ALICANTE. El exconcejal de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, puede acabar convirtiéndose en socio privilegiado del equipo de Gobierno sin necesidad de formar parte de él. Además de propiciar la aprobación inicial del presupuesto municipal de este año (se abstuvo y prevé mantener su posición en el trámite de aprobación definitiva, este viernes), puede convertirse en la pieza necesaria para que el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) supere otra prueba de fuego: la aprobación del catálogo de protecciones. O lo que es lo mismo, el documento que servirá como punto de partida para la redacción del futuro Plan General Estructural (PGE).
El propio concejal no adscrito avanzó a Alicante Plaza este martes que, tras conocer de primera mano los detalles del documento (en una reunión informativa mantenida con técnicos de la Concejalía de Urbanismo y con el propio edil del área, Miguel Ángel Pavón) se inclina por emitir un voto favorable cuando el asunto se eleve a comisión informativa de Urbanismo (previsiblemente, la próxima semana, cuando se deben resolver las alegaciones presentadas) y al pleno de la sesión ordinaria de mayo, el día 27.
Sepulcre sostuvo que considera acertadas las líneas centrales de la propuesta tanto por lo que respecta a la futura ampliación de suelo industrial a la que se da cabida, como por lo que concierne a la creación de zonas verdes. Explicó que sólo mantiene ciertas dudas sobre la conveniencia de preservar ciertos edificios protegidos, "de modo que se impida construir y ganar alturas" o sobre los grados de protección que se contemplan, al defender que en algunos casos podría reducirse a que se conserve únicamente la fachada y no todo el edificio. Pero, pese a ello, insistió en que su voto "en estos momentos sería favorable".
Ese voto vale su peso en oro y constituye todo un espaldarazo a la gestión de PSOE, Guanyar y Compromís (que también había mantenido diferencias de criterio internas sobre algunos de los puntos del documento). Fuentes del equipo de Gobierno (que gestiona en situación de minoría, con 14 concejales en una corporación de 29) precisaron que, para que el catálogo quede aprobado por el pleno, se requiere mayoría absoluta. Es decir, no basta que la propuesta reúna más votos a favor que en contra, como sucede con los presupuestos.
El requisito de esa mayoría -al menos en esta fase- sólo estaría prácticamente garantizada gracias al más que probable apoyo del concejal tránsfuga. El PP y Ciudadanos rechazaron el documento cuando se elevó al dictamen del consejo de sostenibilidad y medio ambiente y hasta ahora no hay ningún indicio de que puedan modificar el sentido de su voto.
La segunda concejal no adscrita, la exconcejal de Guanyar Nerea Belmonte, no tiene todavía definida su posición. A preguntas de este diario, admitió que, como Sepulcre, había recibido todo tipo de explicaciones técnicas, pero confirmó que aún no había logrado fijar su posición "en una cuestión tan compleja a expensas de recabar asesoramiento externo".
Como Sepulcre, Belmonte también allanó el camino al tripartito para que pudiese aprobar el presupuesto municipal de este año. La concejal tránsfuga también se abstuvo, después de que se aceptasen algunas de sus enmiendas y de que los tres socios de gobierno aceptasen otras de sus sugerencias como compromisos políticos.
En la comisión de Hacienda celebrada la semana pasada, confirmó esa misma posición - la abstención- y este martes ratificó que la mantendrá en el pleno de aprobación definitiva de este viernes. Sobre todo, después de que, en el dictamen de la comisión, se incluyese -como ella había defendido- un compromiso por escrito de atender las peticiones recogidas en las alegaciones presentadas por los sindicatos, en el marco de un proceso de negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
El desarrollo de la sesión se antoja rápido. O al menos esa es la voluntad que se puso de manifiesto en la Junta de Portavoces celebrada este martes, en la que se fijaron tiempos de intervención. La edil de Hacienda, Sofía Morales, o el alcalde, Gabriel Echávarri (como sucedió en el pleno de marzo) dispondrán de seis minutos para defender el presupuesto en representación de todo el tripartito. Y, después, los portavoces de cada grupo dispondrán de tres minutos cada uno para manifestar su posición. Eso sí, a esos tiempos debe sumarse el previsto para la intervención de los representantes sindicales que, como hicieron en el pleno de aprobación inicial, han solicitado volver a hacer uso de la palabra en el inicio de la sesión.