ALICANTE. ¿Se acabó el idilio entre Generalitat y Diputación de Alicante? Eso parece, a tenor de lo sucedido con el Fondo de Cooperación Municipal, que en un principio sí que iba figurar en el presupuesto de la institución provincial para 2020, y ahora resulta que no. Los 13,3 millones de libre disposición para los ayuntamientos no figuran. De esta manera,el gabinete de Carlos Mazón sigue los pasos del de César Sánchez y no se sumará a la iniciativa conjunta de aportar 13,3 millones a ese bote común de 40 millones -junto al resto de diputaciones y generalitat- para que los ayuntamientos hagan uso de ese paquete de fondos, que reciben en función de su población. ¿La razón? Pues el equipo de gobierno del PP y Cs lo tiene claro: Ximo Puig no ha cumplido su palabra y no constituido la comisión bilateral Diputación-Generalitat para abordar esa cuestión. En el fondo, subyace el debate de las competencias impropias, que financia la institución provincial, pero que corresponden a la Generalitat, algo que Mazón sí que ha comenzado a negociar con Mónica Oltra, pero no con Puig.
"La Diputación de Alicante quiere participar en el fondo de cooperación y estamos trabajando para ello, pero consideramos esencial que se constituya previamente la comisión que hace meses anunció el president de la Generalitat, Ximo Puig, y de la que, de momento, no tenemos ninguna noticia", han manifestado el diputado de Economía, Eduardo Dolón.
Y con la excusa de que Puig no ha convocado la comisión, pues la Diputación no ha reservado esos 13,3 millones de euros. El diputado de Economía ha venido a decir que si hubiera existido un compromiso por parte de la Generalitat de asumir, por ejemplo, la gestión del centro Doctor Esquerdo, que correspondería a la Conselleria de Sanidad, se hubieran liberado partidas por valor de 13 millones, que es lo que cuesta el mantenimiento del ese centro y habría dinero para eso fondo de cooperación.
Dolón ha abundado en esa idea, sobre todo, por que la institución alicantina "tiene unas singularidades por tener asumidas competencias impropias, que superan los 20 millones de euros, que deben ser tenidas en cuenta y abordadas en esta comisión". Castellón y Valencia no las tienen, y por lo tanto, a juicio del PP, y de Cs, "tienen más margen para destinar recursos económicos al Fondo de Cooperación".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha introducido un matiz para desmarcarse: ha defendido esa mesa de trabajo -entre Consell y Diputación- tiene que ser de "carácter transversal para que se negocie de todos los temas pendientes" y ha resaltado que la participación en el fondo de cooperación afecta a la libertad de las administraciones locales de decidir sobre el destino de sus fondos y, por tanto, no debería ser un elemento de obligatoriedad".
Y en este contexto, tanto Dolón como Gutiérrez sí que han defendido la labor de la comisión que mantienen abierta la Diputación y la conselleria de Mónica Oltra. "Se han reunido tres veces y se nota que hay trabajo y una voluntad de alcanzar acuerdos", ha añadido Dolón. Hay que recordar este lunes, Mazón y Oltra alcanzaron un principio de acuerdo para traspasar el servicio de teleasistencia a la Generalitat, lo que permitirá a la corporación provincial, cuando se ejecute definivamente, liberar 1,1 millones de euros.
La Diputación de Alicante podrá hacer inversiones por 130 millones de euros con el remanente
La pregunta que hay que hacer es si el PP y Cs se acogen a esa falta de voluntad de Puig para no convocar la comisión bilateral y, por tanto, no consignar una partida de 13 millones de euros en las cuentas de la Diputación de Alicante. ¿Qué hubiera pasado si esa comisión existiera y hubiera adoptado algunos acuerdos, cómo si se ha hecho con la Conselleria de Igualdad? ¿El presupuesto de la Diputación de Alicante hubiera sido el mismo? ¿De dónde se hubieran recortado 13 millones de euros para destinar al Fondo de Cooperación Local? Lo que se desprende de la polémica, que centrará el debate en los próximos días, unos por falta de acción-la Generalitat- y los otros omisión -la Diputación-, la cuestión es que un año más la institución provincial no entrará en el Fondo de Cooperación Local, algo que si hacen las diputaciones de Valencia y de Castellón -incluso con el PP- desde el primer día.
Los remanentes de tesorería de 2019, que pueden alcanzar los 40 millones de euros, pueden ser una oportunidad para entrar, pero ya sería con el ejercicio presupuestario en marcha.
