supervisión sobre el cumplimiento del contrato
Alicante reorienta el control a la UTE de Ortiz: auditará la limpieza viaria, no el absentismo
Un operario de la limpieza en pleno barrido mecánico. Foto: PEPE OLIVARES
27/05/2017 -
ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante cambia el paso y reorienta su estrategia de vigilancia sobre el contrato de limpieza viaria y retirada y tratamiento de residuos. El grupo de trabajo creado por la Concejalía de Limpieza para consensuar el método de supervisión del servicio, conformado por representantes de PP, de Ciudadanos y de colectivos vecinales, acordó este viernes que la auditoría financiada por la UTE concesionaria -compuesta por FCC y Ortiz- pondrá el foco en primer lugar sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y no, como hasta ahora, sobre el grado de absentismo de los trabajadores en plantilla (unos 500 empleados). Como adelantó Alicante Plaza, los estudios encomendados bajo la etapa de gobierno del PP para los años 2014 y 2015 reflejaban un índice de absentismo del 10,95% y del 9,60%, respectivamente.
El edil de Limpieza y Medio Ambiente, Víctor Domínguez (Guanyar), precisó que ese recuento de trabajadores es indicativo, pero no resulta suficiente para evaluar la calidad del trabajo que se realiza. Sobre todo, porque "la UTE puede cubrir esas bajas con refuerzos provisionales, pero eso no significa automáticamente que las calles estén limpias", enfatizó.
El objetivo ahora es medir otros parámetros para controlar que, en efecto, la limpieza, la retirada de residuos o su tratamiento en la planta de Fontcalent se ejecuta como es debido. De ahí que el grupo de trabajo acordase plantear un listado de empresas auditoras a las que se cursarían invitaciones para que presenten propuestas de métodos de análisis a dos años vista. En el primer año, la auditoría debe centrarse en la vigilancia del cumplimiento del contrato por lo que respecta a la limpieza de calles. El Ayuntamiento dispondría de una partida de 110.000 euros (55.000 por año) aportados por la propia UTE para financiar esos estudios. Según Domínguez, se encargará la auditoría a la empresa que presente un mejor método de control. "Podríamos encomendar directamente su elaboración a la empresa que quisiésemos, como hacía el PP, porque no son recursos públicos, sino dinero de la empresa; pero hemos preferido abrir el proceso para fomentar la participación y tener varias ofertas en las que elegir", explicó.
Críticas por el retraso
El acuerdo, al parecer, no estuvo exento de reproches. Como mínimo, el portavoz adjunto de Ciudadanos (C's), Antonio Manresa, evidenció su malestar por el "retraso para adjudicar la auditoría del servicio de limpieza y recogida de basuras, de hecho estamos ya casi en junio y hoy nos ha convocado el edil del área para que propongamos los parámetros de fiscalización; las cosas hay que tomárselas más en serio y con mayor agilidad". "El año pasado ni siquiera se llegaron a ejecutar por pura desidia, y así lo denunciamos en un pleno en el que también propusimos que se hiciera una auditoría independiente; aún así, le hemos sugerido al señor Domínguez que la auditoría se centre en medir los parámetros de calidad del servicio", indicó a través de un comunicado.
Además, respecto a la insinuaciones reiteradas por el alcalde, Gabriel Echávarri, sobre la posibilidad de pagar más a la contrata, Manresa estimó que "esa es la solución facilona porque lo que hay que hacer es trabajar más que se cumpla el pliego de condiciones, y es que el dinero público debe de ser administrado con mucha atención; lo que no es de recibo es lo de pagar más a la empresa sin una argumentación previa contudente". "La realidad es que estamos ya casi en plena campaña turística de verano en una ciudad que vive de su imagen y no conocemos ningún plan para reforzar el servicio, sería muy lamentable que se reprodujera el caos del verano pasado", recalcó.
La empresa concesionaria, UTE Alicante, está participada por cuatro sociedades, Cespa (30%), FCC (30%), Cívica (30%) e Inusa (10%), estas dos últimas lideradas por Ortiz (investigado en los casos Gürtel y Brugal). Cuenta con una plantilla de 550 empleados. La UTE consiguió la contrata en 2013, por un plazo de 8 años más dos posibles prórrogas de dos años cada una, tras ser la única que presentó oferta para hacerse con un contrato hasta entonces manejado por Inusa. El PSOE impugnó la adjudicación en los juzgados sin éxito al considerar que no se le había dado la necesaria publicidad a la convocatoria. A la finalización del contrato, el Ayuntamiento habrá pagado a la UTE 285 millones por el servicio.
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