Vicente Barrera y Carlos Mazón en Les Corts. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Los primeros cien días del Gobierno autonómico compartido por el PPCV y Vox han servido para testear la relación entre los socios y enmarcarla en un análisis de estrategia política y en una comparativa con otros territorios. La conclusión principal, aunque muy temprana –cuatro años son muy largos– es que la alianza está resultando cómoda en los primeros meses pese a algunos sobresaltos. La pregunta es hasta cuándo durará el idilio y si se mantendrá en el tiempo.
Dentro de Vox existe una sensación: al margen de sus postulados y de su ideario político, han de ser capaces de demostrar que pueden gobernar. Y el territorio clave para ello es la Comunitat Valenciana. El equilibrio no les va a resultar fácil. La formación ha mantenido y mantiene posicionamientos públicos polémicos en cuestiones como la violencia machista o el cambio climático. También ha entrado de lleno en asuntos lingüísticos o educativos, como el pin parental. Pero parece que la estrategia pasa, por el momento, por dejarlos en el ámbito del discurso sin pasar a la acción contra el PPCV ante el evidente enfrentamiento que generarían.
100 días de Carlos Mazón como presidente sin demasiados sobresaltos
La comparación más clara que aparece durante las últimas semanas es Baleares, donde los populares gobiernan en solitario con el apoyo externo de Vox. Los encontronazos con el PP en materia lingüística han derivado en una crisis, no sólo con sus socios –con los que firmaron un acuerdo de investidura–, sino a la interna.
La implantación de la libre elección de lengua en todas las etapas educativas o la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para "fomentar la protección del castellano" frente al catalán han sido los detonantes. Vox ha presionado con ambos temas desde el Parlamento balear, lo que ha provocado tensiones con el PP. Los socios no lograron llegar a un acuerdo, de manera que el enfrentamiento respecto a la libre elección de lengua acabó con Vox tumbando la propuesta de techo de gasto del PP, un trámite indispensable para la aprobación de los presupuestos del próximo año. La tramitación de las cuentas sufría así un frenazo, con el riesgo de que se tuvieran que prorrogar las anteriores.
La dirección nacional acabó interviniendo para tratar de que hubiera entendimiento con el PP y, tras tensiones y alguna dimisión de por medio, la situación parece medianamente reconducida con los populares. Los cuales sí han acabado cediendo en otra medida de 'marca Vox' que no comparten: el pin parental (traducido en que se "garantice el conocimiento previo y la aceptación de los padres de cualquier contenido extracurricular que puedan recibir sus hijos dentro del aula").
Pensar en una traslación a la Comunitat Valenciana resulta inevitable. ¿Dará Vox la batalla en todas estas cuestiones desde Les Corts y en el seno del Consell? Por el momento no lo ha hecho, aunque haya ido marcando territorio en materia lingüística como, por ejemplo, con la defensa de que "el auténtico valenciano" es el de les Normes del Puig.
El PP se lanzó a desactivar la polémica con una reunión con la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) y Vox se retractó reconociendo su legalidad. El último movimiento ha sido el del conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien trasladó a la institución su propuesta de nuevos criterios lingüísticos de la administración de la Generalitat, con el objetivo de "acercar" el valenciano al que se "habla en la calle" y de que esté menos "catalanizado", como a su juicio se hizo durante los últimos ocho años de Gobierno de izquierdas. Todo, eso sí, transcurrió en tono cordial. Y en Vox no han vuelto a alzar la voz.
En materia educativa, ya se encuentra en marcha la modificación de la ley de Plurilingüismo aprobada por el Consell del PSPV y Compromís. La Conselleria lo ha realizado a través de la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos y ha introducido que se exima a las zonas castellanohablantes de la Comunitat de la obligatoriedad de enseñar en valenciano a partir del próximo curso escolar.
La actual norma obliga a que exista "un tiempo mínimo de un 25% de las horas efectivamente lectivas destinadas a los contenidos curriculares en valenciano; así como la obligatoriedad de impartir en valenciano, como mínimo, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo". Ahora, se elimina la obligación de impartir un 25% de las clases en valenciano en los colegios e institutos de zonas castellanohablantes.
Educación tiene previstas más modificaciones de la ley de Plurilingüismo y ya trabaja en ello, pero no serán inmediatas. También es una reclamación de Vox, por lo que los socios deberán llegar a un acuerdo. Lo que sí dejan claro desde el PP por ahora es que la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià –aquella que, entre otras cuestiones, delimita las zonas castellanohablantes– no se va a tocar.
En cuanto a intervenir en el uso del valenciano en la administración, en regular los "derechos del ciudadano" y en crear una oficina de protección del castellano al estilo de Baleares, los populares señalan que "no está encima de la mesa". En este sentido, destacan que la situación lingüística no es la misma que otras autonomías porque en la Comunitat los ciudadanos, en términos generales, no tienen problemas en expresarse en castellano cuando se dirigen a la Administración.
Tampoco dicen que se tenga pensado abordar el pin parental, que el PP rechaza. Aunque aquí todo depende de Vox. La formación lleva una acción coordinada en diversos parlamentos autonómicos para presentar la iniciativa. Les Corts está, teóricamente, incluida, por lo que habrá que esperar.
En todo este conjunto de asuntos lingüísticos y educativos –e incluso en los medioambientales o de violencia de género– se tendrá que ir comprobando la estrategia de los voxistas: si tratan de negociar las medidas que quieren con el PPCV 'bajo mano' o si son partidarios de una performance en el Parlamento autonómico. A quien se le pregunta, se decanta por lo primero vista la tendencia.
La relación entre los socios es, por el momento, buena pese a las discusiones que lógicamente existen aunque no sean visibles. A ello contribuyen los perfiles de consellers voxistas, bastante alejados en apariencia del histrionismo. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su vicepresidente primero, Vicente Barrera, evidencian buena sintonía.
Pero la supervivencia de Vox depende mucho de su manera de actuar. El partido ha basado mucha de su línea política –y tirón electoral– en polemizar con temas de gran consenso social como la violencia machista o el cambio climático y tiene a cargos en sus filas que los niegan. Pasada esta pantalla, ahora trata de transmitir que está capacitado para gobernar de manera seria, haciendo gala del pragmatismo y de la negociación frente a un PP cuyo único objetivo es absorberlos lo antes posible para lograr la ansiada mayoría absoluta de otros territorios como Andalucía o Madrid.
Si existen tiras y afloja entre los socios en la Generalitat dependerá, muy probablemente, de cada momento de la legislatura y de la estrategia que marque Madrid. Las cosas han empezado tranquilas y Mazón se ha ahorrado hasta la fecha varias guerras. El paso del tiempo dirá si es capaz de sortearlas todas con éxito.
