Volvo encarga a PwC un estudio sobre el retorno del evento en impuestos para probar su impacto 

ALICANTE. Otro enfoque adicional sobre la repercusión económica de la Volvo Ocean Race (VOR). Los propietarios de la competición, el único gran evento de la etapa de gobierno del PP que el actual Consell (PSPV y Compromís) ha decidido mantener (junto al Mundial de Motociclismo), han encargado a su auditora de referencia en las dos últimas ediciones, PriceWaterhouseCoopers (PwC), que amplíe el objeto de análisis de la prueba de 2017 para que evalúe, también, el retorno que implica su organización en forma de recaudación de impuestos. 

Como explicó el director gerente de VOR, Antonio Bolaños, en la mesa redonda sobre el impacto económico de la prueba, celebrada este jueves en el Race Village, se trata de calcular los ingresos tributarios generados por la actividad de las empresas que de un modo u otro participan en la organización de la prueba a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). También sobre el IRPF y, en menor medida, incluso sobre el IBI. En el informe entrarían proveedores, sponsors y empresas vinculadas a la hotelería, a la hostelería, al comercio y a los servicios profesionales que, según los informes elaborados en las ediciones precedentes, obtienen rédito directo de la competición. 

Hasta ahora, tanto Bolaños, como el socio de PwC en Alicante, Eduardo Chapa (otro de los conferenciantes que participó en la mesa redonda), explicaron que en todos los estudios precedentes sólo se ha tenido en cuenta el impacto económico directo en forma de rentas obtenido por esos sectores. Como viene informando Alicante Plaza, ese impacto fue de 60 millones en la provincia de Alicante en la última competición y de 150 en el conjunto de las tres etapas de salida organizadas en la capital (2008, 2011 y 2014). A esos datos se debe añadir la generación de puestos de trabajo: 4.800 en el conjunto de la Comunitat. De ahí que se haya querido ampliar el cuerpo de análisis para valorar todos los retornos posibles asociados a la competición. Incluso el generado en forma de exenciones fiscales para los patrocinadores: otro de los elementos que se considerarán por primera vez en la auditoría de la competición que arranca ahora.

El objetivo es medir de la forma más completa posible la repercusión económica que genera el evento como prueba de la rentabilidad de la inversión realizada en ella por parte de las administraciones y del sector privado. Sin contabilizar la huella fiscal (ingresos tributarios en la Hacienda pública), los estudios de PwC determinan que por cada euro público invertido en la prueba se genera un retorno de 8,67 euros.

El dato no es baladí si se tiene en cuenta que el Consell justificó la continuidad de la apuesta por VOR en términos de rentabilidad: tanto Presidencia, como las consellerias de Economía y Hacienda, además de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), vienen defendiendo que el gasto público en la prueba es sostenible (pese a las dificultades presupuestarias de la Generalitat) en la medida en que genera rédito por su repercusión directa y por la proyección internacional que supone, en términos de difusión de la imagen de marca de Alicante. 

Ese argumento valió para que el actual Gobierno valenciano firmase la contratación de las dos próximas ediciones con salida desde la ciudad, en 2020 y 2023 (después de que Volvo haya aparcado sus intenciones de cambiar a un calendario de dos años, en lugar de cada tres). De hecho, con esa misma idea podría barajarse la continuidad de la prueba más allá de esas dos fechas, aunque se trata de una decisión que muy probablemente corresponderá adoptar en el próximo mandato (salvo que se quiera concertar con antelación más ediciones; de hecho, la de este año es heredada de la etapa del PP). Es más, durante el debate celebrado este jueves, se abundó en la necesidad de enraizar el evento en Alicante para ampliar las posibilidades de rentabilizarlo con la implicación de los sectores productivos tradicionales (se habló del textil y del calzado), de modo que se diese cabida a la formación de un posible clúster especializado en torno a la industria del deporte desde el punto de vista de la innovación.

Sea como fuere, lo cierto es que Proyectos Temáticos ha encargado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) el primer estudio de impacto público sobre la competición, similar a los que el instituto sí ha elaborado sobre la America's Cup o sobre la prueba de la F-1 en el circuito urbano de València. Ese estudio está ahora en su fase de trabajo de campo, con más de 600 entrevistas a los visitantes y la recopilación de datos estadísticos sobre la actividad asociada a la prueba. El contrato establece que el informe debe estar entregado a finales de año. En él, además, se tendrá en cuenta una perspectiva cualitativa sobre la experiencia obtenida en torno a la competición y que no sólo se limitará a ella. Según el director adjunto del IVIE, Joaquín Maudos (que también participó en la mesa redonda del Race Village), se cuestionará sobre la valoración de los visitantes respecto a la ciudad de Alicante, sus cualidades y su oferta de servicios.