, que le permitió presumir de que ni Hacienda ni mucho menos la Justicia le habían ni tan siquiera investigado. El ministro Pedro Duque tampoco ha esperado a que lo llamaran de la Agencia Tributaria para pagar lo que en su día ocultó con ingenio financiero y lo mismo debería hacer el concejal, adelantarse a la posible citación, en este caso judicial.
Lo de Vilar huele mal. Independientemente de lo que diga la Justicia, es un inmenso borrón en un expediente hasta ahora impoluto. Ha sido el mejor concejal del Cap i Casal en esta legislatura, ha saneado las cuentas municipales, que ya no están intervenidas por el Gobierno gracias, entre otras cosas y por centrarnos en el capítulo de ingresos, a la subida de impuestos y a su empeño que en aquí pague todo dios, nunca mejor dicho. Que pague la Iglesia por sus inmuebles que no son de culto, que pague el Valencia CF por el nuevo Mestalla, que paguen los conductores multados que no viven en la ciudad, que paguen los bancos por los cajeros automáticos, que paguen las telefónicas por el uso del subsuelo, que paguen las empresas de patinetes eléctricos... En València paga todo el mundo, todos menos el PSOE.
Dice Vilar que el PSOE no tiene que pagar impuesto de Plusvalía porque, según establece la ley estatal sobre mecenzgo, no tienen que hacerlo aquellos que "cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)". Quien está exento del IBI también lo está de Plusvalía y, según el concejal, la sede de Blanquerías sí cumplía estos requisitos para estar exenta de IBI. Una afirmación que choca con el hecho de que el PSOE sí que pagaba IBI por la sede de Blanquerías.
Insiste el edil de Hacienda en que, en realidad, los partidos políticos no tienen que pagar IBI y nos toma por tontos al sugerir que el PSOE lo ha estado pagando en estos últimos años voluntariamente, un hecho sin precedentes... si fuera cierto. Pero no lo es. El PSOE pagaba IBI porque cuando pidió la exención en 2012 el Ayuntamiento de València le respondió que los partidos políticos sí que pagan IBI.
La arbitrariedad del concejal y presidente del PSPV de València queda al descubierto al comprobar que casi cinco meses después de firmar la resolución en la que dice que su partido no tiene que pagar IBI, y por tanto tampoco Plusvalía, firma otra en la que deniega al Partido Comunista de España (PCE) la exención de IBI porque, asegura rotundo, los partidos políticos sí están obligados a pagar ese impuesto. Es más, así se lo ha dejado claro el Ayuntamiento de València a cuantos le han pedido la exención en los últimos años, incluido el PSPV en 2012, con una sola excepción: la resolución de febrero de 2018 favorable al PSOE que firma un dirigente del PSOE.
Es cierto que la ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007 es ambigua, y a eso se agarra Vilar, pero la interpretación de esa ley para resolver la ambigüedad es muy sencilla: basta con atender a la voluntad de quienes aprobaron la norma. Así lo hace el propio Vilar en su muy bien argumentada respuesta a los comunistas. En ella relata que durante la redacción de la ley en el Congreso de los Diputados figuraba en el articulado inicial que los partidos políticos estarían exentos de pagar el IBI. Sin embargo, a petición de la Federación Española de Municipios y Provincias y por unanimidad, se eliminó esa exención. Por si no ha quedado claro: el legislador eliminó expresamente la exención en el IBI para los partidos políticos con el voto a favor de todos los grupos, incluido el socialista.
Que ahora un concejal y dirigente orgánico del PSOE reinterprete esa norma en sentido contrario cuando el beneficiario es su partido tiene difícil explicación, igual que el hecho de que no se abstuviera de firmar la resolución por conflicto de intereses.
El resto de argumentos que Vilar da al PCE también son demoledores: ni la ley de haciendas locales, ni la de partidos políticos ni la de mecenazgo, que de forma expresa fijan quienes son los beneficiarios de las exenciones en algunos impuestos, contemplan esa exención en el IBI para los partidos políticos. Ni esa ni la de Plusvalía.
El último indicio de que aquí hay algo turbio es la reiterada negativa del Gobierno de Joan Ribó –¿verdad que no nos vamos a hacer daño?– a facilitar al portavoz del PP, Eusebio Monzó, los datos tributarios del vendedor del edificio de Blanquerías –el PSOE– porque asegura que "son confidenciales", a pesar de que sí facilitó los de la empresa compradora, solicitados el mismo día. "Fue por error", según dicen, y señalan al concejal Galiana.
El PP quiere esos datos para presentarlos en el juzgado con la denuncia o querella contra el padrino político de Sandra Gómez. Ciudadanos ya ha presentado un escrito en la Fiscalía en el que expone sus sospechas –sin mucha documentación– de que todo esto pudiera constituir un delito de cohecho o de tráfico de influencias.
Diga lo que diga la Justicia, lo que ha hecho Vilar es una burla a los contribuyentes valencianos, especialmente a esos vecinos a los que ha estado cobrando el impuesto de Plusvalía cuando no tuvieron plusvalías, y supone una merma para las arcas públicas en beneficio de sus amigos. Él dirá que los dirigentes del PSOE que firmaron la venta de Blanquerías no son "amigos íntimos", como hizo Castedo para que no la acusaran de prevaricación por favorecer a Enrique Ortiz en el caso Rabasa o Camps respecto a su "amiguito del alma" Alvarito, con éxito en ambos casos porque demostrar que una amistad es íntima es muy complicado y la ley dice que para que haya conflicto de intereses la amistad tiene ser íntima. "Fíjate si no somos amigos íntimos, que somos compañeros de partido", alegará Vilar, y eso puede que le salve.
No obstante, si yo fuera Ramón Vilar llamaría ahora mismo al compañero y sin embargo amigo responsable de finanzas del PSPV-PSOE y le invitaría a pagar 'voluntariamente' los 104.000 euros de impuesto de Plusvalía. Puede que 104.000 euros le parezca mucho dinero, pero depende de cómo valore lo que le puede costar no recaudarlo.
