LA VILA JOIOSA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obliga al Ayuntamiento de La Vila Joiosa a devolver la garantía depositada en su día para la urbanización del PP-19 'El Xarquet'. Un importe que asciende a 506.740,80 euros y cuyo reintegro a G.E Urbantura SL ya ha sido aprobado por el pleno este jueves. Se da la circunstancia de que detrás de esta sociedad está como uno de los tres administradores Joaquín Barceló, el supuesto testaferro y amigo personal de Eduardo Zaplana, ambos pendientes de jucio por el caso Erial.
Como viene contando de largo este diario, G.E Urbantura SL era agente urbanizador de este plan parcial, próximo a las instalaciones de Chocolates Valor y con una superficie bruta de 87.519 metros cuadrados. Su adjudicación fue en 2005, sin embargo, en 2019 el Consistorio decidió quitarle la condición para dejar el suelo desprogramado. Así, imputaba a la empresa la causa de la resolución por no haber seguido los trámites necesarios para desarrollar este terreno. Unos tiempos un poco convulsos sabiendo que Barceló fue detenido en el marco de la trama Erial en 2018.
Como consecuencia de la cancelación del PP-19, incautaban la garantía de promoción, que respondía al 10% de los costes totales de urbanización. Sin embargo, la empresa interpuso un recurso de reposición que el Ayuntamiento desestimó en 2020, tal y como recoge la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Pero la mercantil volvió a pelear con un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos plenarios, siendo rechazado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante al considerar que se ajustaba a derecho.
Lejos de dejarlo ahí, los empresarios acudieron al TSJ, que estimó parcialmente el recurso. Así, la sección primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana revocaba la sentencia anterior. Este nuevo pronunciamiento confirmaba la resolución administrativa de la cancelación del suelo, dejándolo sin programar, pero rechazaban que fuera por incumplimiento del urbanizador como le imputaba el Consistorio. Así, fallaba que no procedía la incautación de la fianza.
Evacuados los informes municipales, tanto jurídico como de tesorería, el edil de Urbanismo, Pedro Ramis, propuso en el último pleno de este jueves la devolución de este importe.
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa esgrimía varios motivos para imputarle la causa de la resolución a la empresa. Se referían entonces a no haber cumplido las exigencias en materia de Vivienda de Protección Oficial que venían dadas por la Cédula de Urbanización, no haber formalizado los trámites previos a la presentación del proyecto de reparcelación y no haberlo presentado en "plazos exigibles". A lo que añadían en su día "abstenerse de verificar ningún tipo de actuación que permitiese impulsar la ejecución del programa de actuación".
Sin embargo, el nuevo fallo apunta a que el Ayuntamiento no había hecho un estudio previo sobre la VPO con el que la urbanizadora pudiera seguir el procedimiento.
Tanto Barceló como Zaplana siguen a la espera de la celebración del juicio del caso Erial, que se suspendió hasta marzo por la enfermedad del abogado de este último.
