ALICANTE. La demora en la implantación de las dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) anunciadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo ha extendido la preocupación entre los residentes de ambos barrios ante la posibilidad de que pueda acabar aplazándose la puesta en marcha de las restricciones y medidas de control previstas hasta que entre en vigor de forma definitiva la actualización de la Ordenanza de Ruido.
Así lo expresan, cuando menos, representantes de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional y de la Asociación Laderas del Benacantil para recalcar que, a su juicio, no resulta necesario que pueda entrar en vigor esa nueva regulación, que sigue pendiente de resolución de alegaciones tras su aprobación inicial, en abril de 2023. Al respecto, portavoces de los dos colectivos señalan que las medidas de las ZAS ya encuentran sustento legal suficiente tanto en la Ordenanza del Ruido que continúa vigente, de 1991, como en la Ley autonómica de protección contra la contaminación acústica, aprobada en 2002.
"No hay ningún vacío normativo, como parece que se quiere hacer ver; se tienen todos los fundamentos necesarios para que se pueda aplicar esas ZAS y, además, hay una sentencia que obliga a declararla, sobre la que ya hemos solicitado la ejecución provisional", sostienen representantes de la asociación de vecinos del Centro Tradicional, en alusión al pronunciamiento dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 3, en la que conmina a acordar la implantación de una ZAS en el eje de la calle Castaños.
En esa misma posición coinciden los portavoces del colectivo de residentes del Casco Antiguo, que inciden en que ese ámbito concreto ya fue declarado Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en 2018 y ya entonces existían los instrumentos necesarios para poder acordar limitaciones, que siguen sin aprobarse seis años después. "La ZAS se puede aplicar ya; las medidas ya se han definido, como la reducción de horarios, que tiene respaldo jurídico", insisten.
"Se han hecho mediciones y se han superado los valores máximos, por lo que podemos solicitar ZAS y se nos concede porque cumplimos el requisito", abundan. "La Ordenanza del Ruido da herramientas para combatir el problema, pero desde 1991 se podían haber tomado infinitas medidas y no se han adoptado", recalcan. Es cierto que admiten que "lo cierto es que lo conveniente podría ser que las dos cosas fuesen de la mano [la ZAS y la nueva ordenanza de ruido] y si hace falta esperar un mes más, después de 30 años, pues no pasaría nada, pero desde luego no podemos retrasarlo más", abundan. "En el caso del Casco Antiguo, esa ZAS afecta a solo cinco calles en las que solo hay pubs y lo único que se hace es reducir su horario", concluyen, para insistir en que se trata de medidas ponderadas y necesarias.
Entre tanto, la perspectiva de los empresarios del sector del ocio y la hostelería continúa siendo justo la opuesta. En esta línea, la Asociación de Locales de Restauración y Ocio Nocturno (ALROA) y las entidades empresariales afines alertaron este jueves de un posible "efecto mancha de aceite de la propuesta de Zona Acústica Satura (ZAS) puede generar para el conjunto de la ciudad, lo que, a su juicio, supone "una amenaza al sector, de la calle y del barrio que sea". Es más, insistieron en señalar que la implementación de esa figura de control del ruido, se traducirá "en cierres de empresas, despidos de trabajadores y la pérdida de un atractivo turístico que aprovecharán otras ciudades", si no se toman "medidas ecuánimes", según apuntaron sus representantes a través de un comunicado.
En esta línea, Alroa sostiene que "este temor" a que pueda producirse una extensión de esas restricciones a otros puntos de la ciudad "responde a la nueva petición" registrada por los responsables de cinco comunidades de propietarios por la que se plantea la extensión de la ZAS del Casco Antiguo a la Plaza de San Cristóbal, como informó este diario.
Así, el portavoz de Alroa, Javier Galdeano, señaló que "esta mancha de aceite no es la solución al problema ni responde a las necesidades de los vecinos. Es solo una manera de esconder un problema con una falsa solución. La verdadera medida a esto sólo se puede lograr si sumamos todas las fuerzas, no si se ataca al sector, lo que será malo para la cuidad, malo para el turismo y malo para la sociedad", apuntó. "Entendemos que algún vecino proponga este tipo de acciones, están en su derecho, pero confirma que la ZAS como está planteada para Castaños y la Plaza Quijano no es la solución a los problemas, es la extensión de él a toda la ciudad. Y lo que es peor: no se evitará el ruido porque éste no lo generan los locales, lo genera el descontrol de determinadas actividades y comportamientos en la vía pública que no controla el Ayuntamiento", añadió.
En este sentido, Alroa insistió en que "no se puede asumir una futura ZAS que sólo incluye medidas contra los empresarios que cumplen, que no han sido sancionados nunca y que superan los controles municipales cada año". De hecho, propuso que "el Ayuntamiento no haga dejación de funciones y cumpla con sus responsabilidades en el control de determinadas actividades empresariales y comportamientos ciudadanos". "Una mayor presencia policial y la aplicación de la norma eliminaría a determinadas horas actividades no autorizadas por la naturaleza de su licencia", explicó Galdeano. En este sentido, el sector propuso "poner de su parte en adecuar su mobiliario urbano adaptado a las nuevas exigencias para minimizar el ruido residual que generen sus veladores y terrazas".
Al mismo tiempo, los empresarios de la restauración y del ocio nocturno volvieron a urgir de nuevo al alcalde a "sentarse en la mesa, analizar la situación y barajar todas las opciones posibles. Todas, tanto las que entienden los vecinos, el ayuntamiento como el sector. Si olvidamos a una de las partes, el alcalde Luis Barcala no arreglará la cuestión, sino que generará otro problema aún mayor".
Entre las cuestiones a abordar, el sector reclamó "medidas contundentes en estas zonas con mayor presencia policial y una normativa más severa en cuanto al ruido, la suciedad de la ciudad y los actos incívicos en la vía pública ajenos a su actividad". "De momento, lo único que hemos logrado no es acabar con el ruido, sino generar un silencio en el Ayuntamiento propio de un gobierno que no es claro, y que plantea hablar para no cambiar nada como punto de partida. Desde nuestro punto de vista esto sí es generar ruido público, no soluciones, aun así, seguimos confiando en la buena voluntad del alcalde", apostilló Galdeano.