Los representantes de Vox al registrar su denuncia.ALICANTE. La agrupación local de Vox en Alicante persiste en la denuncia por un delito de incitación al odio presentada frente al portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, y frente a los ediles de Compromís, Natxo Bellido y Rafa Mas, con el registro de un recurso frente al auto de sobreseimiento de las actuaciones notificado la semana pasada por el Juzgado de Instrucción número 1.
En su escrito, registrado este lunes, los representantes de Vox emplazan al juzgado a reabrir las diligencias al considerar que el archivo provisional acordado adolece de falta de motivación. Pero, además, inciden en que, a su juicio, la argumentación a la que se alude para adoptar esa resolución no se ajusta a la realidad de los hechos denunciados en tanto que sostienen que las manifestaciones de los tres ediles no se produjeron en el contexto de un "enfrentamiento dialéctico-político".
En su lugar, Vox apunta que las declaraciones de los tres concejales denunciados, en los que -según insiste- se vinculó al partido con la ultraderecha y se animó a expulsar a sus representantes del ayuntamiento, fue "un ataque directo, con la intención clara de fomentar en la sociedad el odio hacia las propuestas de Vox y todos sus seguidores". Así, el recurso añade que "los denunciados acusan a los seguidores de Vox de ser los culpables de todos los problemas de la sociedad; indicándonos como los causantes de la violencia social contra diversos grupos; incluso llaman a la 'intolerancia' en contra de las ideas de Vox".
"¿Dónde está el enfrentamiento dialéctico, en una propuesta de moción en la que directamente, se ataca a un grupo, al que se desea expulsar del Ayuntamiento? Una moción para expulsar del Ayuntamiento a los que piensan diferente ¿Eso se considera que se trata de un enfrentamiento dialéctico, en el seno de un Estado democrático y de derecho? Hoy atacan a la 'ultraderecha', mañana puede ser otro grupo. ¿Qué reacción habría si, en lugar de hablar de 'ultraderecha', las referencias fuesen hacia otros sectores de la sociedad? ¿Se admitiría que en un 'enfrentamiento dialéctico político' un concejal propusiese la expulsión de un grupo concreto de personas?", se cuestiona en el recurso.
Además, el partido apunta que en el auto recurrido se asume que las declaraciones objeto de la denuncia se tratan de "una simple disputa dialéctica cuando, ni siquiera, ha recibido una sola prueba que pueda acreditarlo. En efecto, no existe en el proceso, un solo elemento que sirva de base para las afirmaciones que contiene el auto recurrido".
En este sentido, el recurso considera que en el auto se incurre en una "banalización" del delito de incitación al odio y añade que "atenta contra el Estado democrático de derecho un sobreseimiento de estas características, en un proceso donde se denuncian hechos de elevadísima gravedad contra un colectivo con ideas contrarias a las de los denunciados". Así, solicita al juzgado la reapertura del procedimiento tras plantear que las diligencias debían haberse extendido también hacia el partido Més Compromís como persona jurídica.
