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examen sobre la prestación del servicio 

Auditoría a la limpieza de Alicante: ¿deficiencias para rescindir o refuerzo con más costes?    

18/07/2017 - 

ALICANTE. El servicio de limpieza viaria, un contrato adjudicado en 2013 por un valor estimado de 395 millones a una UTE participada por el empresario Enrique Ortiz, vuelve a poner a prueba su efectividad en verano: uno de los periodos del año, junto con las fiestas de Hogueras, en el que se suelen registrar más quejas y en el que se multiplican las necesidades derivadas de una mayor afluencia de visitantes. El equipo de Gobierno, con la Concejalía de Limpieza como máxima responsable y punta de lanza, ha intensificado las campañas de concienciación y ha redoblado el dispositivo sobre las zonas en las que se concentra la presión turística (playas y zona centro) con el propósito de mejorar la prestación y mitigar las denuncias sobre sus carencias. 

Esas medidas especiales son, básicamente, las anunciadas tras un encuentro de coordinación con colectivos vecinales y asociaciones de comerciantes y hosteleros: contratación de 37 nuevos operarios sin coste adicional para las arcas públicas; doble servicio de recogida de la basura para restaurantes con retirada de contenedores para evitar el depósito de bolsas de residuos fuera del horario establecido; e incorporación de una tercera cuba adicional para baldeos, además de una nueva máquina pulidora para actuar de manera intensiva sobre el pavimento (que, entre otros trabajos específicos, permitirá eliminar restos de chicles). Sobre las playas, además de la instalación de más papeleras y contenedores, o de la distribución de ceniceros de bolsillo, se añade un cribado mecánico más exhaustivo con una red que permite captar objetos de menor tamaño, junto a un operativo de diez brigadas de trabajadores desplegadas en distintos tramos horarios.

El tripartito evaluará los resultados de esa batería de medidas para extraer conclusiones sobre su procedencia y eficacia. Sin embargo, el examen definitivo sobre la contrata vendrá de la mano de la auditoría prevista en el mismo pliego de condiciones: un estudio financiado por la propia UTE con una asignación anual de 55.000 euros que hasta ahora se había limitado a controlar el absentismo de la plantilla. Se trata de un indicador que, a juicio del tripartito, no resulta suficiente para evaluar la calidad de la prestación. Primero porque la UTE puede cubrir bajas temporales con refuerzos puntuales. Y segundo porque se ha comprobado que la mayor presencia de trabajadores no siempre implica necesariamente más calidad en la limpieza. Ese es el punto -la calidad- en el que se pretende poner el foco ahora a partir de criterios objetivos. Por ello, como publicó Alicante Plaza, el grupo de trabajo creado para redefinir la estrategia de control sobre el servicio a través de esa auditoría acordó abrir el procedimiento a varias consultoras especializadas para seleccionar a la que presente el mejor método de análisis sobre un periodo de dos años de estudio. 

El acuerdo alcanzado en ese grupo de trabajo (con representación de los grupos de la oposición) fue que en el primer año de esa auditoría se pondría el foco en la limpieza de calles al considerarse prioritario sobre la segunda parte del contrato: la recogida, tratamiento y eliminación de residuos. No ha trascendido si se ha iniciado ya el proceso de captación de propuestas de estudio entre empresas auditoras. Pero en Limpieza sí se da por sentado que de ese análisis dependerá en gran parte el futuro del contrato. Si en esa auditoría se reflejasen incumplimientos graves respecto a las condiciones establecidas en el pliego, además de acordar posibles penalizaciones para la concesionaria, se podría fundamentar la apertura de un expediente de resolución contractual por causas objetivas imputables al adjudicatario. Es la decisión que se adoptó en otros ayuntamientos de la provincia durante el pasado mandato respecto a sus contratas de recogida y/o eliminación de la basura, como los de Orihuela y Calp, o en el consorcio comarcal de residuos de la Vega Baja, en relación a la construcción de la planta de tratamiento de residuos. 

El 'blindaje' del contrato: prevé dos posibles prórrogas de dos años más allá de 2021 y para entonces aún se seguirá amortizando maquinaria  

En el tripartito se es consciente de que esa vía es muy compleja por el blindaje que auguran las condiciones previstas en el propio contrato. Entre ellas, la posibilidad de dos prórrogas de dos años cada una, más allá de la fecha de su finalización, 2021. Y, curiosamente, el ayuntamiento está obligado a seguir pagando la amortización de maquinaria adquirida por la UTE entre los años 2013 y 2015 más allá de 2021, lo que podría suponer un lastre para convocar una nueva licitación, ya que la oferta de un posible futuro concesionario tendría que hacerse cargo de cubrir esos costes.

Precisamente por ello, PSOE, Guanyar y Compromís son conscientes de que, ante una posible rescisión, el ayuntamiento quedaría expuesto a reclamaciones en los juzgados por parte de la adjudicataria: UTE Alicante (liderada por FCC y Cespa -ahora también mayoritarias en Inusa- además de Cívica) no dudaría en reclamar una compensación por los años de concesión no consumidos, por los pagos pendientes y por sus expectativas de beneficio. Según las fuentes consultadas, nada más acceder al Gobierno, los tres partidos aliados al frente del ayuntamiento elevaron una consulta técnica sobre las posibilidades de resolución del contrato y la respuesta que obtuvieron fue que, de partida (sin que mediasen reclamaciones judiciales) se debía compensar a la UTE con más de 40 millones. Así que, llegado el caso, todo dependería de la gravedad de esas posibles deficiencias que se detectasen para poder fundamentar una hipotética ruptura contractual para eludir el riesgo de pagos millonarios.

Ahora bien, de esa auditoría también podría desprenderse una conclusión opuesta: que el contrato se esté cumpliendo con rigor. En ese escenario, no se descarta que pueda estudiarse una posible ampliación del servicio con costes adicionales, en el caso de que persista la sensación de la ciudad no ofrece la imagen de limpieza que debería. Se trata de un debate que el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), ha planteado en más de una ocasión, en respuesta a las críticas puestas de manifiesto por colectivos vecinales, por empresarios vinculados al sector turístico y por los grupos de la oposición.           

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