ELCHE. Tras la suspensión cautelar del derribo del edifico de Nuevos Riegos El Progreso de la Conselleria de Cultura, el edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, pidió expresamente que la administración ejerciera sus competencias y explicara si el viejo edificio del Mercado Central debía protegerse. En la jornada del martes, el conseller Vicent Marzà aseveraba en Radio Elche —de manera informal— que debería protegerse, y a mediodía, entraba por registro el expediente sobre el inmueble que se había solicitado desde Urbanismo. Sin embargo, denuncia que el propio informe revela informaciones contradictorias con la conservación.
En este sentido, Sánchez denuncia que la Conselleria le pasa al Ayuntamiento la “patata caliente” con los asuntos de patrimonio. Según indica el expediente, el actual inmueble del mercado no está integrado con el entorno ni tiene las dimensiones procedentes, al indicar que está “fuera de escala”. También explicita este documento de los técnicos autonómicos que la cimentación es deficiente, fruto de la laxitud de la ley de cuando fue construido —1962—, lo que se traduce en riesgos de colapso, además de las toneladas de amianto —que es cancerígeno— que tiene en las cubiertas el mercado. Ante esa tesitura, el propio concejal plantea que si este estado del inmueble merece ser protegido tras el informe de los técnicos.
Asimismo, no es la única incongruencia que denuncia, ya que como señala el informe remitido al Ayuntamiento, del arquitecto inspector de Patrimonio de Conselleria Santiago Valera, realizó varios informes en 2012 favorables a la protección del inmueble, lo que era incompatible con la aprobación del Proyecto de Reforma Interior (PRI) del mercado y por lo tanto del proyecto. Curiosamente, el 13 de mayo de 2013, este arquitecto señala que el informe es favorable al PRI del mercado “a efectos patrimoniales”. Tan sólo dos días después, el 15 de mayo del mismo año, la directora general de Cultura, Marta Alonso —del Partido Popular, aún en el poder—, emite la aprobación favorable para el PRI —del que no se conoce el estudio de tráfico— que a tenor supone la aprobación del proyecto de Aparcisa.
Por otra parte, entre 2015 y 2016, el técnico se llegó a posicionar hasta cuatro veces —a solicitud de ciudadanos particulares, colectivos, el propio Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo— con la misma posición de 2012, defendiendo su protección, porque es el edificio de más valor del perímetro, como señaló en los primeros informes. La respuesta a por qué entonces volvió a retrotraerse a su posición de 2012, puede que esté en esos días de mayo de 2013, cuando había otras personas en otros cargos. En cualquier caso, respecto a este informe de la Dirección Territorial de Cultura, la realidad es que no hay muchas novedades, se vuelve a incidir en que el inmueble se sitúa en el ámbito del Núcleo Histórico tradicional, por lo que puede tener la consideración de Bien de Relevancia Local (BRL), no está protegido, recuerda el valor patrimonial que en su momento dijo Valera y vuelve a plantear que el Ayuntamiento debería valorar la conveniencia de la inclusión del mercado en el catálogo de edificios protegibles. Y que en el caso de querer modificar, sustituir o derribar, deberá pedir informe previo a Cultura, acompañarse del proyecto de edificación en el caso de que sustituya, o realizar un estudio exhaustivo de la trama urbana, entre otras condiciones.
Así que de momento el Ayuntamiento seguirá con el proyecto del mercado por la falta de contundencia, a la espera, eso sí, de que continúen las catas. El partido que queda pendiente es el del refugio de la Guerra Civil, automáticamente declarado BRL, y del que Alebus, la empresa encargada de las excavaciones, tendrá que encargarse de buscar en la futura fase. Un refugio que además estaba catalogado desde el primer momento en el PRI, y del que no se había actuado hasta que varios colectivos pusieron el grito en el cielo con el asunto, hace menos de dos meses.
La de incluir el inmueble en el catálogo —aún en revisión— es una de las protecciones menores que puede otorgar el Consistorio, ya que si espera que Conselleria les conmine a una protección como BRL o Bien de Interés Cultural (BIC) —al igual que con los Baños Árabes—, puede que esta solicitud nunca llegue. De ahí que desde Urbanismo se tenga miedo de proteger el edificio, lo que podría conllevar la hipotética indemnización por rescisión del contrato con la que cargarían las arcas municipales. Espera que sea Conselleria quien lo haga, pero no intervendrá al no ser un bien de relevancia mayor como pudiera ser la figura BIC. De ahí que desde Urbanismo se denuncie la “patata caliente” que ha dejado Cultura en su tejado.
Por su parte, el Partido Popular ha calificado de “vergüenza” la situación con el inmueble, ya que tras el comentario de Marzà, indican que ”el edificio que quieren proteger tiene toneladas de amianto, es un adefesio y nunca nadie en Elche en toda la historia del edificio ha dicho que hubiera que protegerlo salvo cuando el PP asumió el proyecto en la pasada legislatura”, y señala que sería un caso único a nivel nacional e internacional. El edil Vicente Granero destaca que es otra situación en la que se demuestra los constantes intentos de PSOE y Compromís por paralizar el proyecto.
Asimismo, la tibieza con el mercado no es lo único que reprocha a Conselleria Urbanismo, ya que tras la desautorización por parte de la misma a las licencias de derribo otorgadas por el Ayuntamiento, al considerar que se realizaron en fraude de Ley, contraviniendo normas jerárquicamente superiores, el Consistorio llevará a Conselleria a los tribunales. Sánchez vuelve a defender la actuación del Ayuntamiento ha sido “coherente” y las licencias están bien dadas, “cumpliendo todos los requisitos legales”.
En la última junta de gobierno del mes se llevará un requerimiento previo entre administraciones previo al recurso contencioso administrativo que va a presentar frente a las decisiones “arbitrarias” de los servicios territoriales respecto al edificio Riegos El Progreso. Vuelve a incidir en que su actuación fue negligente y que la administración “llegó tarde y mal”, paralizando cautelarmente el derribo el 11 de enero, in extremis, cuando la situación se planteó en la mesa de patrimonio del 13 de diciembre, en la que la administración autonómica justifica su tardía actuación porque en la mesa se expuso el problema en ruegos y preguntas, a pesar de que todo era público desde finales de octubre.
