Alcaldes y concejales de municipios de l'Alacantí en una visita a las instalaciones de la planta de Piedra Negra.ALICANTE. El colectivo conservacionista Ecologistas en Acción ultima la presentación de alegaciones para dar la batalla frente a la primera ampliación de una de las tres plantas de tratamiento de residuos situadas en la comarca de l'Alacantí, junto a la de Alicante (para la que también hay planes de expansión) y la de El Campello. Se trata de las instalaciones de Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA que gestiona Cespa-Ferrovial en el término municipal de Xixona, en la que se da servicio a 37 poblaciones de l'Alacantí y l'Alcoià, enmarcadas en el Plan Zonal 7A2.
El proyecto trazado por Cespa-Ferrovial, que ahora permanece en exposición al público para la modificación de su autorización ambiental integrada, comprende una inversión de 11,7 millones para la construcción de dos nuevos vasos de vertido (además de otros 6,1 millones para el sellado de los dos existentes ahora) sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados, lo que supondrá duplicar el tamaño actual del centro de tratamiento. Y ese es, precisamente, uno de los motivos principales en los que Ecologistas en acción pretende fundamentar sus objeciones para evitar esa expansión. Según el colectivo conservacionista, la ampliación de la planta en esa superficie adicional de 15 hectáreas no está justificada a partir de las necesidades de eliminación de los municipios incluidos en el plan zonal.
De hecho, Ecologistas en Acción incide en que la proyección de volumen de residuos que se adjunta al proyecto para motivar la ampliación prevé que la planta siga recibiendo desechos procedentes de la Vega Baja que recibe ahora (con una media de 85.000 toneladas anuales) hasta 2041. Es decir, que se da por hecho que se va a mantener ese flujo durante otros 20 años (los nuevos vasos se pondrían en funcionamiento en 2021) sin tener en cuenta que la comarca más septentrional de la provincia de Alicante trata de tramitar ahora la construcción de su propia planta de residuos.
Así, el proyecto programa la entrada de una media de más de 70.000 toneladas anuales procedentes de municipios ajenos a l'Alacantí y l'Alcoià, en su mayor parte derivada desde 17 de los 27 municipios de la Vega Baja, a lo largo de esas dos décadas, aunque también de otras poblaciones de Castellón y Valencia, como Vall d'Uixó y Alginet (donde Cespa-Ferrovial también gestiona instalaciones de tratamiento). Esa cifra prácticamente igualaría al tratamiento de residuos sí adscritos al Plan Zonal 7A2, hasta alcanzar una suma de alrededor de 150.000 toneladas de residuos al año. En concreto, se prevé la recepción de entre un máximo de 82.109 toneladas de otros planes zonales en el año 2021 y un mínimo de 63.194 toneladas en el año 2040.
El proyecto prevé una inversión de 11,7 millones para construir dos nuevos vasos de vertido con la previsión de seguir recibiendo una media de 70.000 toneladas de residuos de otros planes zonales
En esta línea, el colectivo arguye que se trata de sustentar una ampliación sobredimensionada mediante cálculos ficticios, de modo que no sería necesaria la construcción de los dos nuevos vasos de vertido. Máxime si se tiene en cuenta que las directivas europeas establecen que, como máximo, sólo debe derivarse a vertedero el 10% de los residuos tratados, lo que conlleva una mejora en los sistemas de clasificación, reciclaje y reutilización. Sin embargo, según los ecologistas, en el proyecto se contempla que el porcentaje de desecho que irá a vaso de vertido será del 15%, lo que supondría un incumplimiento que también quedará reflejado en sus alegaciones.
En tercer lugar, el colectivo sostiene que la planta se construyó tras la aprobación de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) en 2001 en la que se amparaba el uso de 80 hectáreas de suelo (800.000 metros cuadrados) de la partida de Piedra Negra, aunque sólo se ocuparon 15 para construir las instalaciones actuales. Así, a juicio de los conservacionistas, se debería promover una modificación de esa DIC si lo que se pretende es ocupar otras 15 hectáreas más.
En cuarto término, los ecologistas subrayan que el recinto del centro de tratamiento se encuentra afectado por la declaración de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), aprobada en 2009 (después de la construcción de la planta), de modo que no se podría ejecutar una ampliación de las instalaciones al tratarse de suelo protegido por la Red Natura 2000 (que preserva áreas de biodiversidad de la Unión Europea). En esta línea, el colectivo considera que tampoco podría acordarse una modificación de esa ZEPA para permitir la ampliación de la planta, ya que existe el precedente del complejo residencial construido en la Isla de Valdecañas (Cáceres), también protegida por la Red Natura 2000, declarado ilegal por sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2014, ahora ratificada por el Tribunal Constitucional (TC), que acaba de sentenciar la inconstitucionalidad del cambio legislativo aprobado por la Junta de Extremadura para amparar el proyecto.
Y, por último, en el paquete de alegaciones que prepara el colectivo (el plazo para su registro finaliza el día 16 de enero) también se abundará en la ausencia de análisis económico exigido a través del Real Decreto 1481/2001 para impulsar el proyecto, entre otros puntos.
