Villar declara que las contrataciones eran responsabilidad de secretario general

MADRID (EFE). El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar declaró esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la responsabilidad de contrataciones del organismo recaía en el secretario general.

La declaración de Villar se prolongó durante una hora aproximadamente, en la que el exdirectivo se expresó en este sentido al ser cuestionado por pagos presuntamente irregulares hechos a empleados y personas vinculadas a la RFEF, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Villar respondió solo a las preguntas de la Fiscalía y de su abogada -no lo hizo a las que le formularon los abogados de LaLiga y de Jorge Pérez, exsecretario general de la RFEF- y también mencionó como responsable de estos temas al departamento económico con Juan Padrón al frente como vicepresidente primero y Juan Luis Larrea como tesorero.

Larrea asumió la presidencia de la RFEF cuando Villar y Padrón ingresaron en prisión por orden de Pedraz el 20 de julio de 2017 y permaneció en el cargo hasta las últimas elecciones presidenciales celebradas el 17 de mayo de 2018, en las que fue derrotado por Luis Rubiales.

Las preguntas a Villar en la comparecencia de hoy se centraron en pagos hechos a quien fue durante muchos años su secretaria en la RFEF, Dora de Pedro, y a Adolfo Gil de la Serna, directivo antes de que Villar llegara a la presidencia de la RFEF y asesor, y a Julio Pérez-Tomé por operaciones comerciales.

Los tres fueron citados también por Pedraz para declarar como investigados el pasado día 26, fecha en la que los dos últimos no acudieron por motivos de salud.

Estos pagos y la denuncia de su posible irregularidad forman parta de la instrucción de la Operación Soule, iniciada por el juez Santiago Pedraz en julio de 2017 y que se prolongará todavía durante meses.

Administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares son los presuntos delitos que el juez imputa a Villar, y también a quien fue su vicepresidente primero y de asuntos económicos, Juan Padrón, y al hijo del primero Gorka Villar.

El caso, por el que los tres fueron enviados a prisión provisional y quedaron después en libertad bajo fianza con medidas cautelares, puso fin a la larga presidencia de Ángel Villar en la RFEF, al frente de la cual permaneció entre 1988 y 2017.

Desde octubre de 2003 y hasta su destitución y posterior despido, por motivos disciplinarios, en octubre de 2016, Jorge Pérez fue el secretario general de la RFEF, que ya declaró como investigado.

Pérez, tras su despido, preparó una candidatura para optar a las elecciones a la presidencia que se celebraron en mayo de 2017, pero finalmente no presentó los avales para ser candidato después de denunciar irregularidades en la tramitación del voto por correo y ver desestimados sus recursos por la Comisión Electoral y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

En aquellas elecciones, el 22 de mayo de 2017, Villar concurrió como candidato único y fue reelegido para iniciar su octavo mandato consecutivo con 112 votos a favor, 6 nulos y 11 en blanco.

Menos de dos meses después, el 18 de julio, la Guardia Civil procedió a registrar su domicilio, las dependencias de la RFEF en Las Rozas y a su detención.

Este jueves también acudió a la Audiencia Nacional a declarar como investigado Diego Martínez Peinado, hijo del presidente de la federación de Melilla, quien argumentó la corrección de los cobros que percibió por parte de la RFEF.

A principios de abril se reanudarán las declaraciones de testigos, entre ellos el expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, el subdirector general durante su mandato, Fernando Puig, otros empleados de este organismo, y el exadministrador general de la RFEF, José María Castillón, despedido abril de 2017.