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diligencias preprocesales sobre el 'caso micro'

La Fiscalía insta a la Policía a investigar el hallazgo del aparato de grabación en Urbanismo

16/03/2018 - 

ALICANTE. La Fiscalía pone en marcha el proceso para determinar si pudo existir algún indicio de delito a cuenta del hallazgo de un dispositivo de grabación en el despacho ocupado por la edil de Urbanismo de Alicante, la socialista Eva Montesinos. Según pudo saber Alicante Plaza, las diligencias preprocesales abiertas a instancias de la denuncia presentada por el grupo municipal de Compromís ya han sido turnadas por orden de reparto al fiscal Gregorio González, quien ha dado instrucciones a la Policía Nacional para que abra una investigación sobre el suceso. 

De hecho, la Policía Nacional debía iniciar averiguaciones en relación al mismo episodio a partir de la denuncia presentada por el portavoz municipal de Guanyar y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, un día después de que trascendiese la detección de ese aparato, al considerarse afectado por un supuesto delito de grabaciones ilegales con el argumento de que él había ocupado ese despacho antes de Montesinos y que desconocía de su existencia.

La orden dada por el fiscal del ya denominado caso micro es la actuación lógica que corresponde para tratar de esclarecer las circunstancias de ese hallazgo. La Policía deberá determinar ahora si solicita informes al Ayuntamiento de Alicante al respecto o si toma declaración a los responsables del hallazgo. Fuentes municipales precisaron este jueves que hasta este momento no se había cursado ninguna petición en relación a los hechos. Sea como fuere, las mismas fuentes abundaron en el anuncio ya expresado por el alcalde, Gabriel Echávarri, quien ha sostenido que se facilitará toda la información que se solicite con la máxima colaboración.

En esta línea, el equipo de Gobierno también trasladó a los portavoces de los cuatro grupos de la oposición que han solicitado información sobre el controvertido hallazgo (PP, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) que, al haberse presentado denuncias al respecto, no era conveniente facilitar esa documentación (copia del informe del jefe de seguridad de Alcaldía y de los encargos realizados a la empresa especializada que efectuó el barrido para su localización) más que a la Fiscalía o a la Policía en el momento en que la solicitasen. 

Guanyar y PP ya han expresado su malestar por esa falta de respuesta. De hecho, han criticado públicamente que se haya dejado vencer el plazo de cinco días del que disponía el equipo de Gobierno para emitir una contestación por escrito en la que se les notificase esa denegación de acceso a la información solicitada, de modo justificado.

Es más, los dos grupos políticos han anunciado ya sus estrategias para volver a reclamarlas: Guanyar ha adelantado su intención de acudir al Síndic de Greuges, mientras que los populares preparan un requerimiento previo a la interposición de un contencioso por denegación de acceso a la información, como el que ya presentaron en febrero de 2017 (en ese caso, sin éxito).

A priori, las explicaciones facilitadas por el equipo de Gobierno tras la detección del dispositivo podrían llevar a descartar la posibilidad de que alguien pudiese haber obtenido información privilegiada sobre decisiones urbanísticas, ya que el aparato en cuestión era un dispositivo de autograbación que no podía transmitir señal al exterior y que, además, debía estar conectado a un equipo de registro. Una circunstancia que, al parecer, no se daba en el momento en el que pudo haberse detectado, el pasado 15 de enero. Ese fue el motivo, según vienen incidiendo tanto Echávarri como Montesinos, por el que se decidió no presentar una denuncia ante la Policía Nacional, después de que, a consulta de representantes del Ayuntamiento, hasta dos altos mandos del cuerpo hubiesen informado sobre las prestaciones reales de ese aparato, que se calificó como muy rudimentario.


Según las fuentes jurídicas consultadas, todo apunta a que el hallazgo de ese utensilio no sería en sí mismo constitutivo de delito en la medida en que se pueda considerar que no existe un hipotético afectado por su instalación, de modo que todo quedaría limitado a una controversia en el plano político. En todo caso, las investigaciones podrían tratar de desentrañar si se actuó correctamente al retirarlo del lugar en el que se encontró -bajo un armario del despacho municipal- sin solicitar la intervención de la Policía Nacional para que lo investigase. Por lo pronto, el grupo municipal del PP ya ha alertado de que, con esa decisión, se pudieron haber alterado o destruido posibles pruebas. Los populares han subrayado que con esa manipulación del aparato, el PSOE no puede demostrar que no son responsables de su instalación. Como ha contado este diario, el hallazgo del dispositivo trascendió cinco días antes de que se conociese el auto de la Audiencia Provincial por el que se confirmaba el procesamiento del alcalde por el supuesto fraccionamiento de contratos del caso Comercio.                  

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