La edil de Urbanismo, la socialista Eva Montesinos, muestra el dispositivo de grabación hallado en un armario de su despacho en la concejalía. Foto: EFE/MORELL ALICANTE. Las informaciones que han trascendido en las últimas 24 horas sobre el hallazgo de un dispositivo de grabación en el despacho ocupado por la edil de Urbanismo, Eva Montesinos (PSOE), permiten dar por descartado un primer escenario que había disparado todas las alarmas: la posibilidad de que se estuviese practicando una suerte de espionaje externo sobre los asuntos tratados en esas dependencias municipales. Como mínimo, así lo defendió la propia Montesinos, en una comparecencia pública en la que explicó los detalles de la detección del aparato y en la que dio su versión sobre los motivos por los que se decidió no presentar una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional para que se dilucidase quién pudo haber sido el responsable de su colocación y con qué fin. Estas son las principales novedades sobre el polémico episodio, las explicaciones facilitadas, las declaraciones y el análisis de los hechos objetivos en su contexto político.
Sobre el hallazgo en sí mismo, la edil abundó en algunos datos ya conocidos y corrigió otros. Señaló que, al tomar posesión del despacho como nueva concejal de Urbanismo, a mediados del pasado mes de noviembre, notó que tenía dificultades para hablar desde su teléfono móvil porque percibía algún tipo de interferencia. Según Montesinos, informó de ello a Alcaldía y fue el jefe de Seguridad, asesorado por un técnico de una empresa del sector, quien encontró el dispositivo oculto bajo uno de los armarios tras realizar un barrido en la oficina.
Primera matización relevante: no fue una empresa especializada propiamente dicha la que realizó el trabajo, por lo que no pudo mediar ningún encargo ni ningún documento en el que se reflejase el trabajo realizado. Eso sí, según fuentes de Alcaldía, el jefe de Seguridad de Alcaldía, emitió un informe sobre el hallazgo. Todo parece indicar que ese informe tendrá que ser aportado ante la Policía Nacional o ante la Fiscalía, en el caso de que en una de las dos instancias (o en las dos) se decidiese abrir una investigación tras las denuncias presentadas por el portavoz municipal de Guanyar y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, y por el grupo municipal de Compromís. Por lo pronto, Pavón ya registró este mismo lunes una petición para que se le facilitase copia de toda la información que obrase en el Ayuntamiento relacionada con la detección del micro.
Los ediles de Compromís, Tirado, Bellido y Espuch, con el escrito de denuncia. Foto: EFEEl siguiente paso, según Montesinos, fue el de acudir a la Policía Nacional para dar cuenta de lo sucedido. En ese momento, según la edil, "un alto cargo de la Comisaría y un responsable de la Unidad Tecnológica nos informó de que se trataba de parte de un dispositivo de autograbación que no podía funcionar sin estar conectado a un equipo de registro", como un ordenador, y que en sí mismo "no constituía ningún delito, ya que era un aparato de corto alcance" y, además, no era capaz de transmitir al exterior a través de una señal wifi. En esta línea, añadió que "se nos dijo que era un equipo de autograbación muy rudimentario, de consumo interno" y que tampoco podía resultar delictivo "si no se había hecho uso" de ninguna supuesta grabación que se hubiese tomado gracias a él. "Por eso, entendimos que no era conveniente presentar una denuncia ni dar a conocer el hallazgo para que no afectase a la imagen de Alicante", apuntó.
¿Por qué no se dio a conocer el hallazgo al anterior titular de la concejalía, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, como hipotético afectado o interesado? Según Montesinos, por ese mismo motivo: "No queríamos darle difusión para que no afectase a la ciudad y además se nos había dicho que no era constitutivo de delito". Esa es la versión que se facilitó desde distintos ámbitos del PSOE y del equipo de Gobierno. "Bastante hemos tenido en Alicante ya con el urbanismo", en referencia a la causa sobre el supuesto amaño del Plan General en favor del empresario Enrique Ortiz que se investigó en el caso Brugal, "para que se diese a conocer lo que al final se ha publicado", insistieron las fuentes del PSOE consultadas. Sea como fuere, el líder municipal de Guanyar también exigió, a través del escrito registrado este lunes, "que se depuren todas las responsabilidades derivadas del hecho de que no se pusiera de inmediato en mi conocimiento la detección de dicho supuesto de grabación al haber ocupado, como concejal de Urbanismo, desde enero de 2017 y hasta el 15 de noviembre, el despacho en el que dicho supuesto dispositivo fue detectado". "Todo ello en mi condición de afectado" por la presunta comisión de los delitos de grabación ilegal o de obtención y aprovechamiento de información privilegiada.
¿Quién pudo colocar el dispositivo? Montesinos explicó que el equipo de Gobierno no podía hacer "conjeturas" al respecto ni señalar a nadie. Tampoco a su predecesor. Se limitó a precisar que el mobiliario procedía del despacho de la concejalía de Urbanismo, en su anterior ubicación en el edificio del antiguo hotel Palas, que habían ocupado tanto el mismo Pavón, como la exedil del PP de ese departamento, Marta García-Romeu o, incluso, los últimos responsables de la Cámara de Comercio que ocupasen las dependencias del edificio bajo la presidencia de José Enrique Garrigós, antes de que el inmueble fuese alquilado por el Ayuntamiento. Eso sí, añadió que si el dispositivo causaba interferencias en las conversaciones que ella intentaba mantener con su teléfono móvil era porque funcionaba, porque tenía pila con carga todavía operativa. Dijo que no se podía determinar el tiempo que llevaba instalado o si se había cambiado la pila por agotamiento pero, según mostró, el dispositivo contaba con una batería ordinaria del tipo AAA, con lo que tanto ella como otros representantes del equipo de Gobierno y del PSOE sostuvieron que difícilmente podía estar en activo desde hacía cuatro años o dos años y medio. Eso sí, nadie precisó nada sobre qué uso podía haberse dado a las supuestas grabaciones que se pudiesen haber captado con dicho micro.
¿Cuál es la versión de Pavón? La que ya ha venido contando Alicante Plaza: no tiene relación con los hechos y se considera un afectado. "Yo no he colocado ningún dispositivo para grabarme ni a mí ni a nadie y cualquiera que intente insinuarlo tendrá que responder por una denuncia falsa", insistió. En esta línea, ratificó que el mobiliario de la oficina de la concejalía procede del antiguo despacho de Urbanismo en el antiguo hotel Palas y dijo desconocer si esos enseres fueron desmontados y vueltos a montar cuando se produjo el traslado hasta las dependencias actuales, en la antigua sede de la Cámara de Comercio, junto a la Audiencia Provincial. Según fuentes de Alcaldía, en principio ese parece ser el operativo que se utilizó para trasladar todos los muebles, excepto las mesas, que se transportaron con la ayuda de grúas.
El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, tras registrar su denuncia en comisaría. Pavón ofreció un detalle adicional más para negar toda responsabilidad en la colocación del dispositivo al sostener que el armario en cuestión en el que, al parecer, había aparecido "no estaba en su ubicación actual cuando yo ocupaba el despacho; estaba justo en la pared situada enfrente de mi mesa, no al lado, por lo que es imposible que pudiese tenerlo conectado a mi ordenador ni nada parecido". "Parece que me quieran responsabilizar a mí cuando yo no tengo nada que ver con todo esto", señaló. "Lo que hay que preguntarse", añadió, "es por qué no se me informó a mí de nada en su momento; por qué no se presentó una denuncia en la Policía Nacional, y por qué se conoce justo ahora, dos meses después de que se encontrase el aparato, ¿es que se pretende tapar alguna otra cosa que pueda resultar negativa para el PSOE o para el alcalde?", señaló. "Si es así, esto puede acabar teniendo un efecto bumerán", advirtió.
En parecidos términos se expresó el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, al sostener que, al margen de la gravedad de los hechos en sí mismos e "independientemente de que pueda querer responsabilizarse de ellos a Pavón, en lo que yo ni entro ni salgo, lo cierto es que al haber manipulado el dispositivo y de haber alterado su colocación sin haber solicitado que actuase la Policía Nacional, ni el PSOE puede demostrar ahora que ese aparato no fuera suyo". "Este minigobierno son tan pocos, tan torpes y hacen las cosas tan mal que no han tenido ni la más elemental de las precauciones de ver una serie policíaca antes de actuar", apostilló.
¿Quién tenía conocimiento del hallazgo del dispositivo? Según fuentes del equipo de Gobierno, una lista muy reducida de no más de ocho personas: además de Montesinos; el alcalde, Gabriel Echávarri; su jefe de gabinete, Lalo Díez; la responsable de prensa, el jefe de Seguridad de Alcaldía, el técnico de la empresa de seguridad que colaboró en el barrido, y los dos cargos de la Policía Nacional a los que se expuso los hechos.
¿Por qué ha trascendido ahora?, ¿puede haber tenido alguien interés en que se difundiese? Fuentes del equipo de Gobierno y fuentes del PSOE negaron haber promovido su publicación ni haber dado a conocer el hallazgo. "Lo que menos nos interesa ahora, con las situaciones que todos ya sabemos que afectan al alcalde y a dos asesores, es que se monte un circo como el que se ha montado y que precisamente era el que queríamos evitar al no informar de lo sucedido", insistieron. "Si hubiésemos querido cargar las tintas contra alguien, lo habríamos hecho hace tiempo, pero no es el caso porque ni podemos demostrar nada ni es bueno que se vuelva a generar ruido en torno al urbanismo después de la etapa que acabamos de pasar", insistieron.
¿Podría ser un intento de promocionar políticamente a Eva Montesinos como futura candidata a la Alcaldía con un plus de exposición pública? Las mismas fuentes lo descartan taxativamente. "Menuda campaña estaríamos montando, a cambio de que se volviesen a sombrar dudas sobre el Ayuntamiento", incidieron. "Quien lo haya dado a conocer ha cometido una torpeza; no sabía lo que hacía", señalaron.
¿En qué momento de la actualidad política y municipal ha trascendido el hallazgo? ¿Puede haberse tratado de un intento de desviar la atención, como se cuestiona desde Guanyar? De ser así, no hay una respuesta categórica ni ningún dato que lo confirme. Si la información que se pretende ocultar o aligerar tiene que ver con la posible confirmación del procesamiento de Echávarri por el supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio, lo cierto es que, como pronto, no se espera ninguna resolución de la Audiencia Provincial respecto a los recursos de los tres imputados (Echávarri, Díez y el asesor de Comercio, Pedro de Gea) hasta finales de marzo o principios de abril. Por el momento, tampoco se conoce ninguna decisión sobre la causa en la que se investiga el despido presuntamente irregular de una trabajadora contratada en el Ayuntamiento como interina, a la que se cesó después de que su cuñado, Luis Barcala, presentase la denuncia por los contratos de Comercio.
¿Puede tratarse de una maniobra para preparar un auto de confirmación que exponga al PSPV a pedir la marcha de Echávarri? Nadie puede asegurarlo, aunque sí fue una posibilidad que contemplaron este lunes diversas fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza. Según esas mismas fuentes, la hipótesis es que con la difusión del hallazgo de ese dispositivo se pretendería desgastar a Guanyar para impedir cualquier tipo de acuerdo con el PSOE en el que se pudiese restituir una mayoría de quince concejales: los que resultan necesarios para que se produzca la elección de un nuevo alcalde, en caso de que Echávarri presente su dimisión. Desde que trascendió su primera imputación, el primer edil viene negando que vaya a presentar su renuncia al sostener que no ha cometido ningún delito. Su tesis es que se ha utilizado un error administrativo para armar una denuncia política en su contra.
La cuestión es que los estatutos del PSOE establecen que todo cargo sobre el que pese un auto de procesamiento firme debe renunciar a sus responsabilidades públicas y, llegado el caso, la cúpula autonómica del partido que encabeza Ximo Puig como secretario general podría reclamar que el alcalde diese ese paso. Como ha publicado este diario, el propio Puig eludió respaldar públicamente a Echávarri el pasado martes en el acto por el que se confirmaba la entrada de la Generalitat en la propiedad del Teatro Principal. El jefe del Consell evitó una respuesta directa, segundos después de que el primer edil confirmase su predisposición a ser candidato en las municipales de 2019.
Así que, siempre según esas mismas fuentes, la estrategia que podría haberse desplegado consistiría en tratar de acabar con toda posibilidad de suma con los cinco concejales de Guanyar de modo que resultase imposible el supuesto relevo de Echávarri por su sucesora natural: Montesinos es la número 2 de la lista del PSOE y el número 3 es Carlos Giménez, también imputado en el caso despido.
Lo cierto es que sin Guanyar esa hipotética sustitución no parece viable. No lo parece porque los ediles de Ciudadanos (Cs), a una distancia ideológica evidente, tampoco serían partidarios de cubrir esos cinco votos al no estar dispuestos a alinearse con Compromís (tres concejales). Es decir, no sólo harían falta cinco votos, sino ocho. Todo, además, sin hablar de la posición inestable de los dos ediles no adscritos: Nerea Belmonte (exconcejal de Guanyar, ahora en la oposición y única edil que no cuenta con retribuciones por ejercer el cargo) y Fernando Sepulcre (diputado que sí percibe ingresos de la institución que preside el PP).
Y, por último, no es menos cierto que el equipo de Gobierno del PSOE ya ha dado varios pasos para desvincularse y apartarse de gran parte de las decisiones o directrices impulsadas por Guanyar durante su etapa con responsabilidades de gobierno: desde la suspensión de los planes de ordenación de veladores del centro para su reformulación; a la propuesta de modificación de los planes especiales del Centro Tradicional y Casco Antiguo en la que ahora se pretende la búsqueda del consenso; hasta la priorización de la concesión de licencias frente a otras áreas relacionadas con el Urbanismo; la revisión del catálogo de protecciones, o incluso, sobre la limpieza viaria, en la que se ha vuelto a plantear la contratación de una auditoría sobre la prestación del servicio que Guanyar descartó durante la etapa en la que la concejalía fue asumida por Pavón.
