Echávarri retuerce las condiciones de su marcha: 15 votos con garantía jurídica y sin negociación 

ALICANTE. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, da una nueva vuelta de tuerca a las condiciones para que se produzca su posible renuncia al cargo, que sigue dando por postergada hasta el momento (todavía sin plazo cierto) en el que exista un auto de apertura de juicio firme contra él por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio. Un día después de que trascendiese que el número 3 del PSPV, José Muñoz, había abierto una ronda de contactos preliminares en busca de los votos de los 15 concejales que resultan necesarios para investir a Eva Montesinos como sustituta, el primer edil insistió en que sólo presentaría su dimisión si se le garantiza "jurídicamente" que existen esos 15 votos. "Estamos en un momento muy delicado y no es tan fácil", señaló en una comparecencia pública, este jueves, tras hacer entrega de la medalla de oro de la ciudad a la Guardia Civil. "A veces ir demasiado deprisa no es bueno y de lo que se trata es de evitar que la Alcaldía sea para el PP",  recordó, ya que su lista fue la más votada en las municipales de 2015. Así, añadió que, en el momento en el que se confirme que se cuenta con el apoyo mínimo de esos 15 concejales, se tratará de "garantizar jurídicamente que no se echen atrás". "Quién nos dice que un concejal el día del pleno no se pone enfermo", se preguntó. En esta línea, señaló que "hay fórmulas: estamos trabajando con abogados y hay fórmulas" para procurar esa seguridad jurídica, sin concretar más al respecto.

Nadie aportó ningún detalle adicional sobre ese requisito. Es más, representantes de la dirección autonómica del PSPV apuntaron a Alicante Plaza que hasta el momento no se había planteado nada similar al hablar sobre los términos de su abandono y que no sabían a qué seguridad jurídica se había referido. Según las mismas fuentes, ni Echávarri ni nadie de la cúpula regional del partido ha planteado la exigencia de una posible declaración jurada registrada ante notario, ni de ningún otro tipo de compromiso por escrito antes de que se convoque un pleno de investidura. De hecho, fuentes jurídicas señalaron que una hipotética acta notarial dudosamente podría surtir el efecto pretendido (la garantía de voto), ya que de su incumplimiento no se derivaría ningún tipo de responsabilidad, más allá de la pérdida de crédito respecto a la voluntad manifestada.

No obstante, al margen de esa garantía jurídica, Echávarri también añadió que en ningún caso estaría dispuesto a admitir una negociación política a cambio del voto de esos 15 concejales. Señaló que el apoyo para la investidura de Montesinos debe ser incondicional: "Ni reedición de un tripartito que no ha funcionado, ni catálogo, ni plan ciudad ni nada parecido; quince votos para la investidura, sí o sí", remarcó. Esa posición contrasta con las impresiones trasladadas este mismo jueves tanto por la edil no adscrita, Nerea Belmonte, como por el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. Los dos confirmaron que el secretario de Organización del PSPV, el propio Muñoz, se había entrevistado con ellos para conocer de primera mano cuál podría ser su posición cuando se convoque el pleno sobre el teórico relevo de Echávarri. Ambos coincidieron en que fue un primer tanteo al que le sucederían futuros contactos con la intención de abordar propuestas concretas. Entre ellas, Guanyar ya dejó claro el miércoles que plantearía un documento sobre proyectos ejecutables antes de que finalizase el mandato que el sustituto o sustituta del alcalde debería comprometerse a impulsar. Y así lo ratificó este jueves el coordinador local de EU, Luis Fernando Sevilla, al valorar la propuesta debatida por la mesa de coordinación de Guanyar y el grupo de concejales: "No solo queremos saber qué persona propone el PSOE para ocupar la alcaldía sino para qué la quiere. Guanyar elaborará una propuesta de objetivos realizables en el último año de legislatura, y comenzaremos la negociación para investidura en base a dicho documento", añadió, a través de un comunicado.

El primer edil contempla la posibilidad de continuar en el cargo incluso pese a que el PSOE pueda acordar su expulsión del partido

El alcalde recalcó, igualmente, que hasta este momento no se tienen esos 15 votos necesarios para asegurar la continuidad de un alcalde socialista y se refirió al rechazo que Guanyar ya ha expresado sobre la investidura de Eva Montesinos: candidata natural al ser la número 2 de la lista socialista, además de vicealcaldesa y edil de Urbanismo. Una interpretación que, según señaló Pavón, no se ajustaría a la realidad. "El PSOE ya sabe que cuenta con 15 votos", en referencia a los posibles apoyos que podrían darle tanto Guanyar, como Compromís, como Belmonte, "y Guanyar no va a decidir qué concejal socialista debe ser el candidato; eso le corresponde al PSOE, aunque Guanyar pueda tener sus preferencias y aunque ya hemos dicho que Montesinos no nos parece la persona que puede generar más consenso", señaló. "Yo expresé que teníamos reticencias, pero eso no supone ningún veto", apuntó.

¿Un alcalde no adscrito?

Echávarri se refirió a la posibilidad de que no llegue a producirse su renuncia a la Alcaldía, si no se cuenta con esos 15 votos cuando se dicte la apertura de juicio por el caso Comercio. Incluso aunque esa resistencia a dimitir pueda llevar a su partido a acordar su expulsión. En esta línea, como ha informado este diario, explicó que los estatutos y el código ético del PSOE recogen que "un cargo público debe dimitir en el momento en el que se dicte apertura de juicio firme" y que, además, de acuerdo con la última revisión de esas normas internas aprobada "ya con Pedro Sánchez como secretario general, se establece que sólo cabe la expulsión en caso de delitos de corrupción que debe determinar el comité ético del partido, y eso no ha sucedido".

La tesis que Echávarri y la cúpula del PSPV siguen defendiendo es que el delito de prevaricación por el que puede acabar sometido a juicio no puede encuadrarse como supuesto de corrupción, ya que, en su opinión, deriva de una infracción administrativa: no haber convocado los concursos que podrían haber sido preceptivos para concertar las campañas de la Concejalía de Comercio de diciembre de 2016, tras haber formalizado 14 encargos directos, por un importe global de 144.000 euros.

Lo cierto es que si el PSOE decide expulsarle, el primer edil podría seguir ocupando el cargo como no adscrito, ya que el acta de concejal es personal y sólo él puede renunciar a ella. Sólo podría forzarse su sustitución a través de una hipotética moción de censura, lo que exigiría -como mínimo- que Guanyar, PP y Compromís sumasen sus 16 votos o que el grupo socialista se rompiese y también participasen en esa iniciativa. A día de hoy no parece un escenario probable.

Por último, el primer edil también contempló, a preguntas de los medios de comunicación, la posibilidad de que Ciudadanos (Cs) también facilitase sus votos para la investidura de Montesinos, de modo que no fuese necesario depender de los votos de los no adscritos, Belmonte y el exconcejal de Cs, Fernando Sepulcre. Echávarri dijo que para eso bastaba que Cs anunciase en público su respaldo y se comprometiese a votar a Montesinos.

Cs insiste en exigir la salida de Echávarri como requisito para poder hablar sobre su posición en el pleno de investidura

Sus palabras motivaron la respuesta de la portavoz municipal de Cs, Yaneth Giraldo, quien mantuvo el mismo discurso que defiende desde que trascendió la imputación de Echávarri. "El PSOE tiene que dejar de marear la perdiz. Hablemos claro: el PSPV-PSOE está velando por sus intereses para mantener la Alcaldía de Alicante, la más importante de las que ostentan en la Comunidad Valenciana. Eso es legítimo, pero hay que hacerlo con altura de miras y predicando desde la ejemplaridad, es decir, que Echávarri dimita ya. Ciudadanos está dispuesto a hablar, lo que no vamos a hacer es sucumbir a los intereses particulares del PSOE, ni de nadie", insistió.

En esta línea, subrayó que "el problema de inestabilidad política que hay en Alicante lo ha provocado el PSOE y el anterior tripartito, no lo ha provocado Cs, por tanto le corresponde al PSOE arreglar este desaguisado. Lo que no pueden pretender los socialistas, ni sus exsocios, es que les arreglemos los problemas nosotros".