Viene el tren pero no corras hacia él

ALICANTE. Este miércoles se ponía de manifiesto que el Hércules no las tiene todas consigo y explora alternativas ante una posible liquidación.

Gracias a la exclusiva del Diario Información en la que se revelaba la existencia de una negociación entre el conjunto alicantino y el Lorca FC, recién ascendido a la Segunda División A para convertirlo en el nuevo Hércules, ha quedado claro que hay un 'plan B' y que todos los implicados, empezando por Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, son partícipes del mismo.

El 'plan B'

El problema no es solo que se pone al descubierto que el club blanquiazul, de 96 años de historia, arruinado por la mala gestión de los anteriores, especialmente del constructor, esté en el final de sus días porque alguien haya decidido seguir sin pagar, arrastrando una vez más la imagen de Alicante y dejando tras de sí un reguero de acreedores entre los que están la Agencia Tributaria y la Generalitat, es que el citado 'plan B' es una auténtica chapuza a juzgar por cómo pretendían hacerse con la plaza, pasando por encima de toda la normativa o, peor, respetándola parcialmente (no está tampoco claro que hubiese llegado a buen término todo el proceso) y manteniendo a un club histórico como el blanquiazul un curso más con respiración asistida en Segunda División B y centrando sus esfuerzos, probablemente en silencio, en respaldar económicamente el del Lorca en el fútbol profesional para antes del 10 de mayo de 2018 haber tratado que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) le dieran el visto bueno al cambiazo.

Echávarri y Hacienda

La cara del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, este miércoles era un poema, como ojipláticos estarán en la Agencia Tributaria, tanto en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Madrid como en la Delegación Especial de València, con la que el club contactó el martes ante el silencio de la primera y supo que la postura del fisco sigue siendo la misma: pagar el total de la deuda de 4,3 millones de euros o presentar un aval bancario por dicho importe y acceder a un fraccionamiento. "El Hércules sabe lo que tiene que hacer (...), se les ha dicho lo mismo que se les viene diciendo desde febrero", insistían este martes desde el gabinete de comunicación de Hacienda a este medio. 

Desmentido del desmentido

El club blanquiazul, que durante la mañana del miércoles se esforzaba en negar la noticia, comunicado incluido, a última hora de la tarde se descolgaba con la convocatoria de una rueda de prensa del presidente para la mañana de este jueves en la que se va a dar cuenta de "los contactos informales mantenidos por empleados del club en relación a una posible venta al Hércules de una plaza en Segunda División". Toma ya.

Un millón de euros ya de comisión

La operación planteada por el Hércules, de haberse podido llevar a cabo (que insistimos en que la normativa no lo permite, pues tras contactar tanto con la RFEF como con la LFP, además de especialistas en Derecho Deportivo, hemos podido constatar que las restricciones legales son numerosas), implicaba un desembolso de entre ocho y diez millones de euros: según han confirmado a Alicante Plaza fuentes relacionadas con la entidad murciana, se había fijado un precio de nueve millones de euros para el vendedor y para los intermediarios una comisión de otro millón que obviamente también había de pagar el comprador.

A día de hoy, con solo el 40% de dicha suma Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez podrían garantizar la supervivencia del Hércules cancelando de golpe la deuda de 4,3 millones de euros con la Agencia Tributaria que no olvidemos que no lo exige, permite al club pagar esa cantidad de manera fraccionada en cuatro años solo que pide a cambio un aval bancario a primer requerimiento, algo a lo que los empresarios se han opuesto hasta la fecha. De acceder a esa exigencia del fisco y no desembolsar los 4,3 millones, habría margen para afrontar la decisión de recuperación dictada por la Comisión Europea hace un año, los 6,9 millones de euros que se le reclaman al club al declarar como ayuda de Estado ilegal el aval de 18 millones de euros que le prestó el Instituto Valenciano de Finanzas a la Fundación del Hércules en 2010. Es decir, dos problemas solucionados.

Ya sabemos lo que le corre por la mente al alcalde de Alicante, después de conocer el 'plan B'. Imaginemos qué pensará ahora mismo no solo la Agencia Tributaria -por cierto, Ramírez este jueves va a repasar cómo se encuentra la negociación con ella (sic)-, también el IVF, la Generalitat o Margrethe Vestager, la Comisaria de la Competencia...