ELCHE. El Mercado Central ilicitano sigue siendo una fuente inagotable de capítulos, a veces nuevos, la mayoría episodios que vuelven a la actualidad. En este caso, una vez retirado el vallado y cubiertos los restos de las excavaciones en una inaudita 'operación relámpago', se vuelve a hablar del viejo inmueble. Varios colectivos y particulares instan otra vez al Consistorio a que lo proteja. Sin embargo, los aspectos sustanciosos es que entre las firmas que las solicitan están por ejemplo el exedil de Urbanismo, José Manuel Sánchez. También destacan las que no están: Compromís se ha desmarcado.
Además del anterior concejal de Urbanismo en la legislatura pasada, José Manuel Sánchez, quien tuvo que lidiar no solo con la conselleria de Cultura por la situación del Mercado Central, sino con su propio partido, el PSOE, que seguía adelante con el proyecto hasta que entró en juego el factor Icomos, también se suma otra destacada figura de la ciudad, el alcalde de la ciudad entre 1987 y 1995, el también socialista Manuel Rodríguez. También rubrican el documento el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Lluis Sendra; el arquitecto inspector de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura hasta 2016, Santiago Varela; la arquitecta especialista en patrimonio industrial y gestora del blog Patrimonio Industrial Arquitectónico, miembro de ICOMOS, Diana Sánchez Mustieles; o descendientes del arquitecto Santiago Pérez Aracil, quien diseñó el inmueble, como su hija, la ceramista Sol Pérez.
Edificio del mercado anterior al actual, que es de 1961No obstante, también destaca que entre los firmantes no figuran algunos de los nombres habituales dentro de Salvem el Mercat en representación de Compromís. La formación, que está en el Gobierno, ha optado por hacerse a un lado en esta petición ya que es un tema más delicado, quizá ahora que ya tienen encauzada la rescisión del contrato, a la espera ahora de que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) se pronuncie. Además, el firmarlo podría interferir en el concurso de proyectos en el que a priori se está trabajando en Urbanismo para que se planteen diversas opciones sobre qué hacer en el entorno ahora que se ha restablecido la normalidad. Podría hacer que volvieran los roces con los socialistas por con este asunto, como ya ocurrió en la pasada legislatura, al tomar parte por una opción de las que se supone que se tienen que poner ahora sobre la mesa.
Asimismo, en cuanto a la protección, los firmantes han trasladado su solicitud también a la Conselleria de Cultura además de al Ayuntamiento. A este último le piden la protección "atendiendo a lo manifestado por la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, en respuesta a una primera petición realizada en 2015 por el Colectivo de Defensa del Patrimonio Ilicitano". Piden a Cultura que actúe si no lo hace el Consistorio, "de acuerdo a lo establecido por la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano ante la existencia de varios informes técnicos de este departamento que avalan la importancia arquitectónica de este edificio de estilo racionalista".
Según la información remitida ahora y en otras ocasiones, la Conselleria dispone de al menos, cuatro informes técnicos que abogan por la protección del inmueble al considerar que la arquitectura del inmueble "obedece a parámetros de racionalidad arquitectónica, con un lenguaje evidente de sinceridad constructiva, en la pretensión de acomodar racionalidad con economía de medios expresivos. Planteamientos que son muy propios de la arquitectura española durante aquellos años, finales de la década de los años 1950. Con la pretensión de conectar con las corrientes avanzadas de la arquitectura europea y mundial".
Y señalaban los informes que "dejando a un lado la muralla y el edificio de las Casas Consistoriales, de indudable valor arquitectónico y patrimonial, (el) edificio del mercado, con diferencia, es el de mayor importancia arquitectónica de esta parte urbana. Debería estar incluido en el catálogo urbanístico, hecho que no sucede". Por eso piden la protección BRL y que se incluya en el catálogo de protegibles del Plan General. Ponen como ejemplo que otros mercados racionalistas de otros municipios están protegidos, como Puerta de la Carne (Sevilla), Maravillas (Madrid), Úbeda o San Agustín (La Coruña), además de otros inmuebles de Pérez Aracil, antiguo arquitecto municipal.
Por último, en cuanto a otros firmantes de la propuesta, figuran a título particular varios integrantes del Colectivo en Defensa del Patrimonio Ilicitano que han actuado en otros conflictos como los de Riegos El Progreso o El Arsenal, y también firman colectivos como Elche Singular, Margalló, l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV), el historiador, profesor y director de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández Miguel Ors, la también profesora de Derecho de la UMH Victoria Rodríguez, el exconcejal Joan Antoni Oltra u otro exconcejal más reciente como Fernando Durá de Ilicitanos por Elche.
En otro orden de acontecimientos, sobre la 'operación relámpago' para la cubrición de los restos de las excavaciones del entorno, el Partido Popular denuncia falsedad documental del Consistorio, que a su juicio, habría engañado a la Conselleria de Cultura para poder proceder con la cubrición, al tratar el expediente como 'resuelto' y no en resolución que es como está. Aunque el matiz del término es cierto y puede ser relevante, la realidad es que Cultura es en cierta forma colaboradora necesaria en esta actuación exprés, ya que instó oficiosamente al Ayuntamiento a que volviera a presentar de nuevo la solicitud para poder cubrir las catas. Supuestamente, porque se entendía que al estar la rescisión en marcha, ya era viable.
Sea como fuere, el 5 de febrero la Generalitat informó al Consistorio que no se permitía cubrir los hallazgos porque había estimado el recurso de alzada de Aparcisa para anular el permiso otorgado a finales de 2019. El 19 de febrero el bipartito declaró 'resuelto' el contrato de concesión de obra publica suscrito con Aparcisa, y aquí podría estar el quid; el matiz importante, porque obviamente aún no está resuelto dado que quedan varios pasos antes de aprobar finalmente la rescisión en Junta de Gobierno. En todo caso, el 5 de febrero la situación era la misma que el 19 de ese mismo mes, y el bipartito entiende que al estar aprobado y avanzada la resolución, es suficiente. El 3 de marzo, con una sorprendente celeridad, los Servicios Técnicos del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante, que no son ajenos al caso, dieron luz verde a la cubrición.
