Bolsas de basura acumuladas en el Casco Antiguo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El proceso está en marcha. En plena huelga de la plantilla a cargo de servicio. Y en plena pugna política sobre el futuro del contrato. Pero en marcha. La Concejalía de Limpieza que coordina el edil Víctor Domínguez (Guanyar) encargó a finales de julio la elaboración de la auditoría prevista en el pliego de condiciones que debe evaluar el grado de ejecución y cumplimiento del servicio por parte de la empresa concesionaria: la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por FCC, Ferrovial (Cespa) y Cívica (Enrique Ortiz).
El estudio en cuestión corre a cargo de la consultora ENT, con sede en Barcelona que -según las fuentes consultadas- estaría concretando ahora la metodología de estudio concreta, adaptada al contrato y las circunstancias del servicio de Alicante para comenzar a desarrollar el trabajo de campo en las próximas semanas. En principio, se trabaja con la previsión de que el estudio (financiado por la propia UTE con una aportación de 55.000 euros por año) esté terminado y presentado a finales de 2017.
Como publicó Alicante Plaza, el grupo de trabajo formado para concretar los objetivos de esa auditoría (compuesto por representantes del tripartito, de la oposición y por colectivos vecinales, junto a los técnicos de Limpieza) concretó en mayo que el nuevo estudio debía poner el foco en la calidad de la prestación del servicio en sí misma, y no en el control del absentismo como se venía haciendo hasta el momento. En esta línea, se concretaron los puntos básicos que deberían supervisarse: indicadores como la calidad en la ejecución de los barridos, soplados y baldeos; los tiempos de degradación de la limpieza tras esa labor; la limpieza de contenedores; el control de la maquinaria, y por último, también el control de personal.
Se trata de la primera auditoría que encarga el actual equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) tras los estudios considerados fallidos puestos en marcha bajo el mandato del PP, en 2014 y 2015. Como también publicó este diario, esos estudios constaban de 10 páginas y se limitaban a concretar el índice de absentismo: un 10,95% en 2014, y un 9,60%, un año después. En ambos casos se superaba el porcentaje comprometido en la oferta de la UTE.
El nuevo estudio se venía considerando hasta ahora como un elemento clave para determinar posibles soluciones. Guanyar confía en que pueda ejercer como auténtica prueba del nueve: si el contrato se cumple y resulta insuficiente, se podría abordar una mejora con ampliación de costes; si por el contrario, se incumple o resulta incompleto, podría servir de base para abordar sanciones o, incluso, la rescisión que, el martes, ya contempló abiertamente su portavoz, Miguel Ángel Pavón.
Curiosamente, hasta el PP defendió este miércoles el papel clave que debe jugar esa auditoría. Su portavoz municipal, Luis Barcala, sostuvo que "el pliego es bueno" como -señaló- llegó a insinuar el alcalde el martes cuando dijo que "lo que falta es dinero". Pero añadió que "precisamente porque es bueno hay que hacerlo cumplir". "Nuestra postura es, primero, que se lleve a cabo la auditoría para saber el grado de cumplimiento, carencias y sus causas, y necesidades. Segundo, que desde el Ayuntamiento se cumpla y se haga cumplir a rajatabla el pliego con inspecciones, evaluación de la calidad del servicio y sanciones por incumplimientos. Y tercero, si de lo anterior se deduce que la contrata cumple al 100% pero aún así no se llega, que se valore que hay que pagar de más y se negocie con la contrata", explicó. "Y si lo que se deduce es que hay un incumplimiento de la contrata reiterado, y no están dispuestos a rectificar, resolución del contrato y nueva licitación con precio actualizado", amplió.
En esta línea, explicó que "la situación ha cambiado, y el Ayuntamiento está en condiciones de poder pagar más por el servicio, pero eso tiene que responder a un cumplimiento real de la contrata del pliego". "Pensamos que desde el Ayuntamiento se ha hecho dejación de funciones e, igual que no se han hecho las auditorías, no se viene exigiendo a la contrata el cumplimiento ni se le controla".
Por lo pronto, este miércoles, la Concejalía de Limpieza seguía recabando informes sobre la evolución del servicio tras los últimos días de paros parciales en su prestación. Las fuentes consultadas precisaron que los inspectores habían constatado la presencia de residuos sin recoger 48 horas después de la última jornada de huelga (el lunes) lo que constituía un incumplimiento susceptible de ser sancionado.
Como informó este diario, Limpieza detraerá a la UTE los pagos proporcionales en la certificación mensual por los servicios no realizados durante la huelga en vigor. Esas penalizaciones, según los trabajadores, estarían teniendo consecuencias sobre la propia plantilla. Fuentes del comité de empresa señalaron -al término de la cita en el tribunal de arbitraje laboral en la que no se alcanzó ningún acuerdo para desconvocar la protesta- que la gerencia de la UTE había advertido con trasladar esa penalización a los trabajadores responsables de que no se prestase bien el servicio.
