Alicante ratifica el pacto de 2019 y aprueba su aportación anual para reurbanizar el suelo de Renfe

ALICANTE. El acuerdo a tres bandas para desarrollar la reurbanización de los terrenos de Renfe y ejecutar las infraestructuras pendientes tras la llegada del AVE a Alicante, que se confirmó en el seno de la sociedad Avant en diciembre de 2019, comienza a tener reflejo económico con la aportación de las primeras cifras relevantes, sin que se hayan registrado fisuras políticas entre las tres administraciones socias en Avant (Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central) como las que sí se desencadenaron en plena campaña de las generales y autonómicas de abril de ese año. 

Así, los dos partidos aliados al frente del Ayuntamiento de Alicante, PP y Cs, prevén aprobar este miércoles, en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, la concesión de 147.000 euros de la aportación que le corresponde efectuar a la administración local en el calendario de financiación que se acordó hace un año, tras la firma de la adenda al convenio original de constitución de Avant, en 2003.

Esa partida de 147.000 euros del ejercicio de 2020 se suma a los 33.000 euros que ya se consignaron en 2019, en función de la cifra pactada para esa anualidad a través de ese convenio. La aportación municipal se añade, además, a la aprobada por el pleno del Consell el pasado 27 de noviembre por la parte que le corresponde asumir a la Generalitat como titular de otro 25% de las participaciones de la sociedad Avant. En ese caso, la asignación asciende a 323.976 en lo que constituye su primera consignación hasta ahora (la Generalitat quedaba exenta en el primer año, según el convenio). Así, el consejo de ministros debe adoptar un acuerdo similar (no ha trascendido que lo haya hecho ya) para consignar otros 294.000 euros que corresponden al Gobierno central como titular del 50% de las participaciones de Avant, a través de Adif y de Renfe Operadora. 

Con el cómputo global de esas tres aportaciones, Avant recibirá una inyección de 764.976 euros, casi el doble de la que se produjo en 2019, de solo 386.949, aportados casi en su integridad por el Gobierno central. En cualquier caso, lo cierto es que las entregas de los tres socios deben ir incrementándose en los años sucesivos hasta el año 2029, de acuerdo con la programación incluida en ese anexo al convenio de constitución de Avant. Para esa fecha tope (dentro de nueve años), los tres socios deben haber procurado un total de 49.931.925 euros para financiar el conjunto de las actuaciones pendientes de desarrollo, tras la construcción del cajón soterrado que permitió la llegada del AVE. 

Entre esas obras, figura la ejecución del futuro Parque Central que se extenderá sobre la gran bolsa de terrenos con una superficie global de 468.000 metros cuadrados, que abarca el conjunto de la llamada Operación Integrada número 2 (OI/2), en la que se prevén 220.000 metros de techo edificable. Como informó este diario, Avant prevé que el diseño urbanístico de esa actuación pueda someterse a su segunda aprobación provisional en el segundo semestre de 2021. 

En todo caso, las tres administraciones están obligadas por convenio a aumentar la consignación de fondos de manera progresiva sobre todo a partir del año 2024, al tratarse del momento en el que se pretende abordar el inicio de las primeras obras, a partir de la programación recogida en la adenda al convenio. En ese momento, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat deben aportar 2.737.500 euros cada uno, mientras que el Gobierno debe sumar otros 5.475.000. 

En el año de finalización del convenio, el Ayuntamiento debe haber aportado 12.375.000 euros; la Generalitat, otros 12.518.976; y el Gobierno, los 25.037.949 euros restantes. Con esas cifras, debe desarrollarse la urbanización del suelo y la construcción de la estación intermodal, además de la ejecución de otras actuaciones como la eliminación del trazado ferroviario por el litoral sur de la ciudad, por ejemplo. En principio, se prevé que la financiación destinada a la ejecución de ese conjunto de proyectos pueda cubrirse a partir de las plusvalías generadas con la venta de suelo urbanizado y la promoción de viviendas.