El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, junto al alcalde, Gabriel Echávarri, en una votación en el pleno, en imagen de archivo. Foto. RAFA MOLINAALICANTE. El PSOE trata de romper amarras con las decisiones impulsadas por sus exsocios de Guanyar en un área especialmente polémica como la planificación urbanística. La vicealcaldesa y edil de Urbanismo, Eva Montesinos, confirmó este lunes, a través de un comunicado, la apertura de un proceso de negociación sobre una nueva propuesta de catálogo de protecciones (el documento que debe servir de orientación para redactar un nuevo Plan General) con marcadas diferencias respecto a la propuesta debatida en el pleno de mayo de 2017: la que entonces defendió su antecesor, el portavoz de Guanyar Miguel Ángel Pavón, ahora en la oposición.
Se trata, en definitiva, de un nuevo paso en la dirección que el gabinete que dirige Gabriel Echávarri ha pretendido seguir prácticamente desde que se cumplió el primer año de vigencia del pacto de gobierno: poder gestionar sin ataduras para que la ciudadanía juzgue al PSOE en 2019 por el desarrollo de sus propias iniciativas. Ya lo ha sido, por ejemplo, la decisión de reforzar el área de tramitación de licencias con personal adicional de otras áreas, como la de planeamiento, con el argumento de que se debía "desbloquear" las solicitudes de permisos pendientes. Y también lo ha sido la nueva propuesta de revisión de los Planes Especiales del Centro Tradicional y Casco Antiguo para regular la instalación de negocios de hostelería.
En realidad, el anuncio sobre el catálogo no fue ninguna sorpresa: la voluntad de retomar el debate sobre el documento se había hecho pública prácticamente desde la misma ruptura del tripartito, el pasado noviembre. No obstante, sí resulta llamativa la nueva orientación de la propuesta del PSOE. De acuerdo con la información avanzada por Urbanismo, el nuevo documento incorporará tres novedades sustanciales ajustadas al planteamiento que los socialistas vienen defendiendo desde el inicio de su tramitación. La primera, "la eliminación de las restricciones de altura" que se planteaban en la propuesta original para aquellos edificios incluidos en el catálogo sobre los que el Plan General en vigor permita construir plantas (alturas) adicionales. El documento impulsado hasta ahora por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo bajo la coordinación política de Pavón planteaba que el Ayuntamiento pudiese compensar a los propietarios de los edificios por los derechos de edificabilidad de esos vuelos mediante la cesión de suelo en otros puntos del término municipal.
En la última versión del catálogo se establecía una prórroga de tres años para que el Ayuntamiento determinase cuáles eran esos derechos y las compensaciones a abordar, en su caso. Fue, de hecho, una propuesta incorporada a petición expresa del grupo socialista. Ahora, el equipo de Gobierno sostiene que esas compensaciones podrían elevarse a 71 millones de euros "según el importe correspondiente a su valor de construcción" que llegaría hasta los 150 millones en indemnizaciones si se tuviese en cuenta el valor de mercado de esas plantas adicionales.
El segundo cambio trascendental propuesto por el PSOE es la "eliminación de todas las fichas que puedan modificar la clasificación o calificación del suelo y, muy especialmente, en aquellas que afectan al suelo industrial". Es decir, que no se recomendará la protección de los suelos que ahora siguen teniendo la condición de urbanizables. El cambio tiene interés, por ejemplo, por lo que respecta a la situación del sector de La Condomina-Torres de la Huerta, para la propuesta inicial de catálogo planteaba una ordenación a través de un Plan Especial como parque agrícola de interés cultural y etnológico en el que se incluiría esa red de edificios de vigilancia (torres) construidas entre los siglos XVI y XVIII.
Para los socialistas, esa figura constreñía toda actuación urbanística residencial, lo que, a su juicio, dificultaba que se llevase a cabo la protección y conservación de esas torres. De ahí que, durante la fase de negociaciones en el seno del ya extinto tripartito, finalmente se delimitase que en ese sector sí tendría cabida la actividad residencial, aunque no con las dimensiones y cifras que se habían barajado hasta la fecha. Guanyar sostuvo, entonces, que no se darían cabida en ningún caso las 13.000 viviendas que había pretendido levantar el promotor Enrique Ortiz. Y en esas negociaciones también se concertó que no se impediría el desarrollo de suelo industrial en el entorno de los polígonos de la ciudad: uno de los argumentos que también adujo la Concejalía de Urbanismo para plantear la retirada de esas fichas "que puedan modificar la clasificación o calificación del suelo".
Por último, el tercer cambio de calado incorporado en la nueva propuesta del PSOE es la "eliminación de los excesos de protección de bienes más allá de lo expresamente establecido por la Ley o los acuerdos que lo declararon como tal". El comunicado de la Concejalía de Urbanismo no llega a concretar de qué excesos se trata. En principio, ese detalle no se conocerá hasta que se desarrollen las primeras reuniones con los grupos de la oposición en las que el PSOE tratará de llegar a consensos y sumar apoyos.
No será una tarea fácil. El equipo de Gobierno necesita reunir obligatoriamente los votos de 15 concejales (la mayoría absoluta de la corporación), algo que no sucedió con el documento elevado al pleno por el líder de Guanyar, el pasado mes de mayo, que entonces sí contó con el voto favorable del PSOE.
De ese proceso de negociación, hasta este lunes, sólo se había confirmado la cita con Compromís, prevista para el miércoles y con Ciudadanos (Cs), el jueves. Por lo pronto, el portavoz municipal de los nacionalistas, Natxo Bellido, agradeció que el PSOE hubiese atendido "las peticiones que hicimos en el Debate del Estado de la ciudad para que se reanudase la tramitación del catálogo". Bellido no llegó a avanzar cuál sería su posición sobre el nuevo planteamiento del PSOE hasta conocerlo al detalle, aunque sí señaló, en declaraciones a Radio Alicante, que Compromís había aprobado una propuesta de catálogo de protecciones y que, a priori, iba a mantenerse en esa posición para consolidar el patrimonio que aún se conserva en Alicante.
Guanyar fue mucho más claro respecto a su postura. Su portavoz, Miguel Ángel Pavón, señaló, también en declaraciones a Radio Alicante, que los cinco concejales de su grupo no apoyarían ninguna propuesta que se apartase del documento que él planteó para su debate en el pleno. Es decir, que con la cautela de Compromís y el rechazo tajante de Guanyar, al PSOE sólo le queda tratar de recabar los votos de Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) si pretende que el documento pueda aprobarse, por lo que deberá exponerse a probables cesiones y modificaciones adicionales.
Ninguno de los dos grupos de la oposición -que votaron en contra de la propuesta debatida el año pasado- valoró este lunes los términos del nuevo planteamiento del PSOE. El portavoz municipal de los populares, Luis Barcala, sólo sostuvo que los socialistas tenían que dedicarse a gobernar y plantear una propuesta, sin esperar a que "la oposición le hagamos el trabajo". "Si no están capacitados para ello, que se aparten", añadió. Fuentes de Cs, por su parte, señalaron que no podían pronunciarse hasta conocer la nueva propuesta.
