VALÈNCIA (EFE). El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado este martes que la sustitución del delito de sedición por otro de "desórdenes públicos agravados" que plantea el Gobierno es un paso "en la dirección correcta".
En declaraciones a los periodistas en la presentación de la marca registrada de la naranja valenciana y de la campaña de promoción asociada a la misma, Puig ha afirmado que esta propuesta hay que enmarcarla en un "reencuentro de la convivencia y de la relación entre Cataluña y el conjunto de España".
Tras destacar que ahora "estamos mejor que en tiempos de ruptura y fractura", ha abogado por "avanzar" en esa dirección y ha precisado que si "europeizar un delito" ayuda a hacerlo, cree que es "la línea correcta".
"De lo que se trata es de decir si queremos convivir o queremos permanecer en el conflicto y la confrontación", ha dicho Puig, quien ha considerado que para poder tener un proyecto común es necesario "querernos como somos" y no como nos gustaría que fuera el otro.
"España es una nación plural, que tienen diversidad de lenguas, de culturas y de maneras de entender España", ha destacado el president, y ha asegurado: "la España de las España es la España que apoya la diversidad, la pluralidad y que cree en un proyecto común".
Para Puig, el camino de la convivencia "siempre es el diálogo", y ha denunciado que "ir a la confrontación y permanecer atrincherados en la confrontación puede servir electoralmente pero son votos manchados de indignidad".
Sobre la reforma del delito de malversación que ERC negocia con el Gobierno, ha dicho desconocer en qué condiciones se plantea, por lo que tendrá que verlo primero.
En todo caso, el president se ha mostrado "especialmente feliz" de que la reforma del Código Penal vaya a tener en cuenta la ocultación del cadáver en un asesinato, algo que había reclamado la Comunitat Valenciana en apoyo a la madre de Marta Calvo, cuyo asesino jamás ha revelado dónde está el cuerpo.
Esto, según Puig, es "muy positivo" porque "la gradualidad del mal existe y la gradualidad en las penas debe existir", ya que "no puede ser la misma pena por un asesinato, que ya es muy grave y doloroso, si además, se añade dolor a las víctimas ocultando el cadáver".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal