ALICANTE. El Ayuntamiento de Xixona se suma a colectivos conservacionistas como Ecologistas en Acción y también dará la batalla frente al proyecto de ampliación de la planta de residuos de Piedra Negra, asentada en su municipio. Lo hará mediante la presentación de alegaciones frente a la solicitud de modificación de la autorización ambiental integrada de la que dispone su empresa gestora: la filial de Cespa-Ferrovial, Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA.
Así lo confirmó este jueves la alcaldesa xixonenca, Isabel López (PSPV-PSOE), al incidir en que "la solución para el tratamiento de residuos no puede ser seguir extendiendo los puntos de vertido; y menos si se tiene en cuenta que, en este caso, la planta actual ya se construyó sobredimensionada respecto a las necesidades de las 37 poblaciones de l'Alacantí y l'Alcoià que conforman el plan zonal". En esta línea, recalcó que "se deben hacer las cosas mejor y apostar por la recuperación, ya que no se puede justificar que una planta inaugurada en 2003 con un periodo de vida de 30 años haya podido quedar colmatada diez años antes".
Por ello, admitió que "existe preocupación" ante la solicitud de ampliación, tras recordar que "seguimos siendo receptores de residuos generados en otras comarcas, como la Vega Baja, aunque a un nivel mucho más reducido de lo que sucedía en 2007, cuando se producía la llegada de basuras de municipios de Castellón".
Así, incidió en que "desde el consorcio comarcal estamos tratando de mejorar el funcionamiento de la planta con inversiones y una planificación de la que se carecía" para optimizar su actividad y confirmó que los técnicos están ultimando las alegaciones del Ayuntamiento para evitar que la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica dé encaje a su expansión. El plazo para registrar esas alegaciones vence el próximo día 17 de enero.
Como viene informando Alicante Plaza, Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA aspira a construir dos nuevos vasos de vertido ante lo que considera la saturación de sus instalaciones actuales, sobre una superficie adicional de 150.000 metros cuadrados que, prácticamente, implica duplicar sus dimensiones. El proyecto, que contempla una inversión de más de 11,7 millones (más otros, 6,1 para sellar los dos vasos actuales), supone la primera propuesta de ampliación de una de las plantas de tratamiento de residuos de la comarca. Precede, así, al objetivo ya anticipado por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) de promover la ampliación de la planta de Fontcalent con la construcción de una quinta celda de vertido.
Por lo pronto, los conservacionistas no han esperado a agotar el plazo para presentar objeciones a la propuesta de Piedra Negra. El colectivo Ecologistas en Acción se anticipó al propio Ayuntamiento de Xixona y registró, este miércoles, un paquete de 27 alegaciones en el que reclama que se rechace la modificación de la autorización ambiental integrada solicitada. Parte de ellas son las anticipadas por este diario, el pasado diciembre.
En concreto, consideran que el proyecto de ampliación trata de sustentar una ampliación sobredimensionada mediante cálculos ficticios, de modo que no sería necesaria la construcción de los dos nuevos vasos de vertido. Máxime si se tiene en cuenta que las directivas europeas establecen que, como máximo, sólo debe derivarse a vertedero el 10% de los residuos tratados, lo que conlleva una mejora en los sistemas de clasificación, reciclaje y reutilización.
A juicio del colectivo, ese objetivo no se cumple en el proyecto de Piedra Negra. Y además, añaden otras circunstancias como la inexistencia de cálculos reales sobre la emisión de gases que generan efecto invernadero procedentes del depósito de residuos; que la ampliación no está contemplada en Plan Integral de Residuos de la Comunitat y, en consecuencia, no tendría cobertura legal; que existen errores de cálculo en los estudios geológicos aportados; que no se aporta el preceptivo estudio económico; o que no se tiene en cuenta el nivel freático a la hora de determinar la cota de excavación de los vasos de vertido, entre otras cuestiones de carácter técnico y legal.
En paralelo, la Junta General del consorcio aprobó este jueves, por unanimidad, el proyecto de gestión integral de ecoparques del Plan Zonal de Residuos (el 7 A2, conocido como Consorcio Terra), que define una red compuesta por 14 ecoparques fijos y seis móviles, así como la creación de cinco áreas de aportación (una nueva instalación de pequeñas dimensiones destinada a la recogida de objetos voluminosos y residuos de construcción y demolición).
El proyecto incluye también la puesta en marcha de un sistema integrado de gestión informática que permitirá optimizar el servicio controlando el flujo de entradas y salidas de residuos y que ofrecerá una información actualizada de la ubicación concreta de todos los ecoparques móviles, según informaron fuentes del consorcio a través de un comunicado.
El consorcio también aprobó el presupuesto para el ejercicio económico de 2020 por un importe total de 5.004.551,80 euros, lo que supone un incremento del 5,39% respecto al año anterior. La mayor parte de este presupuesto (4.469.998,32€) se destinará al contrato del servicio de tratamiento de los residuos urbanos, que será gestionado por una empresa externa -Cespa- mediante la prórroga extraordinaria del contrato actual, mientras se tramita el proyecto de gestión propio del consorcio, que se espera licitar a finales de año y que supondrá un mayor control y optimización del servicio, además de una atención más directa a las demandas de los municipios que integran el Plan Zonal.
Una de las novedades que recoge el presupuesto es la participación del Consorcio en el proyecto PEMAR 2019 para el compostaje en centros educativos de nivel E.S.O. Para esta iniciativa se destinan 173.180 €, de los que 110.288 proceden de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica. Asimismo, se destinan 70.180 euros a la licitación de contratos para la concienciación y la comunicación. Durante la Junta General también se aprobó el proyecto de gestión de clasificación y tratamiento de residuos voluminosos.
El consorcio está integrado, además de por la Diputación y la Generalitat, por todos los municipios de El Comtat (Agres, Alcoleja, Alcosser de Planes, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Millena, Muro d'Alcoi, l'Orxa, Planes, Quatretondeta y Tollos) junto a algunas de las localidades de L’Alcoià (Alcoy, Benifallim, Ibi, Penáguila y Tibi) y de L’Alacantí (Agost, Aigües, Busot, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Torremanzanas y Xixona).